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* Denuncian al alcalde Enrique Vargas de invadir y construir una escuela en predios de las etnias que representa Juan Villegas Mejía; abuso e ilegalidad son las causas

Juan Villegas Mejía (centro), representante indígena del municipio de Huixquilucan y uno de los principales opositores a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, fue detenido el 25 de junio y estuvo en prisión preventiva en los juzgados de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla. Foto D. Esquivel.

David Esquivel | domingo 2 de julio de 2017

Tlalnepantla, Méx., 2 de julio.- El Juez de control Víctor Hugo Dávila Ortiz determinó no vincular a proceso a Juan Villegas Mejía, representante indígena del municipio de Huixquilucan y uno de los principales opositores a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, que a su pasó arrasa bosques, depreda mantos acuíferos y destruye viviendas ilegalmente con la complicidad del gobierno estatal y del municipal de Huixquilucan.

Con lágrimas en los ojos y alegría el imputado escuchó la sentencia del Juez, que, hay que decirlo, no se prestó a los cochupos abusivos del alcalde de Huixquilucan Enrique Vargas del Villar y del gobierno estatal, el cual utiliza como testaferro al edil panista.

El juzgador ordenó la libertad inmediata de Villegas Mejía la tarde de este sábado, al considerar improcedentes las imputaciones de extorsión hechas por el ayuntamiento de Huixquilucan, encabezado por el alcalde panista Enrique Vargas del Villar.

Para emitir su fallo, el Juez argumentó, entre otros considerandos, que en los acusadores “había un ánimo de perjudicar la libertad de Juan Villegas Mejía, derivado de las controversias legales que el representante de pueblos indígenas ha tenido con la alcaldía de Huixquilucan”, como el litigio que promueve contra la apertura de dicha autopista, según informó el defensor del acusado Antonio Lara Duque.

El edil Vargas del Villar le imputó el delito de extorsión por un millón de pesos y de pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación, a través del empleado de la secretaria del ayuntamiento de Huixquilucan, Daniel Díaz, quien aseguró que Juan Villegas le pidió, vía telefónica, un millón de pesos a cambio desistir de sus denuncias en contra del alcalde Enrique Vargas, del gobierno municipal, y dejar de oponerse a la construcción de la vialidad que, para no variar, la abre el Grupo Higa.

Según el expediente de la causa penal el representante legal de la alcaldía de Huixquilucan, Roberto Yáñez Salas, fue quien promovió la demanda penal en contra de Juan Villegas, comentó Lara Duque también coordinador de la Comisión de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHCL).

Villegas en el año 2016, por usos y costumbre, fue electo representante de pueblos indígenas de Huixquilucan y desde entonces se ha dado a la tarea de defender tierras propiedad de los indígenas de Santa Cruz y San Francisco Ayotuxco, y, además, denunció que el alcalde Vargas invadió y construyó una escuela en predios de las etnias que representa, lo malo no es la construcción de la escuela, sino el abuso y la ilegalidad con que el edil panista se hizo de los terrenos, señaló Lara Duque.

Incluso Juan Villegas mantiene una denuncia penal en contra de Enrique Vargas ante la Procuraduría General de la República, por amenazas y actos de intimidación para que desista de sus litigios; y que obligaron que la familia de Villegas tuviera que abandonar su vivienda.

Lara Duque dijo, que don Juan también interpuso un amparo federal para suspender el proyecto de la autopista Naucalpan-Toluca, por afectar a comunidades indígenas.

La defensa centró sus alegatos en demostrar que la alcaldía de Huixquilucan tenía claros indicios de afectar la libertad de Juan Villegas, debido a litigios que el representante de las comunidades nativas tiene en contra del gobierno de ese lugar y Vargas del Villar.

La sentencia del juez de control provocó el enojo de la fiscalía que antes de retirarse aseguró que impugnaría el dictamen emitido la tarde del sábado.

Antonio Lara comentó que “es prudente hacer el llamado a las autoridades de Huixquilucan y del gobierno del estado de México, para que opten por los medios de dialogo y de acercamiento a las comunidades indígenas. Hoy las comunidades indígenas dieron un revés importante a las autoridades y es momento de convocar a uso instrumentos no violentos en la solución de conflictos”.



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