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* El titular de la PGJEM justificó las deficiencias de las indagatorias de su dependencia sobre el caso Tlatlaya a la complejidad de los hechos

En su comparecencia ante el pleno del Senado, como aspirante a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandro Gómez Sánchez intentó justificar su actuación en el caso que dejó un saldo de 22 muertos. Foto: Tomada de Reforma

Redacción | martes 24 de noviembre de 2015

México, D. F. El procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, aseguró que fue el Ejército el que presumiblemente alteró la escena de los hechos registrados en Tlatlaya y no la Procuraduría a su cargo, el 30 de junio del 2014 en donde se ejecutó extrajudicialmente a 22 personas.

Sostuvo que de acuerdo con la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “presumiblemente fue el Ejército” los que manipularon la escena de los hechos y no la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

Sostuvo las posibles omisiones, deficiencias o insuficiencias del personal de esa procuraduría sobre los hechos de Tlatlaya derivaron de la complejidad del caso, la circunstancias del lugar y el riesgo de un nuevo enfrentamiento”.

Se declaró idóneo para el cargo (de ministro) ya que, sostuvo, en su actuación en esa dependencia y como abogado del Estado, ha actuado “como valladar frente a actos que pretenden vulnerar los derechos de las personas”.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, como aspirante a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el funcionario mexiquense justificó su actuación en el caso que dejó un saldo de 22 muertos.

"De conformidad con la recomendación de la CNDH, presumiblemente, elementos del Ejército habrían alterado la escena de los hechos, no así personal de la Procuraduría mexiquense, lo cual es materia de la investigación penal de las autoridades federales", y señaló: "Se procesó el lugar en los términos en los que fue hallado".

Gómez Sánchez consideró que las posibles omisiones, deficiencias o insuficiencias del personal de la Procuraduría local sobre el procesamiento de los hechos "derivaron de la complejidad del caso, las circunstancias de lugar y el riesgo de un nuevo enfrentamiento".

Informó que, sobre las imputaciones de tortura y malos tratos, el Ministerio Público ejerció acción penal contra los probables responsables, quienes se encuentran vinculados al proceso penal.

El Procurador sostuvo que la recomendación de la CNDH se encuentra en proceso de cumplimiento. Además, explicó que la intervención de la Procuraduría estatal tuvo como objetivo ayudar a las autoridades federales a profundizar en las investigaciones.

Detalló que se tomaron entrevistas de los elementos militares, quienes informaron del enfrentamiento con un grupo armado. Además, aseveró que también realizaron entrevistas a las mujeres que se encontraban en el lugar, tras afirmar que el Ministerio Público mexiquense les dio la condición de víctimas y tomó medidas para su protección.

Gómez Sánchez relató que tras practicarse las diligencias periciales inmediatas, tres días después entregó una carpeta de investigación a la Procuraduría General de la República, por tratarse de hechos de competencia federal.

Fuente: La Jornada, Reforma

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