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* Alberto Torres Almeida, funcionario en 2006-2009, presuntamente desvió y perdió esa suma del erario en la Bolsa Mexicana de Valores; delito: peculado

El pasado 19 de junio el juez ordenó la aprehensión del ex tesorero Alberto Torres Almeida por el delito de peculado. Foto: Tomada de Reforma

Redacción | viernes 10 de julio de 2015

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Por presuntamente desviar y perder en la Bolsa Mexicana de Valores más de 37 millones de pesos del erario público, un juez federal dictó auto de formal prisión a Alberto Torres Almeida, tesorero de este municipio mexiquense durante la administración 2006-2009.

El Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de México, con sede en Naucalpan, le inició un juicio al ex funcionario por el delito de peculado, al estimar que la subprocuraduría Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció las pruebas suficientes de delito.
La PGR informó en un comunicado que a Torres Almeida lo detuvo el pasado 26 de junio en una zona residencial de este municipio y que de inmediato lo encarceló en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla.

Según la imputación, Torres Almeida presuntamente distrajo recursos del erario público correspondientes al Ramo 33 Federal, denominado "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios".

El inculpado y otros funcionarios del trienio 2006-2009 firmaron a nombre del ayuntamiento un contrato de intermediación bursátil con una institución financiera a la que destinarían el dinero del Ramo 33, según la PGR.

A través de este contrato, presuntamente realizaron operaciones de riesgo en la Bolsa Mexicana de Valores, que ocasionaron la pérdida de recursos federales por 37 millones 95 mil pesos.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia (UEIDCSPCAJ) de la SEIDF, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, investigaron este caso durante 4 años.

El pasado 19 de junio el juez ordenó la aprehensión del ex tesorero por el delito de peculado, ilícito previsto en el artículo 223 fracción I, del Código Penal Federal, el cual no es grave y le permite al indiciado solicitar la libertad provisional.

Fuente: Reforma

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