En la manifestación frente a las instalaciones de la dependencia federal participaron ambientalistas y vecinos de las comunidades de Espíritu Santo, San Miguel Tecpan, San Luis Ayucan, Santa María Mazatla y Santa Ana Jilotzingo
"Las decisiones del alcalde de Jilotzingo tienen un impacto colateral negativo en al menos tres municipios más, lo que podría representar un grave delito ambiental intermunicipal y regional”, advirtió el exdiputado local, Max Correa.
Valle de México.
Habitantes del municipio de Jilotzingo se manifestaron este jueves en la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para exigir la
suspensión de la perforación de un pozo profundo que realiza ilegalmente el
alcalde Raziel Eugenio Chavarría Chavarría.
Denunciaron que el pasado 4 de junio el edil dio la orden de
iniciar los trabajos de perforación con la aparente intención de dotar de
agua al poblado de Espíritu Santo, sin embargo, vecinos de las comunidades de
San Miguel Tecpan, San Luis Ayucan, Santa María Mazatla y Santa Ana Jilotzingo
denuncian que el pozo forma parte de un proyecto más amplio para abastecer a
desarrollos inmobiliarios privados.
El ambientalista Max Correa Hernández afirmó que la obra
municipal se realiza sin contar con los permisos ambientales, diagnósticos
técnicos, consulta ciudadana y evaluación de impacto ecológico, por lo que
también exigen la suspensión definitiva e inmediata de la perforación, y la
intervención directa de Semarnat en Jilotzingo mediante inspección, monitoreo y
auditoría ambiental urgente.
En este sentido, advirtió que el territorio de Jilotzingo es uno de los últimos grandes pulmones vivos del Valle de México, y que gracias a su bosque de niebla y suelo de recarga hídrica, que dota de agua a la Presa Madín, se benefician millones de familias de los municipios de Atizapán, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.
“Ante este escenario, las decisiones del alcalde de
Jilotzingo tienen un impacto colateral negativo en al menos tres municipios
más, lo que podría representar un grave delito ambiental intermunicipal y
regional”, advirtió el exdiputado local.
Explicó que esta situación se agrava con el otorgamiento de
permisos de construcción irregulares en Jilotzingo: “Sólo entre 2024 y 2025 se
liberaron al menos 14 permisos a desarrolladores, lo que representa una
fragmentación peligrosa del ecosistema y abre la puerta a un modelo urbano
depredador.
“A esto se suma la instalación de fábricas en un territorio completamente boscoso, que aparte de generar riesgos de contaminación por desechos industriales, dejan sin agua a los habitantes del poblado de Espíritu Santo, quienes solo reciben el suministro una vez por semana y de forma racionada, lo que evidenciando una política de privilegios y desigualdad”, lamentó.
Xiomara Trujillo Gutiérrez, habitante de Jilotzingo,
denunció que el pasado 10 de julio pudo documentar el paso de 158
camiones de carga, incluidos 15 pipas de agua por los accesos de Rancho Blanco
y Condado de Sayavedra, “lo que revela un patrón alarmante de extracción y
tráfico de materiales y agua, facilitado por la permisividad o complicidad del
gobierno municipal”.
Finalmente, Max Correa, quien también es dirigente nacional
de la Central Campesina Cardenista (CCC), pidió sé transparente qué instancia
de gobierno proporcionó la maquinaria para la perforación del pozo, y de
confirmarse la participación de una dependencia pública, estaríamos, dijo, ante
un posible desvío de recursos y abuso de poder en perjuicio directo
de la ciudadanía. ©
Ra
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