* Los tiempos de Don Porfirio en México los tenemos presentes
* Parar la privatización del agua desechando la reforma: PRD
* Casas de empeño y de metales preciosos promueven el robo
Domingo 22 de marzo de 2015
Hay que atender sin demagogia a los jornaleros agrícolas y sancionar severamente a las empresas responsables de las condiciones oprobiosas en que trabajan dichos trabajadores del campo al referirse a los tarahumaras que trabajan en Baja California, demandó la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Amalia García Medina.
Demandó de los gobiernos estatal y federal, acciones verdaderas que vayan más allá de discursos demagógicos que se reflejen en políticas públicas a favor de la población y no proteger intereses políticos y económicos.
Consideró que las secretarías de Gobernación como del Trabajo deben actuar no sólo escuchando a los trabajadores agrícolas sino obligar a las empresas responsables a cumplir con la ley e informar a la sociedad qué empresas son las responsables y los nombres de sus propietarios.
“Es imperdonable que en pleno siglo XXI, y mientras reclamamos hacia afuera respeto a los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, aquí en el país, a los propios se les trate como esclavos, de manera indignante y vergonzosa”, puntualizó.
Dijo que ambas dependencias del Ejecutivo federal, deben intervenir para que se les respeten sus derechos laborales y como personas para que perciban un salario que cubra cabalmente sus necesidades como señala la Constitución, trabajen una jornada como marca la ley y cuenten con los servicios de seguridad social y se investigue el acoso sexual de que son víctimas las mujeres.
García Medina señaló que es lamentable que a pesar de las constantes denuncias en contra de diferentes estancias gubernamentales, tanto estatales como federales, miles de personas que migran de un punto a otro del país sigan enfrentando condiciones humillantes por parte de sus patrones o, incluso, de grandes empresas a quienes no se les quiere tocar.
Lamentó que las autoridades renuncien a su responsabilidad de proteger a la población trabajadora y migrante que es víctima de la injusticia y la explotación, por lo que exigió que las empresas responsables que han sido señaladas por los trabajadores agrícolas, “sean sancionadas severamente sin importar que sus propietarios sean importantes personajes de la vida política del país o empresas trasnacionales”.
Tenemos entonces que más de un siglo después, en México están presentes “los tiempos de Don Porfirio”. Por la esclavitud de campesinos y economía exportadora, mercado interno a la baja.
AUTORITARISMO
Ante el riesgo de un albazo legislativo por parte del PRIAN y sus aliados en la Cámara de Diputados, legisladores federales y locales del PRD, demandaron regresar a comisiones el dictamen de la Ley General de Aguas para eliminar el espíritu privatizador que atenta contra el derecho humano de acceso al vital líquido.En el marco del Día Mundial del Agua, los diputados federales Aleida Alavez Ruiz y Alejandro Sánchez Camacho, así como los asambleístas Alejandro Ojeda y Gabriel Godínez, denunciaron que hasta el momento la Junta de Coordinación Política no ha devuelto a las Comisiones de Agua y Saneamiento y la de Recursos Hidráulicos el dictamen inconstitucional que pone el riesgo el derecho humano al agua de todos los mexicanos.
Los legisladores llamaron a los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PVEM y Panal a tener una voluntad real para un diálogo nacional que salvaguarde la rectoría del Estado en el manejo del agua y su compromiso de que el vital líquido llegue a todos los mexicanos, por lo que convocaron a una amplia consulta nacional que incluya las propuestas de todos los sectores de la sociedad civil y usuarios sociales del agua.
Calificaron como medida electorera el haber detenido la aprobación de este dictamen lesivo a la vida digna de los mexicanos, porque les quitaría millones de votos. Por ello, advirtieron del riesgo latente de que tras el proceso electoral intenten aprobarlo en un periodo extraordinario y por eso no lo han regresado a comisiones.
La legislación que pretenden impulsar los partidos de derecha, dijeron, también pone en riesgo la soberanía alimentaria porque ceden al capital privado el manejo del agua para beneficio de la industria y la agricultura de exportación. Además, puede provocar estallidos sociales como ha sucedido en otros países, donde la lucha ya no es política o económica, sino por el vital líquido.
Aleida Alavez Ruiz señaló que el PRI está mostrando su rostro más autoritario en este asunto, como lo demostró el coordinador parlamentario de este instituto político en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, quien de manera grosera descalificó a legisladores de otras fuerzas políticas, académicos de la UNAM e IPN, científicos, especialistas de la ONU y de la sociedad civil que advertimos del intento privatizador de la ley peñista al que sólo le faltó reglamentar el agua de lluvia.
Aclaró que no están en contra del capital privado, sino de las concesiones para el manejo integral del agua. “Entendemos que los concesionarios deben recuperar su inversión, pero no que se eleven las tarifas y se ponga en riesgo el acceso al agua por habitante, por lo que siempre defenderemos este derecho humano.
CASAS DE EMPEÑO
El 80 % de las prendas que son llevadas a casas de empeño son producto de robos y asaltos a mano armada, denunció el tricolor Javier Guevara González, quien señaló que es necesario regular no sólo las casas de empeño, sino también los lugares de compra de metales preciosos, ya que en la actualidad es típico ver establecimientos con el anuncio de “Compramos oro y plata”, donde los asaltantes venden joyas y artículos de gran valor y obtienen efectivo.Afirmó que estos factores contribuyen a que continúe el robo a mano armada, afectando así a la sociedad. Además, artículos como joyas, línea blanca y demás bienes muebles, producto de los asaltos, circulan de manera legal en el mercado, pudiéndose adquirir con una factura o una nota fiscal expedida por las casas de empeño.
Con este documento, agregó, el comprador respalda su procedencia, pero queda impune un ilícito. Es así como el delincuente logra adquirir dinero fácil y rápido después de consumar su asalto.
Refirió que el robo y la compra-venta de artículos de procedencia ilícita es un delito gravoso por el que tiene que ser castigado tanto el asaltante como la institución que participe en la compra, como las casas de empeño.
Estos negocios, señaló, carecen de los mecanismos necesarios para asegurarse de que los artículos que toman a prenda no provengan de hechos ilícitos y violentos.
Ante este panorama, el legislador propuso adicionar el artículo 367 Bis al Código Penal Federal, a fin de que los empleados de las casas de empeño y de empresas dedicadas a la compra de metales preciosos exijan a los deudores prendarios que comprueben la procedencia legítima de sus piezas, por medio de facturas, quienes no lo demuestren revisarán una sanción económica y de dos a 10 años de prisión si el caso lo amerita.
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