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* “Los recursos estaban destinados para los más pobres pero los beneficios nunca llegaron a ellos, lo cual es inadmisible”

Enrique Cambranis Torres, diputado federal del PAN por Veracruz, se unió a la exigencia de una investigación profunda y castigo a los funcionarios del gobierno de Veracruz que desviaron recursos por 645 millones de pesos. Foto Difunet

Redacción | martes 24 de mayo de 2016

Ciudad de México, 24 de mayo.- Diputados federales del Partido Acción Nacional exigieron a Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, que responda con información veraz a las acusaciones que lo involucran con la firma de contratos por 645 millones de pesos en la adquisición de productos para destinarlos a población vulnerable, sin que haya hasta la fecha pruebas de los beneficiarios de los programas asistenciales.

Los diputados federales del PAN Gabriela Ramos Ramírez, Enrique Pérez y Enrique Cambranis Torres destacaron que hasta este momento se conoce que funcionarios del gobierno de Veracruz construyeron un entramado de “empresas fantasma” para la adquisición de artículos que supuestamente se tendrían que distribuir entre diversos grupos de personas en calidad vulnerable, sin embargo, de acuerdo con las investigaciones de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, tales bienes nunca llegaron a sus destinatarios, lo cual es inadmisible.

De acuerdo con el Portal de Información animalpolitico.com, estas “empresas fantasma” se crearon con firmas de ciudadanos que desconocieron para qué se iban a utilizar cuando se las pidieron los promotores del voto; utilizaron domicilios fiscales falsos; los funcionarios cercanos al gobernador les otorgaron contratos millonarios sin licitación o por adjudicación directa y, después de que obtuvieron el dinero, cerraron.

La estrategia la utilizó el gobierno de Javier Duarte de Ochoa al menos en 21 empresas que obtuvieron 73 contratos para la adquisición y distribución de bienes por una cantidad de 645 millones 693 mil pesos entre 2012 y 2013, que involucra a las secretarías locales de Educación, Protección Civil, Desarrollo Social y el DIF estatal.

De acuerdo con la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se demostró en todos los casos las direcciones fiscales son casas particulares, vecindades, lotes baldíos, panaderías o herrerías, en las cuales los dueños o inquilinos aseguran que nunca ha existido una empresa y menos aún que reciban contratos millonarios.

Por este motivo, los legisladores federales del PAN en Veracruz sostienen que es inadmisible la triangulación de recursos para desaparecerlos o destinarlos a acciones ajenas a su asignación original, mientras las personas en situación de vulnerabilidad nunca fueron atendidas y exigen castigo a los funcionarios que montaron el entramado.

“Sobre todo cuando la corrupción de Duarte de Ochoa y sus funcionarios han sido el punto focal de este sexenio donde priva, además, la inseguridad más elevada de que se tenga recuerdo en el estado, con una economía sumamente maltratada y una ingobernabilidad creciente”, coincidieron.

Los diputados federales de Veracruz sostienen que los poderes en Veracruz ya requieren un cambio y que este sólo se podrá articular de la mano de Miguel Ángel Yunes Linares, abanderado de la coalición Rescatemos Veracruz que integran los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

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