* Por mayoría de votos se cambió el sistema que se modificó este agosto y que entraría en vigor en 2019
* Diputada propuso auditoria al Instituto; aprobarían nueva
ley que responda al interés de los trabajadores
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| Con su aprobación, la ley fue catalogada como un albazo de la Legislatura saliente y provocó manifestaciones y descontento entre los trabajadores del Instituto desde agosto pasado. Foto Especial. |
Red-Accion | Toluca,
Méx., jueves 6 de diciembre de 2018
Con mayoría de votos, la 60 Legislatura local revirtió la
llamada Ley Issemym con la que se cambió el sistema de pensiones que se
modificó en agosto y que entraría en vigor en 2019.
La Ley Issemym pretendía que la nueva forma de pensiones fuera
mediante un sistema de cuentas individuales manejadas a través de una Afore, y
en ella se estableció un aumento de 6.5 por ciento en las aportaciones de las
instituciones públicas y 3.5 para los trabajadores.
Con su aprobación, la ley fue catalogada como un albazo de
la Legislatura saliente y provocó manifestaciones y descontento entre los
trabajadores del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios.
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| Diputado Benigno Martínez García, del Grupo Parlamentario de Morena en la LX Legislatura del Estado de México. Foto Especial. |
La iniciativa del punto de acuerdo para revertir la Ley
Issemym, estuvo sustentada por los diputados del grupo parlamentario de Morena;
Claudia González, María del Rosario Elizalde, Berenice Medrano Jorge García,
Margarito González, Violeta Nova, Liliana Gollas, Faustino de la Cruz, Alfredo
González, Mónica Angélica Álvarez, Elizabeth Millán y Benigno García, entre
otros.
La presidenta de la mesa directiva de la LX Legislatura,
Azucena Cisneros Coss, señaló en entrevista que “la Legislatura tiene el
compromiso de construir una nueva Ley Issemym, “quitar la parte de la
normatividad que afecta a los trabajadores con la finalidad de transparentar y
manejar con eficiencia los recursos públicos”.
Manifestó que con la abrogación de la Ley del día 10 de
agosto de este año, se mantiene en vigor la Ley Issemym, expedida el día 2 de
enero del año 2002, con las reformas aprobadas y publicadas el 19 de diciembre
del 2012.
Con la abrogación de la ley también, se busca facilitar la
disponibilidad financiera de los recursos, para la otorgación de servicios
médicos de calidad, y “no seguir sangrando a los trabajadores con sus
aportaciones”.
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| Los trabajadores se encuentran en grave peligro de perder su derecho a una pensión bien remunerada, así como el derecho al acceso a servicios médicos de calidad, expresaron diputados de Morena. Foto Especial. |
Además, dijo que en esta nueva legislación se pretende encontrar
los mecanismos de trasparecía y rendición de cuentas en el proceso para
fiscalizar de manera más efectiva los recursos.
Explicó que la fiscalización de los recursos debe ser
acompañada de la imposición de sanciones que se califiquen cómo delitos graves
para casos de corrupción y desvió de recursos públicos en el Instituto de Salud
para trabajadores del estado y municipios
Azucena Cisneros expuso que es urgente una revisión a la
cuenta pública, ya que el Instituto de Salud tiene un adeudo de 3 mil millones
385 mil 674 pesos, tan sólo a proveedores al cierre del año fiscal 2017.
Indicó que el porcentaje de crecimiento de la deuda fue de
un 177.95 por ciento, del año 2013 al 2017, durante el periodo del ex
gobernador Eruviel Ávila Villegas.
Puntualizó que derivado del análisis de la cuenta pública
del Issemym del año fiscal 2017, se detectó que tiene inversiones con el
gobierno del estado de México, a corto y largo plazo por una cantidad de 9 mil
millones 346 mil 573 pesos.
Situación que deja al Instituto sólo con el 30 por ciento de
las reservas financieras, ya que el total son de 13 mil millones 408 mil 704
pesos, utilizadas para el pago de pensiones y servicios de salud a
derechohabientes.
Por ello, propuso una auditoria al Issemym para
transparentar y verificar que esas inversiones estén registradas en los estados
financieros del gobierno mexiquense.
Por su parte, el diputado Benigno Martínez García, en nombre
del Grupo Parlamentario de Morena en la LX Legislatura, al hacer uso de la tribuna
propuso la iniciativa con “Proyecto de decreto para la abrogación del decreto
número 317”, aprobado en la LIX Legislatura del Estado de México.
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| Una auditoria al Issemym para transparentar y verificar que sus inversiones estén registradas en los estados financieros del gobierno mexiquense, propuso la diputada Azucena Cisneros, quien presidió la mesa directiva en la sesión. Foto Especial. |
Días antes de concluir las funciones del anterior Congreso,
fue publicada en la Gaceta de Gobierno, “La Ley de Seguridad Social para los
Servidores Públicos del Estado de México y Municipios”, el día 10 de agosto de
2018, apuntó.
Refirió que “La Seguridad Social es un sistema general y
homogéneo de prestaciones que tiene como finalidad garantizar el derecho humano
a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y
colectivo”.
Destacó que el Issemym, es el tercer instituto de seguridad
social más grande en el país, solo detrás del IMSS e ISSSTE, al aglutinar a 375
mil derechohabientes y casi 60 mil jubilados.
De acuerdo con datos del Instituto los pensionados por
jubilación representan el 73 por ciento del total de pensionados y su salario
es superior al sueldo promedio de trabajadores en activo, expuso Benigno
Martínez.
Pero hoy, por el mal manejo de los recursos, y al ser
presentadas la Ley Issemym a la LIX Legislatura del Congreso local, el día 19
de julio de 2018 por parte del titular del poder ejecutivo, y ser aprobada de
manera fast-trak y que entraría en vigor el 1 de enero del 2019, los
trabajadores se encuentran en grave peligro de perder su derecho a una pensión
bien remunerada, el derecho al acceso a servicios médicos de calidad.
Además del derecho a la seguridad social y económica de sus
dependientes, informó el legislador morenista, pese a que las aportaciones de
los propios trabajadores y de las instituciones del Estado han aumentado de 9
mil 460 millones a 19 mil 555 millones de pesos, entre los años 2012 a 2017.
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