* Corrupción sigue pese
a “la renovación moral de la sociedad”
* Mil 600 millones costó
el año pasado a los inversionistas
* Además de la corrupción, continúa la
desaparición de personas
Domingo
9 de julio de 2017
Querer que en México se combata la corrupción con fiscales a modo y
al servicio del gobierno, es una manera de simular que se quiere combatir este
flagelo, para en verdad seguir permitiendo que el saqueo de los recursos
públicos continúe.
Desde la colonia hasta nuestros días, las prácticas corruptas que
dejaron los colonizadores continúan siendo una constante en la vida de las
instituciones, sin que hasta ahora, la oposición cuando llega al gobierno,
busque combatirla, porque desde fuera la señalan y critican, pero desde
adentro, la permitir y la promueven, mimetizan esas acciones y niegan que
sucedan.
Por ello es que el actual gobierno aceptó la creación del
Sistema Nacional Anticorrupción que entrará en operaciones el siguiente sexenio
y cuyas bases, muy endebles, apenas se están perfilando, al grado que estamos a
unos días de que se venza el plazo para la elección del primer fiscal
anticorrupción y no existen acuerdo para lograrlo. ¿Se quiere o no se quiere
combatir la corrupción?
El de Atlacomulco quiere que, como en el Estado de México, sea alguien
afín al gobierno, sujeto a la voluntad del gobernante y que no se atreva a
sugerir siquiera, como pasó con la Casa Blanca, que hay indicios de corrupción
en la administración federal, no obstante que el INEGI en su reporte 2016, da
cuenta que solo en actos de corrupción, los inversionistas de todos los
niveles, pagaron mil 600 millones de pesos en sobornos para poder abrir un
negocio, evitar una multa o tener algún servicio.
En El Senado, donde debe nombrarse este primer fiscal
anticorrupción, el dictamen no avanza y los candidatos al puesto están muy
lejos de cumplir con el perfil que garantice autonomía e independencia del
gobierno federal, además de querer imponer como Fiscal General de la República
al senador con licencia que está en la PGR o bien al ex Coordinador Jurídico de
la presidencia.
Ambos, empleados del
presidente, con lo
que tampoco se garantizaría la procuración de justicia con independencia y
autonomía, de manera que el manejo político que actualmente se le da a la PGR
seguiría prevaleciendo a la hora de procurar la justicia y no mencionemos ya,
como administra el Poder Judicial la justicia en el país.
Mientras la oposición
demanda que se
garantice jurídicamente la autonomía de ambos fiscales, la bancada oficial y su
franquicia verde en El Senado, pretenden imponer a sus incondicionales en esta
semana, pese a que el yucateco afirmó que ellos no quieren fiscales a modo,
sino que se elijan los de mayor consenso.
El primer gobierno
neoliberal encabezado
por Miguel de la Madrid emprendió la “renovación moral de la sociedad”, pero lo
cierto es que, pese a su lema, la corrupción siguió permeando en el gobierno
federal hasta llegar niveles tales como el alcanzado en este sexenio.
Por ello es que los gobernadores ahora perseguidos
por desviaciones millonarias en sus estados gozaron de la protección federal
para sus acciones, porque para nadie es un secreto que las partidas
presupuestales se entregan muchas veces, ni siquiera en los tiempos
establecidos, sino con mucho cabildeo para que lleguen, pero unos no tuvieron
que hacerlo, todo indica.
Por ello, el de Atlacomulco pretende convencernos de que “la corrupción
somos todos” como algo de índole cultural y no sistémico de quienes toman las
decisiones en el país.
CORRUPCIÓN ENCARECE
Por ello, la bancada del PAN promoverá la desregularización de trámites
obsoletos, eliminar el exceso de reglamentaciones y prohibiciones, que sólo
fomentan corrupción y provocan gastos innecesarios a los ciudadanos, informó
Marko Cortés Mendoza.
El coordinador michoacano recordó que, según el reporte de Competitividad
Global, México se encuentra entre los países más corruptos del mundo, en el
lugar 125 de 140, con más corrupción que en Haití, “en buena medida propiciada
por el exceso de trámites burocráticos”.
“Una de las causas del aumento de corrupción es el incremento de
trámites, reglamentos y leyes que, además de elevar los costos de transacción,
que implican tiempo y dinero, son caldo de cultivo para la corrupción y la
incertidumbre jurídica”, añadió.
Expuso que comerciantes, industriales, profesionales y ciudadanos que inician una
actividad económica se encuentran con miles de trámites que generan
incertidumbre jurídica.
Según datos de las autoridades de las Zonas Económicas Especiales, los
trámites en los tres niveles de gobierno a que se enfrentan las empresas en
México ascienden a miles, apuntó.
“Esa fabulosa cantidad de trámites reduce incentivos y competitividad para
aumentar inversión productiva nacional y extranjera, principales fuentes de
empleo y crecimiento económico”, añadió.
Dijo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó su
primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en
Empresas (ENCRIGE) con datos correspondientes a 2016, en la que concluyó que
existen en el país 4.5 millones de unidades económicas del sector privado, de
las cuales 95.6 % son micro empresas (10 empleados o menos).
Cortés Mendoza comentó que, del total de las unidades, el 20.2 % consideró
que el marco regulatorio fue un obstáculo para alcanzar los objetivos de
negocio.
En promedio, las cargas administrativas tuvieron un costo monetario de casi
49 mil pesos (alrededor de 22 mil para las micro y más de dos millones para las
grandes empresas).
El año pasado, se estima, se realizaron 76.5 millones de trámites
ante las autoridades de los tres niveles de gobierno: un promedio de 19.5
trámites por unidad económica.
DESAPARICIÓN DE PERSONAS
Los
gobernadores y titulares de las fiscalías generales de las entidades
federativas deberán informar al Congreso de la Unión sobre las acciones
implementadas para erradicar el fenómeno de desaparición de personas, así como
los avances obtenidos al respecto, demandó la senadora Pilar Ortega Martínez.
A pesar
de que
nuestro país ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales
relativos a la atención y erradicación del fenómeno de desaparición de
personas, las autoridades se han visto rebasadas y no han dado la debida
atención que esta problemática requiere, lamentó la legisladora por Guanajuato.
Pidió en
la Permanente a los titulares de las fiscalías generales que apliquen el protocolo
homologado para la búsqueda de dichas personas y realicen la investigación
correspondiente de manera inmediata, integral y eficaz.
La presidenta
de la
Comisión de Justicia del Senado indicó que la desaparición de personas es uno
de los efectos más graves y evidentes que la ausencia de condiciones de
seguridad ha ocasionado en nuestra sociedad.
“De
acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas,
las entidades federativas con mayor número de personas desaparecidas o no
localizadas son Tamaulipas, con 5 mil 657; el Estado de México, con 3 mil 754,
y, en un tercer lugar, Jalisco con 2 mil 744”, dijo.
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