* En un documento de 20 páginas se detallan los elementos
que tomó en cuenta el juez para vincular a proceso a Rosario Robles, por su
presunta responsabilidad en La Estafa Maestra
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| Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol y Sedatu. CUARTOSCURO.
Red-Accion | Ciudad de México, viernes 16 de agosto de 2019
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Las 21 horas de audiencia que enfrentó Rosario Robles
Berlanga, extitular de Sedesol y Sedatu, quedaron resumidas en 20 páginas en
las que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna explicó los
criterios que definieron su vinculación a proceso, es decir, continuar
con el procedimiento penal.
Los elementos de delito que presuntamente cometió la
exfuncionaria, según consideró el juez, incluyen dolo, malversación de recursos
públicos y omisión ante posibles afectaciones a la hacienda pública, por lo
que fue imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio
público, en el esquema de presunto desvío de recursos públicos conocido
como La Estafa Maestra.
Dicho esquema se trata de la firma de convenios entre las
dependencias del Gobierno Federal con universidades públicas para hacer
supuestos servicios, aunque en realidad no se cumplieron porque las
instituciones subcontrataron a empresas fantasma, y el dinero desapareció.
El documento mediante el cual se oficializó la vinculación a
proceso ante el Poder Judicial de la Federación, ocurrida este martes 13 de
agosto, contiene los datos de prueba presentados por la Fiscalía
General de la República,que consisten en entrevistas con exfuncionarios,
documentos de la Auditoría Superior de la Federación, carpetas de investigación
de más implicados, entre otros documentos.
En la causa penal número 314/2018 contra María del Rosario
Robles Berlanga se desglosan los elementos de delito presuntamente cometidos
por ella en su paso por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio
anterior, y que a continuación se explican:
Conocimiento de las posibles afectaciones a la hacienda
pública, debido a la firma de los convenios con universidades públicas
que simulaban servicios. Esta irregularidad fue informada por el exauditor Juan
Manuel Portal, con la entrega de pliegos de observaciones; y posteriormente, en
dictámenes técnicos donde se desprende el posible daño a la Hacienda Pública en
ambas dependencias.
Posible afectación del patrimonio de Sedesol y Sedatu,
calculado en 5 mil 73 millones de pesos. Se realizaron contrataciones
con universidades para evitar licitaciones públicas, se permitió la
subcontratación de más de 49% de los servicios con empresas y los servicios no
se prestaron en algunos casos.
También “existe la presunción que los recursos no se
utilizaron para los fines de los convenios, sino que fueron dispersados. No se
actuó con honradez en el manejo de los recursos”, por lo que existe un probable
daño de 5 mil 73 millones de pesos.
No informar por escrito a su superior jerárquico o
evitarlo si está dentro de sus facultades. La acusación señala que
Robles no evitó que las personas a su cargo dejaran de suscribir convenios y
tácitamente permitió que, en dos Secretarías de Estado distintas, actuaran de
la misma manera y ocasionaran daños a su patrimonio; fueron las mismas personas
en ambas secretarías, principalmente Emilio Zebadúa como oficial mayor y a
pesar de que era su subalterno, no lo instruyó para cesar de suscribir
convenios irregulares.
Además, no informó a su superior jerárquico por
escrito de las irregularidades, es decir, al presidente Enrique Peña Nieto.
Aunque en la audiencia Robles dijo que sí le había informado a través de giras
de trabajo, reuniones de gabinete y teléfono rojo, el juez consideró que debía
ser mediante documento si éste existiera, pero no se presentó en la audiencia
“entonces se le está encubriendo”.
Malversación de fondos públicos o darles un destino
distinto para el cual se habían otorgado. Los recursos autorizados por
el Congreso debían destinarse al combate a la pobreza y al reordenamiento del
territorio nacional en la Sedesol y Sedatu, respectivamente, y en cambio se
destinaron recursos a los convenios irregulares para servicios que no se
cumplieron en algunos casos.
Omisión. Como titular de la Sedesol y la Sedatu
tenía que ser garante de los recursos de las dependencias, para que se
utilizaran para los fines establecidos, “lo que no ocurrió; por ello, su falta
de acción es ahora relevante para el derecho penal”. Esto porque se abstuvo de
informar al Presidente de la República, y porque los convenios irregulares se
operaron en las dos secretarías que dirigió sin que lo impidiera.
Dolo. “No quiso actuar porque los directamente
señalados de realizar los actos indebidos formaban parte de su equipo de
trabajo y, en forma tácita, les permitió continuar con actividades ilícitas a
pesar de que ella, era la única que podía indicarles que actuaran en forma
distinta”. De acuerdo con el juez, Robles “conscientemente inició una conducta
de omitir informar o no evitar, a pesar de prever el daño a la hacienda
pública, con lo que tácitamente aceptó la actualización de otras conductas
delictivas”.
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