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* El lunes cientos de policías la irrumpieron para proteger el ingreso de la la constructora Autovan -Higa- encargada de las obras de la autopista Toluca-Naucalpan

La presencia de la policía ha sido constante desde hace meses en la región de San Francisco Xochicuautla. Ahora calculan los pobladores que ingresaron a la comunidad entre 600 y 800 elementos . Foto Especial.

Redacción | martes 12 de abril de 2016

ECATEPEC de MORELOS, Méx. En 2007 inició una defensa, una lucha desigual para los habitantes de San Francisco Xochicuautla en el municipio de Lerma, estado de México, que sólo lo dividen de la capital Toluca puntos y rayas, está adjunto. Esa defensa que lleva 9 años para evitar que se construyera la autopista Toluca-Naucalpan y que partiera a la mitad la reserva del Bosque Sagrado Otomí Mixteca quedó desprotegida de legalidad el 9 de julio de 2015 a partir de que el presidente Enrique Peña Nieto firmó un decreto expropiatorio de 38 hectáreas del bosque, de la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, para dar paso a la construcción de la carretera de cuota Toluca-Naucalpan.

Esa defensa jurídica que venía realizando la comunidad de San Francisco Xochicuautla temía, y así lo informó en su momento, que con el decreto expropiatorio del presidente Enrique Peña Nieto no sólo se legalizaría el despojo de las tierras que pertenecen a la comunidad, sino que también pretendían acabar con la defensa jurídica que desde 2007 venían haciendo.

Ayer lunes, un día y medio después que de que el Presidente saliera rumbo a Europa, cientos de policías irrumpieron en la comunidad para proteger el ingreso de trabajadores y maquinaria de la constructora Autovan -propiedad de Juan Armando Hinojosa, dueño de grupo Higa-, encargada de las obras de la autopista Toluca-Naucalpan y de funcionarios del gobierno del estado de México.


Este lunes policías irrumpieron en la comunidad para proteger el ingreso de trabajadores y maquinaria de la constructora Autovan -propiedad de Juan Armando Hinojosa, dueño de grupo Higa-, encargada de las obras de la autopista Toluca-Naucalpan, y aunque hubo fricciones ya que se violentaba un amparo, no se reportaron enfrentamientos. Foto Especial.

Policía viola amparo y medidas preventivas de la CNDH  

Policía viola amparo y entra a tierras otomíes en Xochicuautla allanando, golpeando y derrumbando una casa, titula desInformémonos su nota de ayer lunes, debido a “una flagrante violación del amparo definitivo obtenido por la comunidad otomí de San Francisco Xohicuautla”, al ingresar ayer por la mañana en terreno comunal entre 600 y 800 elementos de la policía, además de empleados de la empresa Grupo Higa y funcionarios del gobierno del estado de México, a cargo de Luis Enrique García y allanar y derrumbar la casa de uno de los representantes de la comunidad, el delegado Armando García Salazar.

En ese sentido, La jornada en internet publicó que los pobladores de Xochicuautla señalaron que esta acción “no sólo es un acto de provocación de la autoridad y el concesionario, sino además es una franca violación a la suspensión definitiva que obtuvo la comunidad en un juicio de amparo promovido en el juzgado 5º de distrito con sede en la entidad, contra el decreto de expropiación del año pasado”.

Maquinaria pesada demolió una vivienda, propiedad del delegado Armando García Salazar, ya que se ubicaba dentro del polígono expropiado. Foto Especial

Describe la nota que el ingreso de la policía causó fricciones entre los habitantes de Xochicuautla que demandaban la salida de los uniformados, y precisó que la intromisión violaba la suspensión provisional y las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional del Derechos Humanos, ya que al finalizar 2015 pidió a la Comisión de Seguridad Ciudadana que dejara de hostigar a los habitantes de esta localidad.

Puntualiza la información que la policía estatal se apostó en varios parajes de la zona boscosa de Xochicuautla, que hasta la fecha habían sido respetados por Autovan, para no generar choque con la población que se opone a la construcción de la autopista.

Pero no sólo eso, además desmanteló y destruyó el campamento de "Digna Resistencia" que el Frente de Pueblos en Defensa de los Recursos de la Madre Tierra había instalado en la parte alta de la montaña para evitar el avance de las obras, señala.

“En su irrupción, los uniformados destruyeron el campamento que tenían los comuneros en la montaña para evitar el ingreso de maquinaria y la deforestación”.

Aclara que, por la tarde, maquinaria pesada demolió una vivienda, propiedad del delegado Armando García Salazar, ya que se ubicaba dentro del polígono expropiado. “García Salazar manifestó que ni los policías ni el personal de Autovan le dieron oportunidad de sacar sus pertenencias y calificó el hecho como ilegal pues su casa también estaba protegida con la suspensión provisional decretada por la justicia federal”.

El delegado Armando García manifestó que "ni los policías ni el personal de Autovan le dieron oportunidad de sacar sus pertenencias y calificó el hecho como ilegal pues su casa también estaba protegida con la suspensión provisional decretada por la justicia federal”. Foto Especial

San Francisco Xochicuautla, amenazada

La comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla tiene casi 10 años que está organizada en la defensa de sus territorios y en la protección del Bosque del Agua, refiere desInformémonos y es una de las tres comunidades, como se mencionó al principio, amenazada por el megaproyecto que pretende construir la autopista que conecte la ciudad de Toluca con el municipio mexiquense de Naucalpan.

Enseguida nos permitiremos citar datos tomados de la publicación desInformémonos, de lo ocurrido del proyecto de la autopista y que además ha mantenido puntualmente informada a la opinión pública.

 “A comienzos de marzo, los comunitarios consiguieron una victoria crucial en tribunales: la suspensión definitiva del decreto expropiatorio de esas tierras en favor de la empresa Grupo HIGA, hasta tanto no se solucione el conflicto de fondo.

“’Hay una violación artera de la decisión judicial de la suspensión definitiva, derivada del juicio de amparo 771/2015, otorgado por el juzgado de distrito 5° de procesos federales y amparo ubicado en la ciudad de Toluca’”, explica Antonio Lara, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. (Este centro se encuentra en el municipio de Nicolás Romero).

“Lo estipulado por el amparo ganado fue violado esta mañana, cuando la comunidad de San Francisco Xochicuautla fue rodeada por la policía.

Ese lugar, “el castillo”, tomó a la familia casi diez años en construir, una casa hecha a gusto y con las propias manos; funcionaba también como punto de reunión de los resistentes al megaproyecto, así como le abría sus puertas a los integrantes del Consejo Superior Indígena, siempre que lo requerían, cita de este lugar una crónica desInformémonosFoto Especial


"Además de esa violencia, cinco personas que son beneficiarias del mecanismo oficial de protección fueron golpeadas por agentes policiales del estado mexicano, según denunciaron desde el Zeferino Ladrillero, durante el episodio de mayor violencia, que se dio en el allanamiento, desalojo y posterior demolición de la casa de uno de los delegados de la comunidad, el Dr. Armando Delgado.

“María Isabel es una de las integrantes de más edad del Consejo Supremo de Xochicuautla, que se encontraba en el lugar y denunció así, la violencia sufrida:

“Estaba resguardada dentro de la casa con otras personas y los policías rodeaban el castillo, que así se le conoce a la casa del delegado. Estaba con mi niña, mi bisnieta. Entraron los policías a sacarnos a los empujones. Que esa era mi casa, que no tenían por qué sacarme, les dije. Entonces una policía me jaloneó y me caí con todo y niña. Le contesté y ella me pateó en el suelo, me dijo que me callara el hocico. Mi niña llorando pedía por su abuelita.”

La señora, angustiada pero molesta, reflexionó acerca de la violencia desplegada en la comunidad:

"Tenemos amparos ganados, pero estamos en un país en que no se respetan las leyes mexicanas. Esta lucha ha sido pacífica, llevamos diez años peleándola. No tenemos armas, nada. Nos dedicamos a trabajar honradamente y así nos pisotean los tres niveles de gobierno. Pido ayuda a todos los mexicanos, para que nos ayuden a construir un país en donde de verdad seamos libres”.

En una entrevista realizada a uno de los integrantes de la comunidad por Radio Zapote, continúa desInformémonos, se alertó que además de la policía hay en Xochicuautla una fuerte presencia de funcionarios de la empresa del Grupo Higa, que entraron al área con maquinaria. Y no sólo eso.

“Armando García Salazar, cuya casa fue la atacada, es representante de la comunidad y médico.

“Como detalle, -y contracara -, el Grupo HIGA es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los principales “empresarios” señalados por los Panamá Papers como evasor fiscal, que se han dedicado a sacar dinero de México a través de la ingeniería financiera elaborada para tal fin, la cual no será ilegal, pero que nadie duda de catalogar como ilegítima.

Por otra parte desmantelaron y destruyeron el campamento de "Digna Resistencia" que el Frente de Pueblos en Defensa de los Recursos de la Madre Tierra había instalado en la parte alta de la montaña para evitar el avance de las obras, informaron los lugareños. Foto Especial.

“Está quedando muy claro que este atropello es la primera muestra, la primera puesta en práctica de la recientemente aprobada Ley Eruviel: esa ley que permite a la policía hacer lo que están haciendo en Xochi, les permite violar los derechos humanos y las decisiones judiciales. Este es el primer ejemplo”.

Desde el Zeferino Ladrillero analizan que el ataque a la comunidad en resistencia responde a dos motivos:

“Por un lado, que la empresa HIGA está desesperándose porque el tiempo pasa y no logran imponer la carretera.

“Por otro, que hay urgencia por el gobierno en manos del gobernador Eruviel Ávila, de avanzar en ciertos proyectos que considera clave, ‘antes que la resistencia tire no sólo la ley represiva, sino los proyectos de despojo que tiene proyectados a lo largo de todo el estado de México’”.

Además de la denuncia pública de la violencia y el accionar policial que consideran ilegal, los comunitarios preparan una resistencia legal a la situación, que presentarán en los juzgados de Toluca que llevan los casos de la comunidad contra la empresa.

“Buena parte de la gente que resiste los “proyectos de despojo” se encontraba aún en zonas cercanas de la comunidad atacada. Este fin de semana, decenas de representantes se reunieron en la ciudad de México para lanzar la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio.

“La comunidad otomí San Francisco Xochicuautla es una de las promotoras de esta red nacional que empieza a tejerse y ante la alerta de la violencia aplicada, muchos de los defensores de otras tierras han decidido quedarse a coordinar las acciones a desarrollar en apoyo a los otomíes.

"En el momento en que este artículo es publicado, se encontraban reunidos pensando las acciones a seguir, una vez realizada la denuncia pública del ataque recibido”.





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