PRD reprueba conducta de Presidencia, PRI y PVEM al impugnar lineamientos del INE: Octavio Martínez

* Debe privilegiar la autoridad electoral en el proceso 2018, que haya “cancha pareja” y que nadie use recursos públicos, sostuvo el secretario Electoral

Octavio Martínez dijo que en las pasadas elecciones en la entidad mexiquense el PRI a nivel federal, estatal y municipal uso indiscriminadamente los programas sociales para favorecer a su candidato a gobernador. Foto: Jorge Villa.

Mary Santiago | miércoles 4 de octubre de 2017

Ciudad de México, 4 de octubre.- Es absurda la posición de la Presidencia de la Republica, del PRI, del PVEM así como de los gobernadores y legisladores emanados de estos institutos políticos, al impugnar los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló el secretario Electoral del PRD, Octavio Martínez Vargas.

Es absurdo el hecho de que se ponen candados al uso de los programas sociales en 2018 y la adquisición de propaganda gubernamental durante el proceso electoral que se avecina, reiteró.

El responsable de Asuntos Electorales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Martínez, destacó que lo que debe de privilegiar la autoridad electoral en el próximo proceso es que haya “cancha pareja” que nadie use recursos públicos, ni recursos materiales, ni los programas sociales para favorecer a un partido o a una coalición.

Recordó que en las pasadas elecciones que se realizaron en la entidad mexiquense, el partido tricolor a nivel federal, estatal y municipal uso indiscriminadamente los programas sociales para favorecer a su candidato a gobernador.

Eso se debe de terminar, subrayó,  con los lineamientos impuestos por el INE se tienen que garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los comicios del 2018, aseveró.

El secretario Electoral recalcó que el INE determinó respecto a los programas sociales, que durante los comicios no podrán ser entregados desde el inicio de las precampañas, los beneficios de dichos programas en eventos masivos públicos y establece que se considerará presión sobre el electorado la entrega de tarjetas que impliquen un beneficio directo futuro o condicionado a un proceso electoral.