* El dictamen representa la eliminación de los privilegios
de la clase política y la austeridad en el uso de los recursos públicos
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| La 60 Legislatura del Estado de México determinó este martes por unanimidad de votos retirar a los exgobernadores mexiquenses el servicio de ayudantes que tenían con cargo al erario. |
Red-Accion | Toluca,
Méx., miércoles 6 de marzo de 2019
La 60 Legislatura del Estado de México, a propuesta del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), determinó ayer por unanimidad de votos retirar a los exgobernadores
mexiquenses el servicio, que tenían con cargo al erario, de un jefe de
ayudantes con rango de subdirector, un chofer, tres oficiales de seguridad
pública y una secretaria particular.
La diputada Azucena Cisneros Coss, quien presentó la
propuesta en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, dijo que el dictamen
“representa el primer logro de esta Legislatura en dos de los más sentidos y
urgentes reclamos ciudadanos: la eliminación de los privilegios de la clase
política y la austeridad en el uso de los recursos públicos”.
Afirmó que ambos decretos abrogados para tal efecto, el 87
de la 36 Legislatura y el decreto del Ejecutivo publicado en la Gaceta del
Gobierno número 86, “les regalaron a los exgobernadores un beneficio que ellos
nunca le pudieron garantizar a sus ciudadanos: la seguridad las 24 horas del
día, los 365 días del año y en todo el territorio mexiquense”.
La existencia de estos “premios” para exfuncionarios
públicos, indicó, “son el símbolo más evidente de los abusos y excesos que se
hicieron costumbre en un régimen que fue rechazado y derrotado en las urnas”.
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| La diputada Azucena Cisneros Coss presentó la propuesta en nombre del Grupo Parlamentario de Morena. |
Reconoció que, pese a los obstáculos y a las reservas, la
iniciativa presentada en diciembre pasado fue apoyada por unanimidad en las
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Finanzas
Públicas, y agradeció a sus integrantes por el pronto análisis y respaldo.
Al votar a favor de este dictamen, resaltó, “estaremos
demostrando con hechos y acciones tangibles nuestro compromiso a favor de tener
un gobierno que garantice que utiliza con eficacia y austeridad los recursos
que son de todos y para todos”.
Convocó a sus compañeros legisladores a seguir revisando el
marco legal “para que el Estado de México deje de ser uno los estados con
mayores problemas de corrupción y de desvío de recursos”.
Para avanzar en ese sentido, indicó, hace falta analizar y
proponer una nueva ley de austeridad y gasto público, otra para regular los
salarios máximos y una más para fiscalizar mejor el gasto público y acotar la
corrupción en todo lo relacionado a las compras y obras públicas.
El alcance y dimensión de los pendientes, enfatizó, “nos
obliga a apretar el paso para combatir la corrupción y la impunidad con leyes y
reformas profundas que sean consecuentes con las acciones y las políticas del
gobierno de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador”.
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| El diputado Max Correa Hernández, de Morena, durante su intervención. Fotos Cámara de Diputados. |
Dijo que al hacerlo se estarán poniendo los cimientos de una
verdadera refundación de las instituciones y gobiernos, “dando pasos firmes
hacia la justicia social que tanto nos reclaman los mexiquenses. La ciudadanía
espera mucho de nosotros y demanda soluciones reales de fondo, no podemos, ni
debemos fallarles”.
Al dar lectura al dictamen, el diputado Max Correa Hernández,
de Morena, precisó que el decreto 87 de la 36 Legislatura publicado el 18 de
julio de 1945, establecía que los premios y recompensas por servicios eminentes
o importantes prestados al Estado que mereciera el gobernador se le otorgarían
después de haber terminado su gestión al frente del poder ejecutivo.
Mientras que el decreto del ejecutivo, publicado en la
Gaceta del Gobierno número 86, el 7 de mayo de 1993, consideró que en
reconocimiento a su desempeño en el cargo de gobernador debían normarse los
apoyos mínimos para la preservación de su integridad y seguridad y para el
desarrollo de sus actividades personales, razón por la cual establecía la
adscripción de personal.
Esto es, un jefe de ayudantes con categoría de subdirector
rango nueve, con nivel de jefe de ayudantes de secretario General de Gobierno;
un chofer ayudante con rango cinco, con categoría de chofer de secretario
General de Gobierno; tres ayudantes con categoría de oficial de seguridad
pública, nivel catorce, rango cuatro, y una secretaria, con categoría de
secretario particular de secretario, nivel 27, rango 9 del gobierno estatal.
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