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* En la CDMX se avanza en el tema y el estado de México no camina
* En la congeladora legislativa la iniciativa presentada por los periodistas
* Reconoce el Congreso trayectoria de una treintena de comunicadores

“No tenemos ni Mecanismo de Protección ni ley de Periodistas mientras que el recién creado Congreso de la Ciudad de México, cuenta con una Comisión de Protección a Periodistas", destacó el periodista Juan Hernández. Foto Cortesía.

Red-Accion | Toluca, Edomex, jueves 20 de diciembre de 2018

Es tiempo de reconocer la labor social del periodismo, del derecho de los periodistas a la protección integral, de acceso a la justicia, a la salud, al trabajo, y a todos los derechos que sea pertinente y posible para que la protección sea efectiva, afirmó el periodista Juan Hernández, director de www.legislativotv.com.mx, al hablar a nombre de más de una treintena de comunicadores reconocidos por su trayectoria por el Congreso mexiquense.

Fue enfático en señalar que en el Estado de México “no tenemos ni Mecanismo de Protección ni ley de Periodistas mientras que el recién creado Congreso de la Ciudad de México, cuenta con una Comisión de Protección a Periodistas y realiza un ciclo de foros denominado “Hacia una nueva Ley de Protección a Periodistas. Ahí hay voluntad política para atender a los comunicadores”.

Aquí, subrayó, en “la congeladora del Poder Legislativo del Estado de México se encuentran varios proyectos de ley, uno enviado por el entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas con la finalidad de simular que se unía para legislar por la protección de los periodistas y activistas de los derechos humanos, pero pasaron dos legislaturas donde tuvo mayoría su partido y simplemente no la aprobaron”.

Por ello, recordó el tabasqueño avecindado en la entidad, que fue necesario que los periodistas de la Zona Oriente, del Valle Cuautitlán y del Valle de Toluca, hicieran lo propio para que se legislara a favor de los comunicadores, pero faltó voluntad política para aprobar una ley de Protección Integral de los Periodistas en el Estado de México.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Azucena Cisneros Coss; José Reveles, Premio Nacional de Periodismo 2018; María Godoy y la periodista Ventura Rojas, durante el mensaje de Juan Hernández. Foto Cortesía.

Si vivimos tiempos de transformación, destacó que es el momento de garantizar el trabajo periodístico y la vida de los comunicadores en todo el país y en todas las entidades de la república donde estamos sujetos a la violencia de los funcionarios públicos de todos los colores porque estos creen que los periodistas estamos para elogiarlos, como ha sido costumbre política en este país.

Hizo alusión al momento en que el Senado de la República entregaba la Medalla Belisario Domínguez como reconocimiento al trabajo del periodista Carlos Payán Velver, por su contribución a la libertad de expresión y la democracia en el país, por lo que llamó a que la LX Legislatura impulse el desarrollo democrático de la entidad con una Ley de Protección Integral de los Periodistas; porque ya no tienen derecho a fallarle a la sociedad mexiquense.

“Pedimos que cumplan con su responsabilidad, para que la sociedad se los reconozca y no que los mexiquenses se los reclamen”, espetó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Azucena Cisneros Coss y los diputados Bernardo Segura y Maria Godoy que se encontraban acompañados en el presídium del Premio Nacional de Periodismo 2018, José Reveles y la periodista Ventura Rojas.

Carlos Payán Velver dedicó la presea a los periodistas mexicanos que han sido asesinados en el ejercicio de su labor; escucha el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el acto en el Senado de la República. Foto de Cuartoscuro.

Hernández Jiménez recordó que México es la segunda nación en el mundo más peligrosa para ejercer el periodismo, donde más de un centenar de comunicadores han sido asesinados en este siglo XXI; 49 en el sexenio de Peña Nieto y dos en el actual, ante la vulnerabilidad que viven en todo el país, sobre todo de las agresiones de funcionarios públicos más que de grupos criminales, ya que el 99.2% de los asesinatos de periodistas no se han resueltos.

Dijo que los gobiernos y las instituciones del Estado están obligados a tomar acciones precisas para detener los actos violentos contra la prensa y sus representantes, porque el periodismo es la piedra angular de la democracia, es el vehículo para garantizar el derecho a la información de todos los ciudadanos, de la libertad de expresión de todos los mexicanos que se informan en tiempo real de lo que hacen o no hacen sus gobernantes.

Cuando se ataca a un periodista, destacó, se está atacando también la libertad que tiene un país para conocer y entender su dinámica social, “porque los periodistas somos los investigadores de la sociedad, no los halagadores del gobernante en turno ni aquellos que por consigna sirven a un grupo político. Nos debemos y servimos a la sociedad a la que informamos con puntualidad al hacer la crónica de lo cotidiano”.

Hay que entender que defender el trabajo periodístico es defender la democracia misma y que los gobiernos están obligados a garantizar la libertad de expresión de sus gobernados, respetando y blindando la actividad profesional de los periodistas para darle vigencia al derecho a la información de todos los mexicanos, apuntó.

Periodistas mexiquenses. Foto Cortesía.

Hasta ahora el mecanismo de protección, la fiscalía especializada y la legislación vigente no brindan esa posibilidad, además que algunos gobernantes atentan contra la libertad de expresión, utilizando el poder judicial a su servicio, para crear delitos como el supuesto “daño moral” y judicializar así la actividad periodística que no le agrada y exigir a cambio millones de pesos como reparación de su “imagen”.

Cuestionó si habrá acaso un gobernante que acepte una consulta pública sobre su imagen y crea que saldrá impoluto en los resultados, porque hasta ahora el descrédito de la clase política es tal, que están reprobados de antemano.

“Quien podría asegurar que los señalamientos periodísticos sobre el actuar de los actores políticos se puede calificar de daño moral alguno, cuando es nuestra obligación como periodistas, informarle a la sociedad quiénes son, qué hacen, qué realizan, porqué lo hacen, para qué y si su actuación corresponde a la responsabilidad que asumió al ser electo o es contraria a los intereses de sus gobernados”.

Porque en el imaginario colectivo lo que permea es la percepción de que son los gobernantes los que quedan a deber a la sociedad, los que con sus políticas públicas han dañado al país con el saqueo de recursos públicos como la “Estafa Maestra” en la que muchos estuvieron involucrados, concluyó.







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