* PGR debe actuar con rapidez, eficacia y sin dilaciones por
el enriquecimiento ilícito de Arturo Bermúdez Zurita por 2.4 millones de
dólares
* Ineludibles, la revocación de mandato y la segunda vuelta, afirma Octavio Martínez Vargas, secretario Electoral nacional del PRD
Secretario Electoral del PRD, Octavio Martínez Vargas; arriba, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita. Foto original Archivo/Red-Acción
Redacción | domingo 7 de agosto de 2016
Ciudad de México, 7 de agosto. La Procuraduría General de la
República (PGR) debe de actuar con rapidez, eficacia y sin dilaciones en el
caso del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo
Bermúdez Zurita.
El Estado mexicano y
la sociedad deben de apremiar la discusión sobre la segunda vuelta y la revocación
del mandato de los servidores públicos, particularmente de los ejecutivos
locales y el federal, afirmó el secretario Electoral del CEN del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) Octavio Martínez Vargas.
Consideró que en este país es inaplazable la entrada en
vigor de la segunda vuelta, el referéndum, el plebiscito y la revocación de
mandato, al sostener que si esto estuviera vigente, sin duda alguna el gobernador
de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa no habría concluido su administración, lo
hubieran destituido del cargo y no habría llegado a los niveles de excesos que
se están observando en esa entidad.
Martínez Vargas indicó que la PGR, el sistema de seguridad
de este país, fue vulnerado con la información del patrimonio tan basto que se
le descubrió al secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez
Zurita, quien una vez que se difundió este tema en los medios de comunicación
se retiró del cargo para ser investigado.
Aseguró que es inaudito que se pueda construir en tan poco
tiempo un patrimonio de 2.4 millones de dólares, que se estima es el costo de
las cinco residencias que adquirió Bermúdez Zurita en Texas, Estados Unidos.
“Un funcionario que gana 70 mil pesos mensuales, tendrá que
explicar el origen del dinero, si estableció vínculos con el crimen organizado
o si es un prestanombres del gobernador Javier Duarte”, señaló.
Veracruz: inseguridad, rezago social y excesos de gobernantes
El perredista reconoció que el pueblo de Veracruz ha sido
sumamente violentado por toda la inseguridad, el rezago social y los excesos de
los gobernantes, pero lo que parece ser la punta del iceberg es que se habla de
un problema de grandes dimensiones de corrupción, de complicidades y
presumiblemente de nexos con el crimen organizado.
De tal forma, advirtió, que se tiene que investigar: la procuradora
General de la República, Arely Gómez, tiene que actuar y hasta en tanto no se
determine el origen del recurso, debe de ser firme e iniciar la congelación de
cuentas bancarias, el arraigo domiciliario y el embargo precautorio de estos
bienes.
En caso de ser inexplicable su adquisición y de comprobarse
el uso indebido de recursos públicos, subrayó, el gobierno tiene que proceder y
garantizar, como lo establece la Ley, que Bermúdez Zurita responda hasta con su
patrimonio si se comprueba el desvío de recursos públicos o cuando haya
peculado en la administración, como parece ser este caso; esta podría ser una
línea de investigación, aclaró.
Acentuó que el PRD teme que en el caso de Durango, Quintana
Roo, Tamaulipas, Chihuahua y en muchos otros estados donde habrá alternancia,
todo parece indicar que sucederán temas similares, donde la Auditoria Superior
de la Federación y los propios órganos de fiscalización local tendrán la tarea
de investigar si existe la posibilidad de algún quebranto al erario público.
Enfatizó que en el marco de la entrada en vigor de la Ley
Anticorrupción sería un buen ejercicio que la Procuraduría y el estado mexicano
actúen contra estos ex servidores públicos y contra los gobernadores en
referencia, de constituirse actos que contravengan el derecho.
Finalmente expresó que lo que está sucediendo en el estado
de Veracruz va en detrimento de los avances democráticos de este país, no
corresponde a los objetivos que se plantean los partidos políticos y
particularmente el PRI cuando va y pide el voto, porque no rinde cuentas a la
ciudadanía.
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