* En foro sobre las fuerzas armadas demandan solicitar a la Sedena la revisión de las órdenes dadas a sus soldados para "abatir delincuentes en la oscuridad"
* "La solución es establecer cuanto antes un plan de salida del Ejército, un plan del Ejército de regreso a sus cuarteles", señaló la CMDyPDH
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| Durante el foro “Fuerzas armadas, seguridad pública y derechos humanos”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, participaron Organismos No Gubernamentales. Foto: Senado |
Redacción | martes 7 de julio de 2015
México, D. F.- Organizaciones no gubernamentales pidieron al Senado que exija a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar la cadena de mando de los militares involucrados en el caso Tlatlaya.
Se solicitaría que se plantee una estrategia de retiro de tropas, crear una instancia independiente de investigaciones y pedir a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue la cadena de mando, para que haya un información transparente de lo que realizó la Procuraduría de Justicia del Estado de México.
Durante un foro sobre las fuerzas armadas, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, los activistas demandaron a los legisladores solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la revisión de las órdenes que ha dado a sus soldados, para "abatir delincuentes en la oscuridad".
"Que el Senado le pida a la PGR investigar la cadena de mando, vinculada con quienes emitieron este informe", aseguró Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Los integrantes de las organizaciones civiles pidieron al Senado presionar al Ejecutivo para que emita un plan calendarizado, con la finalidad de regresar al Ejército a sus cuarteles.
"La solución es establecer cuanto antes un plan de salida del Ejército, un plan del Ejército de regreso a sus cuarteles", señaló José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
"El propio Secretario de la Defensa dijo que la vocación del Ejército no es estar en las calles, construyamos un plan de salida, serio, programático, porque el regreso de los militares a los cuarteles es algo que se anunció desde que empezó el sexenio", agregó Patrón.
Por otro lado, los defensores de derechos humanos advirtieron a los senadores sobre el riesgo de que el Congreso acepte legislar sobre la actuación de las fuerzas armadas, con la única intención de legalizar conductas que atentan contra los derechos humanos.
"Eso sería muy peligroso, no es el rol que les corresponde (a los militares), no es la seguridad pública del día a día. No debemos legalizar algo que no tiene un marco adecuado ni mecanismos de rendición de cuentas", alertó Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional (AI).
"No se trata de dar un marco normativo para legalizar lo que ha puesto en riesgo a los derechos humanos", coincidió Patrón. El representante de AI aseguró que la presencia de los elementos castrenses no ha servido para disminuir los índices de delincuencia, inseguridad o impunidad.
Quiroz lamentó que la PGR no haya avanzado en investigaciones relacionadas con el caso Tlatlaya o con el asesinato de estudiantes del Tecnológico de Monterrey, cometido por militares hace ya cinco años.
Guevara Bermúdez aseveró que ante la impunidad, provocada por las propias instituciones, México requiere de colaboración internacional para poder juzgar a los elementos de las fuerzas armadas que han participado en violaciones a derechos humanos y delitos contra civiles.
"Que se busquen alternativas de cooperación internacional, por ejemplo, la Corte Penal Internacional o una comisión para combatir la impunidad, como lo que ha hecho Guatemala", agregó.
Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), urgió al Congreso y al Ejecutivo a tomar medidas para profesionalizar de una vez por todas a las policías, para que puedan cumplir con sus funciones, hoy en manos de los militares.
El foro fue convocado y moderado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez. En su intervención recalcó que en el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, presentado por el Centro Pro Juárez, se advierte la instrucción a los elementos de tropa para que actúen de manera masiva en la oscuridad, a fin de abatir delincuentes.
Sin embargo, dijo, el término “abatir” no significa matar o ejecutar, pero al realizar un análisis en términos militares y castrenses, el significante de esta palabra es para referirse a personas muertas, por lo que se cree que la orden es un incentivo para cometer graves violaciones a derechos humanos.
No fincamos ninguna responsabilidad, pero se tiene que investigar la responsabilidad institucional por el riesgo que puede significar este tipo de disposiciones, que podrían estar emitidas de manera sistemática, acotó.
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