* Ser joven y no ser revolucionario; son el 43% de los desempleados
* Bancos omiten referencia de beneficiarios de tarjetahabientes
* Reforma Política del DF pendiente de la próxima legislatura
Domingo 28 de junio de 2015
Los jóvenes son sí el núcleo principal de los cambios, ya lo decía el presidente Allende en Chile, que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, y lo que vive este sector en México, podría llevarlos a ser los que revolucionen en breve, lo que la clase política adulta se niega a realizar.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere que en México 7.14 millones de jóvenes no realizan ninguna actividad, y alrededor de 4.6 millones, el llamado “núcleo duro”, representan el mayor desafío, ya que están en riesgo de padecer exclusión social, ya que no estudian, no trabajan, no buscan empleo ni se dedican a quehaceres del hogar.
La tasa de desempleo juvenil representa el doble de la tasa general y el triple de la de adultos; contrario a ser la mayor fuerza económica, los jóvenes representan el 43 por ciento del total de los desempleados del país.
Ante este escenario, la diputada Joaquina Navarrete Contreras presentó en la Comisión Permanente un exhorto para que los titulares de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, y del instituto Mexicano de la Juventud, fortalezcan políticas públicas específicas, estratégicas y eficientes, para resolver de raíz ese problema social y garantizar los derechos de los jóvenes al estudio, a la capacitación y al trabajo digno.
Asimismo, solicitó a las secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Economía convocar a un Acuerdo Nacional por el Empleo y Autoempleo Dignos para los Jóvenes.
“Es necesario impulsar a las nuevas generaciones a través de ideas innovadoras y permanentes. Hoy seis de cada 10 empleos, además, se consiguen en la informalidad, lo cual es sinónimo de bajos salarios, inestabilidad laboral y carencia de protección y derechos”, apuntó.
En el documento, turnado a la Tercera Comisión, Navarrete Contreras explicó que la falta de experiencia es un factor principal en la exclusión laboral de los jóvenes.
“Ese hecho los conduce al desempleo, al trabajo informal o a aceptar labores absolutamente injustas”, subrayó.
“Los jóvenes adquieren rápidamente nuevas habilidades y conocimientos. La experiencia, es la práctica del día a día, más hay actitudes y aptitudes que no son fáciles de conseguir y que ellos ofrecen; sin embargo, las empresas en ocasiones no las valoran”, explicó.
Consideró que ante la necesidad ser productivos, esta población se abre a una cadena de contratos eventuales, lo cual afecta su derecho a un proyecto de vida, que incluye la supresión de derechos laborales y de seguridad social.
Indicó que la propia Constitución Política o la Ley Federal del Trabajo establecen que, tanto el Estado como las empresas, deben fomentar y generar oportunidades para incluir a los jóvenes al mercado laboral; no obstante, afirmó, no se realiza dicho apoyo.
La legisladora consideró que “hay que pasar de la preocupación a la acción”, pues el problema del desempleo tiene consecuencias sobre la estabilidad social e incluso afecta la gobernabilidad democrática.
“Todos los niveles de gobierno deben coordinar su labor y legislar de forma coherente para mejorar los programas de formación y capacitación de los jóvenes y facilitar su inclusión laboral”, precisó.
Otra revolución está en ciernes en México. ¿O no?
BANCOS MAÑOSOS
A pesar de que 74 por ciento de la población económicamente activa dispone, maneja su dinero y paga con una tarjeta de débito, la mayoría de las instituciones bancarias del país no actualiza los datos de sus clientes, lo que ocasiona que cuando fallecen, a sus familiares se les dificulte recuperar el dinero, denunciaron diputados tricolores.
Los legisladores María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz propusieron exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para que en el marco de sus facultades obligue a los bancos a mantener una actualización permanente de los datos de los beneficiarios de las cuentas bancarias, como una medida de protección al ahorro de los usuarios.
En el documento presentado ante la Comisión Permanente, detallaron que en el sistema bancario mexicano hay más de 25 mil millones de contratos de cuentas de débito, cuya tarjeta es la que más se utiliza, ya que de 100 movimientos que se registran en la red de cajeros para disponer de dinero, 95 provienen de este medio de pago.
Aclararon que en el momento de solicitar una cuenta de débito, en el contrato se establece el requisito de nombrar a cuando menos un “beneficiario” al que el titular designa para recibir los recursos del saldo de la cuenta en caso de fallecimiento; sin embargo, en este aspecto los bancos no ponen interés.
Las instituciones de crédito solicitan el nombre del designado, su teléfono y una dirección que no exige detalle preciso para su localización; además, no verifican los datos ni mucho menos los actualizan, demostrando un franco desinterés por años e incluso por décadas.
Corona Nakamura y González Reséndiz mencionaron que las instituciones bancarias sólo ofrecen sus servicios para “administrar y manejar” el dinero que el titular les deposita en confianza, quien les deja a su entera responsabilidad el uso, destino y finalidad de “su” dinero.
Enfatizaron que esta problemática es relevante, porque se han registrado cada vez más sucesos en donde siendo muchos y diversos los factores, los familiares directos o al menos los beneficiarios no saben que han sido designados como tales e incluso ni siquiera saben de la existencia de alguna cuenta de débito bancaria de un ser cercano.
En casos desafortunados, en donde el titular de una cuenta pierda la vida de manera inesperada, el dinero jamás llega a quien debía recibirlo, porque la institución bancaria quizás no cuenta con la información para localizar a los beneficiarios.
O prefiere quedarse con lo que tenga ahorrado, la lógica del banquero.
YA ES HORA
Alejandro Sánchez Camacho, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, lamentó la falta de voluntad del PRI y del PAN para sacar en periodo extraordinario la reforma política del Distrito Federal y consideró que este asunto deberá ser el primero que los diputados electos dictaminen, discutan y aprueben en la próxima Legislatura, que inicia en septiembre.
“Hago un llamado a los legisladores que integrarán la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados para que, una vez que tomen la estafeta, la reforma política del Distrito Federal sea considerada como un tema prioritario y sin más dilaciones ni pretextos la avalen en el primer periodo ordinario de sesiones”, enfatizó. Esto para que la Ciudad de México tenga su propia Constitución y los ciudadanos los mismos derechos que los demás.
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