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* La criminalización de la migración y de las personas defensoras de los derechos de humanos no es un proceso nuevo, apuntan FLD, PAM y RED TDT; sin embargo, las organizaciones internacionales y de la región, incluyendo las autoras del informe(1) que aquí se presenta, “hemos documentado que, a la par de la transición en la política migratoria, hay un recrudecimiento en los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos de personas migrantes”, publica el boletín de la RED Todos los Derechos para Todas y Todos. 



Red-Accion | Publicado en 25 septiembre, 2019

Grave patrón regional de agresiones contra DDH de 
personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

  • La investigación visibiliza la diversidad de abusos contra defensoras/es de los derechos de personas migrantes en las distintas rutas migratorias y en las zonas fronterizas
  • Existe un patrón de coordinación regional entre los gobiernos para criminalizar a quienes defienden a la población migrante
  • El informe se presentará también en Washington D.C., en el marco del 173° periodo de sesiones de la CIDH 

Ciudad de México, 24 de septiembre, 2019 | Front Line Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios (Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) presentaron el informe Defensores sin muros: Personas defensoras de derechos humanos criminalizadas en Centroamérica, México y Estados Unidos. Se trata de una investigación que busca visibilizar la situación actual de las personas, albergues y organizaciones que defienden los derechos humanos y ofrecen asistencia humanitaria en un contexto de creciente crisis para la población migrante.


Desde octubre de 2018, con el surgimiento de las caravanas del éxodo centroamericano, se comenzó a implementar una narrativa de criminalización en contra de las personas migrantes organizadas y quienes les acompañan. Este discurso parte de una omisión deliberada de la capacidad de las personas migrantes de construir estrategias que les permitan transitar en condiciones menos peligrosas y determina que, quienes deciden acompañarlos en sus trayectos lo hacen con fines de lucro. Asimismo, se invisibiliza que la migración es consecuencia de la violencia política y económica, que expulsa a las personas de sus países de origen, en busca de mejores condiciones de vida.

Esta situación se ha intensificado con el paso de los meses, primero, en abril de 2019, cuando el gobierno mexicano decidió pasar de una política de puertas abiertas, a la detención y deportación masiva de personas migrantes, violando el derecho a solicitar protección internacional y/o cualquier forma de regularización migratoria en el país; pero aún más a partir de las negociaciones con Estados Unidos en junio de 2019, cuando México desplegó a la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur para fortalecer labores de control migratorio.

La criminalización de la migración y de las personas defensoras de los derechos de humanos no es un proceso nuevo. Sin embargo, las organizaciones internacionales y de la región, incluyendo las autoras de este informe, hemos documentado que, a la par de la transición en la política migratoria, hay un recrudecimiento en los ataques contra defensoras/es de derechos humanos de personas migrantes. Nos preocupa especialmente el aumento de la criminalización y judicialización que se sostiene en discursos de odio y xenofobia. Esto, a su vez, legitima la comisión de violaciones de derechos humanos expresadas en difamación, amenazas, detenciones arbitrarias, falta de acceso a la justicia y violaciones al debido proceso documentados en este informe.

(1) Conoce el informe completo:

Ra.

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