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* Su secretario Electoral nacional, Octavio Martínez Vargas, sostiene que con ello no se garantizará la equidad en la contienda electoral del 2018

Lo que hizo el Trife es un atropello mayúsculo al Artículo 134 de la Constitución que establece la obligación de servidores públicos a hacer uso imparcial del erario, señaló el secretario electoral del PRD, Octavio Martínez Vargas. Foto: Mary Santiago.

Mary Santiago | jueves 31 de agosto de 2017

Ciudad de México, 31 de agosto.- El Trife rechazó los lineamientos conocidos como “reglas de cancha pareja” emitidos por el INE, que prohibía a los funcionarios la promoción personalizada y la contratación de propaganda provenientes del erario público.

Ante ello, el secretario electoral del CEN del PRD, Octavio Martínez Vargas, consideró desatinada esta resolución que impedirá garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral que se avecina.

“Con sorpresa y asombro observamos la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al rechazar los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, permitiendo con ello a los funcionarios públicos promocionarse a costa del recurso público”, destacó el responsable electoral del Partido de la Revolución Democrática.

“Esto significa un atropello de una dimensión mayúscula al Artículo 134 de la Constitución que establece la obligación de los servidores públicos a hacer uso imparcial del erario”, indicó el integrante del Comité Ejecutivo Nacional.

Recalcó que con esta resolución el Trife permite que los secretarios de Estado, los gobernadores, presidentes municipales, legisladores y representantes populares en general, sin el más mínimo control puedan hacer uso del recurso público para promocionarse en todo momento.

Sobre todo durante los procesos electorales, señaló, con campañas publicitarias para dar a conocer su imagen y los logros de su administración, quebrantando lo que se llama “cancha pareja”, reiteró.

Muy desafortunado a lo que nos estamos enfrentando, declaró, evidentemente estamos entrando a la turbulencia de un proceso electoral que se avecina en el 2018.

“Donde simplemente no existe el más mínimo respeto a la legalidad y a limitar los excesos de cualquier servidor público que pueda incidir en la voluntad ciudadana para favorecer a un partido político”, concluyó Octavio Martínez.



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