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* Juez del Penal Neza-Bordo les impuso también una sanción de casi 700 mil pesos por reparación del daño
* Gobierno de Edomex se vio obligado a intervenir no por mandato, sino por la fuerte presión social

El 8 de marzo de 2017 el cuerpo de Lupita fue encontrado en un basurero en el bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl. ARCHIVO.

Red-Accion | Nezahualcóyotl, Méx., miércoles 4 de septiembre de 2019

Un juez dictó esta tarde sentencia de 88 años de prisión a la madre y padrastro de Lupita, mejor conocida como “Calcetitas Rojas”, en los juzgados del Penal Neza-Bordo, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Además, Yadira Medina Pichardo y Pablo Rodríguez Escamilla, declarados culpables por el asesinato de la niña de entre 3 y 5 años de edad, el juzgador les impuso también una sanción de casi 700 mil pesos por conceptos de reparación del daño, entre otros cargos.

En los juzgados de Control de Juicio Oral y de Ejecución de Sentencias, el juez exhortó al Registro Civil a expedir un acta extemporánea con el nombre Guadalupe Medina Pichardo, para darle una identidad a la menor.

OFICIAL/ARCHIVO.

La pequeña bautizada como “Calcetitas Rojas” fue golpeada hasta la muerte y su cuerpo abandonado en el Bordo de Xochiaca, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, el 18 de marzo de 2017.

Durante 9 meses, nadie identificó el cadáver y nadie fue señalado por el crimen, y semanas antes de esta fecha, la madre y el padrastro de la menor fueron detenidos por el caso después de una intensa denuncia de activistas, entre ellos Frida Guerrera.

Y fue precisamente Frida Guerrera quien señaló en su momento que los presuntos culpables del asesinato tenían que pagar.

“La niña andaba de un lado a otro. Con una familia, con otra. De repente era rescatada por su abuela. De repente quería rescatarla su tía. La niña andaba siempre por muchos lados”, describió Frida.

Asimismo, el padre Alejandro Solalinde exigió a las autoridades que le dieran protección a Frida, quien fue la persona que dio seguimiento y visibilizó lo ocurrido con la pequeña.

El caso provocó una intensa condena social. Se trataba de un caso de abuso, pero también de un Estado ausente. Los activistas dicen que el Gobierno del Edomex se vio obligado a intervenir no por mandato, no porque le importara, sino por la fuerte presión social.


Ra.

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