* Caos criminal y de violencia, saldo de este sexenio en México
* Mando policial pendiente estará en la boleta: Mixto o Único
* Si el Poder Judicial aplicará su autoridad ante desacatos…
Domingo 12 de noviembre de 2017
Aunque por orden presidencial los estudios del INEGI son ahora maquillados para que no reflejen tanto lo que nos ocurre a los mexicanos en este triste sexenio, los datos de este organismo aún señalan que a un año de terminar la administración que quiso controlar la inseguridad evitando que los medios publicaran sobre este tema que, en septiembre pasado, el 76% de la población mexicana consideró que vivir en su ciudad era inseguro, cifra mayor al 71.9% del mismo mes de 2016.
La Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) reportó que, entre enero y septiembre pasados, fueron robados 66 mil 172 vehículos asegurados en el país, cifra considerada sin precedente, toda vez que este tipo de delito tuvo un incremento de 28% frente a los 51 mil 546 casos de 2016 y de 7% respecto a los 61 mil 828 de 2011, del mismo periodo, cifra que era considera la más alta en el registro histórico.
Esto nos dice que en México cada día se roban 245 automotores, 10 unidades cada hora; cada 6 minutos, una familia se queda sin su automóvil. Si lo desglosamos por entidades el total, serían casi 8 unidades robadas por estado diariamente, pero sabemos que son unas las que concentran el mayor número de delitos.
Estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que entre enero y septiembre se registraron 18 mil 505 carpetas de investigación por homicidios dolosos, lo que representa 23% más que las vistas en el mismo periodo de 2016, cuando sumaron 15 mil 20.
Para organizaciones sociales, como Semáforo Delictivo, los anteriores datos colocan a 2017 como el peor año en seguridad en la historia reciente de México, con una violencia generalizada y un nuevo récord histórico en homicidios de 24 mil casos previstos al cierre de diciembre.
Por ello, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila, señala categórico: “A un año de que concluya la presente administración, la inseguridad y la violencia se han generalizado en todo el país y muestran el fracaso de las estrategias gubernamentales de seguridad y procuración de justicia”.
El hidrocálido afirmó que “la política pública diseñada por Gobierno federal para reducir la violencia, combatir los homicidios, el secuestro y la extorsión, así como para reestablecer la paz en el país, quedó en buenos propósitos, con pésimos y negativos resultados”.
Las promesas del de Atlacomulco fueron actuar para prevenir el delito y reconstruir el tejido social; hacer eficaz la justicia penal; profesionalizar y fortalecer los cuerpos de policía; transformar el sistema penitenciario; promover y articular la participación ciudadana, así como la cooperación internacional; proporcionar información que sirva al ciudadano; regionalizar y coordinar acciones entre autoridades, y fortalecer la inteligencia.
“Ninguna de estas estrategias han prosperado, ni han conseguido evitar que el crimen y la impunidad continúen lastimando a los mexicanos en sus hogares, en su integridad personal y en sus bienes y patrimonio económico”, apuntó.
Herrera Ávila comentó que, en los próximos días, el titular de la Secretaría de Gobernación habrá de acudir al Senado de la República para el análisis de los resultados de la Política Interior, correspondiente al quinto año de ejercicio del presente gobierno.
“Más allá de las explicaciones y justificaciones que se presenten, lo que la sociedad espera son acciones efectivas; un verdadero esfuerzo para que la presente administración no deje al país sumido en un caos criminal y de violencia”, demandó.
CRISIS SISTÉMICA
Es tal el desorden en este país, que todo indica que además de la crisis de justicia que ya vivimos y por todos conocida, se sumará la crisis de seguridad por el atraso en la aprobación del mando policial mixto, que ahora se irá al proceso electoral, donde podremos votar si estamos de acuerdo en que sea mixto o único como lo promueve el de Atlacomulco; mientras llega ese día, cuide su vida, su patrimonio y su familia como pueda.
Y no es todo, la Ley de Seguridad Interna sigue pendiente y podría seguir el mismo camino, que sea analizada y en su caso aprobada, por la próxima legislatura federal.
Los pendientes son muchos y no existe voluntad de los actores políticos de resolverlos, ya que todo están pensando en las elecciones y sus posibles resultados para poder promover en su caso alguna acción o política pública, pero si existe la incertidumbre de quiénes serán los próximos gobernantes, nadie quiere dejar a sus opositores políticos las cosas caminando, por ello, mejor que se hunda el país.
Lo vemos en la capital del país, donde su última Asamblea Legislativa que será sustituida por su Congreso local en las próximas elecciones, tiene dos mesas directivas presididas una por Morena y otra por el Verde, las cuales convocan al mismo tiempo para sesión plenaria para el mismo día y la misma hora, a la que acuden los seguidores de unos u otros.
Este es el vivo ejemplo de que la disputa por el poder está en su máxima expresión, toda vez que, desde el inicio de la Legislatura, César Cravioto y Leonel Luna, se han enfrentado por el manejo de dicho órgano, comprando al mejor postor seguidores.
Además de que el haberse aprobado con anticipación nunca vista en la historia del Congreso, el PEF2018, fue para que los grupos políticos alisten sus armas para la lucha electoral que está en marcha y que hay que aparentar procesos democráticos para la elección de los posibles candidatos para los más de tres mil cargos que estarán en disputa y en particular la Presidencia de México.
Todos dan por hecho que las sesiones que quedan de este periodo serán de mero trámite al igual que el último periodo de la legislatura federal y todo habrá terminado. ¿Qué pasará?
APLICAR LA LEY
En un país donde la impunidad priva, fue sorpresivo no solo para el indiciado, sino para la sociedad entera, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hiciera valer su autoridad para destituir al delegado de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, por desacato a la autoridad, porque si aplicarán ahorita mismo esa facultad, nos quedaríamos sin gobernantes en los tres niveles de gobierno y algunos poderes.
Porque desacato a la autoridad lo vemos todos los días, en todos los sectores, en todos los lugares y sitios de cualquier rincón de México y nunca se aplica la ley porque los responsables de administrarla simplemente son omisos para hacerlo.
Por ello, los mexicanos se preguntan si acaso esto fue un destello del Poder Judicial para tratar de tranquilizar a la población que sufre día a día, la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, como algo que no es posible terminar porque el de Atlacomulco dijo que es algo “cultural” que nos heredaron ya.
Porque de no resolverse los problemas del país, el desacato podría generalizarse y ganar las calles de las ciudades el próximo año, ante la incertidumbre social y económica que viven las familias en México; de no haber resultados, estamos a un paso del estallido social gracias al gobierno que decidió esconder la realidad
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