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* Osfem presentó la denuncia que hoy tiene en la cárcel al alcalde con licencia de Naucalpan y diputado federal electo del PRI acusado de peculado; reportó gastos de obras que no existen o no realizó
* La regidora Esther Tapia habría solicitado junto con otros ediles que comparezca el tesorero municipal por las irregularidades y que se clarifique el uso de cien millones de pesos que en 2014 se asignaron a obras públicas

David Sánchez Guevara. Foto: Archivo

Redacción | viernes 21 de agosto de 2015

Toluca, Méx.- El Procurador General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alejandro Gómez Sánchez, informó que el exalcalde de Naucalpan y diputado federal electo por el PRI, David Sánchez Guevara, tiene 72 horas para definir su situación jurídica, luego de ser aprehendido por la Policía Federal en base a una denuncia presentada por el Osfem por su probable responsabilidad en el delito de peculado.

Mientras tanto estará a disposición de las autoridades judiciales, quienes serán las encargadas de definir si tendrá derecho a fianza, ya que aún no se realiza la Audiencia de Vinculación a Proceso, en donde se fijarán las medidas cautelares, indicó.

"Son 72 horas para definir la situación jurídica, con la posibilidad de que la defensa pueda ampliar el plazo constitucional en caso que quiera aportar datos a la investigación", dijo.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, (Osfem) fue la entidad que presentó la denuncia que hoy tiene en la cárcel al alcalde con licencia de Naucalpan y diputado federal electo del PRI, David Sánchez Guevara, acusado de peculado.

Este delito, es considerado como grave por el Código Penal mexiquense, por lo que no alcanzaría el beneficio de la libertad bajo fianza y deberá esperar a que un juez de control resuelva su situación jurídica para ver si lo vincula a proceso o determina que no existen pruebas suficientes que lo incriminen.

El procurador General de Justicia de la entidad, Alejandro Gómez Sánchez, informó que de acuerdo a una auditoria que realizó el Osfem, David Sánchez Guevara reportó gastos de obras que no existen o no realizó.

Entre estas obras se encuentra todo el programa de pavimentación con el que David Sánchez pretendía acabar con los más de 15 mil baches existentes en Naucalpan.

Gómez Sánchez señaló la auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización al ayuntamiento de Naucalpan permanece en curso y, de manera preliminar, se ha evidenciado el incumplimiento de obras. "Se trata de una auditoría de obra que tiene que ver con la realización de obras que fueron pagadas y que las obras no están.

"Se trata de diversas obras, entre ellas la realización de un andadero, la pavimentación de diversas calles, varias obras que todas sumadas entre sí nos dan lugar a la comisión del delito de peculado".
Gómez explicó que la PGJEM cumplió con la orden de aprehensión otorgada por la autoridad judicial en contra de David Sánchez por su probable participación en el delito de peculado.

El dirigente del Movimiento Antibache, José Antonio Arzate Flores (derecha), quien en 2014 realizó una huelga de hambre para conseguir recursos del gobierno del Estado de México a fin de eliminar los hoyos de las calles en la demarcación -entonces se contabilizaban 15 mil 200-, advirtió que existe la presunción de “desvío de recursos”; a la izquierda la regidora Esther Tapia, al centro, el diputado Octavio Martínez. Foto: Archivo

La orden de aprehensión fue solicitada por la PGJEM, derivada de una investigación realizada por el Órgano Superior de Fiscalización del Edoméx en las cuentas públicas del Ayuntamiento de Naucalpan durante la administración de Sánchez Guevara.

La detención se realizó anoche y el probable responsable de peculado fue trasladado al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, en donde quedó a disposición de un juez, quien definirá su situación legal.

Va a San Lázaro por su fuero, pero... cae horas más tarde

David Sánchez Guevara fue uno de los primeros diputados electos del PRI que acudieron por su credencial a San Lázaro, requisito necesario para rendir protesta el 1 de septiembre y conseguir el fuero constitucional.

"El hecho de haber gobernado a un municipio como es Naucalpan, con cerca de un millón de habitantes, (puedo) aportar las experiencias en beneficio de la seguridad de nuestro País y también el tema de la transparencia, la rendición de cuentas.

"Yo fui diputado federal en la 61 Legislatura, integrante de la Comisión de vigilancia de la Auditora Superior de la Federación. Así que seguramente estaremos participando nuevamente y buscaremos seguir aportando nuetra experiencia al respecto", dijo entrevista con “Reforma” ayer, alrededor del mediodía.

Sánchez llevaba un traje gris y una corbata roja y esperaba en el vestíbulo del Salón de Plenos a que lo entrevistaran ante las cámaras del Canal del Congreso.

"Es la segunda ocasión que tenemos oportunidad de estar en el Congreso. En el año 2009 fui parte de la 61 Legislatura, después de haber sido presidente municipal de Naucalpan de Juárez, voy regresando nuevamente al Congreso a seguir trabajando en beneficio de los mexiquenses y, por supuesto, principalmente de mis vecinos naucalpenses", dijo.

El exacalde de Naucalpan aún no cuenta con la protección del fuero constitucional, ya que los nuevos diputados rendirán protesta formal hasta el próximo 1 de septiembre, cuando inicia la 63 Legislatura.

Demandaban auditoría Octavio Martínez y Esther Tapia

Por otra parte, el pasado 14 de agosto, el diputado Octavio Martínez, integrante de la Comisión de Planeación y Gasto Público en la LVIII Legislatura local, afirmó que promoverían una revisión desde el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y desde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por los 40 millones de pesos del programa antibaches que en 2014 debieron aplicar el ayuntamiento de Naucalpan y la Secretaría de Agua y Obra Pública.

“Me preocupa la información de los vecinos y representantes del Movimiento Antibache Naucalpense Organizado, ante la presunción de que ese recurso -40 millones de pesos del programa de bacheo en 2014- se utilizó para otro objetivo, se puede constituir en un delito, desvío de recursos, y debe ser sancionado”, indicó el legislador perredista. (Ver http://bit.ly/1PEXYhg).

Por esta razón, Martínez Vargas adelantó que solicitará al OSFEM que se practique una auditoría específicamente a este programa, “y voy a socializarlo con el presidente de la Comisión de la ASF en la Cámara de Diputados federal, para que a través del auditor superior se investigue, porque además son recursos presumiblemente de participaciones federales”.

En esa ocasión, el dirigente y fundador del Movimiento Antibache Naucalpense Organizado, José Antonio Arzate Flores, quien en 2014 realizó una huelga de hambre para conseguir recursos del gobierno del Estado de México a fin de eliminar los hoyos de las calles en la demarcación -entonces se contabilizaban 15 mil 200-, advirtió que existe la presunción de “desvío de recursos”.

Refirió que al conseguir este dinero, el propio Manuel Ortiz (ex secretario del Agua y Obra Pública) lo nombró supervisor social de las obras, ante la incapacidad del gobierno municipal.

No obstante, acusó, “nunca vimos el recurso, no hay una sola minuta de trabajo, calendarización, ni una sola referencia de licitación o adjudicación. En un solo fin de semana aparece el recurso, se licita o adjudica y la empresa dicen que empezó a trabajar, pero ni siquiera el nombre del contratista nos dieron”, señaló.

Adicionalmente, expuso, no existe antecedente de que los baches hayan sido cubiertos, y apenas el mes pasado la organización realizó un nuevo censo que arrojó la existencia de 16 mil baches, lo que implica que lejos de remediarse la problemática, se incrementó.

Durante las campañas electorales de este año, denunció, se pretendieron emplear los recursos para ganar simpatías, pero sólo se trabajó en dos comunidades, “y allí no se fueron 40 millones, con los estudios técnicos que tenemos no se llevaron ni diez millones de pesos”.

Hace un par de semanas, explicó, acudimos a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), donde Manuel Ortiz tenía sus oficinas, y “no nos quisieron recibir la petición por escrito, ni la recepcionista, ni el vocal ejecutivo, ni siquiera nos permitieron ingresar al edificio”, expuso.

La solicitud, tenía por objeto que se aclarara el destino y uso de los 40 millones de pesos.

De forma paralela, la regidora Esther Tapia solicitó, junto con otros ediles, que comparezca el tesorero municipal por las irregularidades y que se clarifique el uso de cien millones de pesos que en 2014 se asignaron a obras públicas, por la falta de infraestructura en la demarcación.

Ante la falta de respuesta y transparencia, los colonos acudieron a la Legislatura mexiquense en busca de que se finquen responsabilidades a Manuel Ortiz, aunque ya no esté en servicio –se jubiló-, y al exalcalde David Sánchez Guevara como responsables de esos recursos.

“Hay un conjunto de elementos que dejan claro que hay un mal uso de recursos públicos”, enfatizó.

Con información de Reforma

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