* La diputada María Mercedes Colín Guadarrama dijo que Procuraduría y Comisión deberán laborar estrechamente para adoptar modelos de atención y ordenamientos jurídicos que contribuyan a resolver la problemática
* La legisladora Juana Bonilla Jaime consideró que se deberían incluir diputados; se pronunció por crear una área de estudios de género en el Poder Legislativo, así como mejorar la legislación sobre atención a víctimas
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| Las legisladoras solicitaron ampliar la información sobre la alerta de género, operación de los albergues para mujeres, protocolos de atención a víctimas, la suficiencia del presupuesto dedicado a estas políticas y las acciones para atacar la problemática desde una perspectiva cultural. Foto: DGCS |
Redacción | miércoles 21 de octubre de 2015
Toluca, Méx. Diputadas locales de la LIX Legislatura acordaron con funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) crear un área de estudios de género en el Poder Legislativo y que la Procuraduría provea un directorio para canalizar este tipo de casos a las instancias especializadas, por regiones y distritos.
Las legisladoras de todos los partidos políticos también acordaron impulsar el presupuesto que se requiere para atender temas relacionados con la violencia de género y se comprometieron a mejorar la Ley de Víctimas de la entidad.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la LIX Legislatura estatal, la diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), dijo que Procuraduría y Comisión deberán “trabajar muy de la mano” para adoptar modelos de atención y ordenamientos jurídicos que contribuyan a resolver la problemática.
Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género (de la PGJEM), y Marcela Mora Córdoba, comisionada de Atención a las Víctimas del Delito, expusieron los principales programas, políticas y acciones que desarrollan.
Las legisladoras solicitaron ampliar la información sobre la alerta de género, la operación de los albergues para mujeres, los protocolos de atención a víctimas, la suficiencia del presupuesto dedicado a estas políticas y las acciones para atacar la problemática desde una perspectiva cultural, entre otros temas.
Samantha García destacó que la subprocuraduría y las dos fiscalías cuentan con 365 servidores, de los cuales casi 60% son mujeres. Comprende tres centros de justicia regionales y 14 agencias especializadas. Se han iniciado 102 mil 817 carpetas de investigación y concluido más de 66 mil, y en trata de personas se han abierto 106 carpetas. Adicionalmente, se han rescatado y localizado a 133 víctimas, y se han radicado 46 casos de feminicidios, de los cuales 12 han sido judicializados.
Marcela Mora destacó que la atención a víctimas se opera mediante el Modelo de Atención Integral y la Carta de Derechos de las Víctimas, primeros en el país, y a las víctimas se les ofrece atención psicológica de manera directa, asesoría jurídica, trabajo social y apoyos económicos. Ambas solicitaron a las legisladoras su respaldo para conseguir un aumento presupuestal que se destinaría a incrementar el personal de esta dependencia, así como apoyar su trabajo y resultados.
En su momento, María del Sol Berenice Salgado, fiscal Especial para la Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desaparecidas, Ausentes o Extraviadas, dijo que la edad promedio de mujeres reportadas como desaparecidas es de 12 a 25 años, sin embargo, durante el último año, menores de diferentes edades han salido de sus casas por hechos de violencia intrafamiliar.
La legisladora Juana Bonilla Jaime (PRD), consideró que la comisión también debería incluir legisladores, se pronunció por asumir el compromiso de trabajar en el presupuesto y etiquetarlo para atender temas de género, así como mejorar la legislación sobre atención a víctimas, crear una área de estudios de género en el Poder Legislativo, además de preguntar cuáles fueron las organizaciones que solicitaron la alerta de género y las edades de mujeres desaparecidas.
La prosecretaria de la comisión, Areli Hernández Martínez (PAN), resaltó la relevancia del trato a las víctimas, por lo que consultó las acciones para garantizar su reinserción y cuántas mujeres laboran en estas tareas, en tanto su compañera de bancada, María Fernanda Rivera Sánchez, se pronunció por seguir etiquetando recursos para atender este tema y analizar otros aspectos presupuestales, pidió saber si los albergues para víctimas de trata tienen lo suficiente, además de advertir la necesidad de capacitar a las nuevas autoridades municipales en esta materia.
La diputada Tanya Rellstab Carreto (PRI) resaltó la sensibilidad para concretar políticas reales para erradicar estos males y afirmó que harán lo que corresponda en el ámbito legislativo, además de que se requiere abordar este tema desde un enfoque cultural.
Durante la reunión también estuvieron presentes las diputadas Laura Barrera Fortoul, Brenda Alvarado Sánchez, Leticia Calderón Ramírez, Marisol Díaz Pérez, Carolina Berenice Guevara Maupome y Leticia Mejía García, del PRI; Araceli Casasola Salazar (PRD), Beatriz Medina Rangel (Morena), así como Guillermina Cabrera Figueroa, fiscal para la Atención de Delitos Relacionados con la Trata de Personas, y Héctor Miguel Cruz Guadarrama, representante de la fiscal especial en Feminicidios, Irma Millán Velázquez.
Fuente: Lector24
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