Lo sucedido en la galera municipal de Omitlán de Juárez donde Francisco de 56 años horas después de ser detenido por una discusión familiar apareció “ahorcado” con una cobija debe poner en alerta a la secretaría de Gobierno, a la Comisión de Derechos Humanos y al Congreso local, ante..."
OPINIÓN
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Alberto Witvrun
Diariovialibre.com.mx, (2 noviembre, 2026).- Lo sucedido en la
galera municipal de Omitlán de Juárez donde Francisco de 56 años horas después
de ser detenido por una discusión familiar apareció “ahorcado” con una cobija
debe poner en alerta a la secretaría de Gobierno, a la Comisión de Derechos
Humanos y al Congreso local, ante la indolencia de los gobiernos municipales para
establecer protocolos en el manejo de personas detenidas preventivamente no por
faltas administrativas.
La serie de dudas
y sospechas de los acontecimientos del 25 de octubre no pueden tener respuestas
como la de la presidenta municipal morenista Martha Belem Oliver González que
no mostró empatía y aventó la bolita a la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH) olvidándose de su responsabilidad como primer
respondiente de toda persona detenida por la policía municipal.
No sólo la falta
de protocolo para el manejo de estos casos, la aparente falta de cámaras de
seguridad, porque no se han aportado los vídeos para saber que sucedió y que
obligan a los peritos a una rigurosa investigación para deslindar
responsabilidades y castigar conforme a la ley a quien resulte culpable en caso
de que los haya, también llevan una sanción al gobierno municipal.
Porque resulta de
acuerdo con lo que se sabe que sólo dos gobiernos municipales de los 84 de
Hidalgo, cuentan con protocolos en la materia, restos son Pachuca y Tepetitlán llamando
la atención que, en demarcaciones como Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, Huejutla
de Reyes, Actopan, Apan y otros que tienen la mayor población no se cuenten con
medidas para evitar abusos o dudas y sospechas como ahora en Omitlán de Juárez.
Porque es
contraproducente que haya más preocupación por permitir o prohibir las corridas
de toros que hasta una consulta se realizará el 2 de junio del 2027, que por establecer
medidas y protocolos que cuiden, garanticen y protejan la vida humana por parte
de las autoridades. ©
ra

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