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* Los mexicanos culpables por no cumplir las normas del país
*Crisis de justicia: ni procurador de justicia ni fiscales tenemos
* Poderes y gobiernos deben superar desconfianza ciudadana


Domingo 29 de octubre de 2017

Como dice el de Atlacomulco que no a todo lo que pase se debe culpar a la corrupción de su gobierno, todo indica que la grave crisis de justicia que vivimos los mexicanos es culpa de nosotros. Nos quedamos sin procurador de la República, no tenemos Fiscalía General aún, menos fiscal anticorrupción y ahora ni fiscal contra los delitos electorales en pleno proceso comicial.

Y eso que Nieto Castillo investigó las tarjetas verdes que la franquicia enviaba a supuestos afiliados a su partido para que se hicieran acreedores a diversas ofertas y demás, pero la entonces diputada Julissa Mejía Guardado, desde su curul denunció el manejo ilegal que del padrón hacía Escobar y su banda y fue a la Fepade para que se investigará el caso.

Nieto Castillo la recibió y comenzó su indagatoria que terminó con la destitución de Escobar de una subsecretaria de Gobernación que, sin mérito alguno, pero por ser franquicia del gobierno, le habían otorgado y Chong dejó que el caso se enfriara y sin hacer aspavientos, simplemente puso a otra persona en ese cargo.

Pero no fue todo, otro culpable porque no podemos echarle la culpa a la corrupción del gobierno de lo que pasa, es el ahora gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por haber denunciado al amigo, al hermano, a su operador desde la presidencia de la Cámara de Diputados, donde lo puso cuando coordinaba la bancada tricolor, César Duarte, de desviar recursos de esa entidad a la líder de su partido para las campañas políticas.

Y el necio de Nieto Castillo, titular de la Fepade, creyó que debía cumplir con su responsabilidad e investigar este delito electoral, además de otros que se le cargaron, para castigar al amigo del yucateco, que junto con Beltrones ha cogobernado este país en lo que va del siglo XXI, y se echó fiera encima.

Bien dice un estudio publicado en la primera década de este siglo que en México cumplir con las normas que deben regir la vida política, económica y social del país, que hacen nuestros legisladores, es una anormalidad, cuando lo normal es no cumplirlas y por eso el de Atlacomulco dice que esto es algo cultural y cree que por usos y costumbres debemos admitirlo.

Estos hechos nos alertan de que, 18 años después de su derrota a finales del siglo pasado, los tricolores no están dispuestos a dejar Los Pinos, y nos dicen que si pierden arrebatarán, pese a que el de Atlacomulco al tirar la toalla a un año del fin de su sexenio, daba por hecho que no tienen posibilidades ante la oposición.

Por eso andan placeando a Meade por los estados, después de que utilizó el Congreso de la Unión como pasarela al comparecer en el pleno y ser tratado como “el bueno, el ungido”, el que puede asegurar la continuidad del gobierno tricolor.

Pero el sexenio del socavón superó a su predecesor en el mayor número de ejecutados, feminicidios, inseguridad galopante, violencia, estancamiento económico, corrupción, impunidad, crisis de justicia y se niega a aplicar la alerta de género en 27 estados que pide la sociedad, porque sería el epitafio del de Atlacomulco.

Los mexicanos debemos haber aprendido la lección de que tener un copete y ser guapo no es suficiente para dirigir una Nación.

CRISIS DE JUSTICIA

La salida de Santiago Nieto como Fiscal para Delitos Electorales "viene a agudizar la credibilidad y de procuración de justicia en pleno proceso electoral de 2018; incertidumbre de legalidad provocada por las sobradas sospechas de irregularidades cometidas por el PRI en las recientes elecciones como el Estado de México y Coahuila", afirmó el líder del PAN, Marko Cortés.

Se acrecientan las sospechas de que su remoción obedece a las investigaciones que estaba llevando a cabo sobre el uso ilegal de dinero en la campaña presidencial del 2012, a través de los sobornos de millones de dólares entregados por directivos de Odebrecht al entonces miembro de la campaña de Peña Nieto y posteriormente director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, puntualizó el michoacano.

Sostuvo que el Senado de la República debe nombrar fiscales con probada capacidad jurídica, pero sin filiación con partido político alguno en este “difícil contexto por el que atraviesa México y que obliga a contar con fiscales que gocen de plena autonomía e independencia, para combatir con eficacia la corrupción”.

Para Cortés Mendoza, el gobierno federal y el PRI "han provocado un grave vacío institucional en las áreas estratégicas y de procuración de justicia con el claro fin de evadir graves casos de corrupción y para gozar de impunidad en delitos electorales, como los sobornos otorgados por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios de Pemex encabezados por Lozoya Austin.

Su par en El Senado, Fernando Herrera comentó que el interés del Gobierno por negarle a los mexicanos instituciones autónomas, independientes y probas ha llevado al sistema de procuración de justicia a una crisis nunca vista en la historia del país.

El coordinador de los senadores del PAN dijo que, frente a una creciente inseguridad, ante numerosos casos de corrupción en la gestión pública y un proceso electoral en marcha, por primera vez en la historia no hay titular de la PGR, ni de la Fiscalía Especializada, ni fiscales General y Anticorrupción.
“Vemos en este hecho la obcecación gubernamental por cooptar las instituciones de procuración de justicia con fiscales a modo, propensos a dejar en la impunidad actos ilícitos”, sostuvo.

Tanto Cortés como Herrera, coinciden que, ante el regreso del autoritarismo, donde los encargados de despacho deben ser fieles al presidente; ante el vacío institucional y la falta del Estado de Derecho, es necesario activar una acción colectiva, en la que fuerzas políticas, organizaciones sociales, académicas y empresariales que se oponen a mantener impunes delitos y actos de corrupción cometidos en la presente administración, participen en una causa común, para restituir la institucionalidad.

RECOBRAR CREDIBILIDAD

Los representantes populares y funcionarios públicos no pueden ignorar que la confianza en las instituciones está a la baja, lo que necesariamente debe impulsarlos a tomar acciones inmediatas para recobrar la credibilidad y, con ello, fortalecer la gobernabilidad en el país, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Advirtió que “hacer oídos sordos a la caída en la credibilidad de los órganos de gobierno es ignorar a la ciudadanía y construir diques entre mexicanos y sus representantes, toda vez que no podemos sustraernos de la realidad cuando la confianza en nosotros va a la baja; nuestra tarea es decirles a los ciudadanos qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, pero, sobre todo, que las acciones se toman pensando en el bienestar de ellos, los mexicanos. No debe haber cabida a que se antepongan los intereses de grupo o de personas”.

Por ello, la Cámara de Diputados debe enviar un mensaje de efectividad, responsabilidad y patriotismo a todos los mexicanos, quienes esperan de los legisladores que se mantengan al margen de los intereses electorales y cumplan con las tareas para las que fueron electos “sin pretextos, ni justificaciones, sino con lucidez y altura de miras; el entorno social y político marca nuevas rutas y a ellas debemos ceñirnos con responsabilidad y eficacia”.

Comentarios a uliseshj@hotmail.com
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