La tipificación de esta conducta, hasta ahora ausente en el marco jurídico estatal, pretende desincentivar una práctica arraigada en las corporaciones de seguridad y procuración de justicia: OMV
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| Centro de Readaptación Social en el Estado de México, el 20 de octubre de 2014. Foto Archivo. |
En el estado de México más de 30 mil personas inocentes
permanecen privadas de su libertad en las 22 prisiones estatales de la entidad
debido a que se criminaliza a personas sin pruebas sólidas, muchas veces como
resultado de corrupción policial, venganzas personales o cuotas de detenciones
impuestas a ministerios públicos. En ese sentido, y de acuerdo con lo informado por el legislador
local mexiquense Octavio Martínez Vargas el pasado 8 de septiembre, presentará una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México con la
finalidad de tipificar un nuevo delito: su fabricación, la fabricación de
delitos.
La propuesta busca dar un giro histórico al sistema de
justicia mexiquense, y su reforma plantea sancionar no sólo a quienes manipulan
pruebas o elaboran expedientes falsos, sino también a quienes instruyen o
autorizan la fabricación de delitos.
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| Legislador Octavio Martínez Vargas. |
Los "pagadores"
Según datos del Inegi y
la Secretaría de Seguridad estatal, son alrededor
de 30,000 personas privadas de la libertad (PPL) que se encuentran en sus más de 30 centros carcelarios
estatales, toda vez que el estado de México congrega el sistema penitenciario
más grande del país.
Sistema que de suyo exhibe una crisis de justicia, medios de
información han dado cuenta y entes defensoras y agrupaciones de derechos humanos
denunciado, que enfrenta graves acusaciones de injusticias: detenciones
arbitrarias, fabricación de delitos (como ya se citó), tortura para obtener
confesiones y un uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa, que encarcela
a personas sin sentencia ni prueba de culpabilidad. Datos recientes, a nivel
nacional, apuntan que en México, “el 41% de las PPL no tienen sentencia (52% en
el caso de mujeres), por lo que presumiblemente son inocentes por ley”, pero siguen
presas mientras se "investiga".
La referencia citada en las primeras líneas, “cuotas de
detenciones impuestas a ministerios públicos”, de acuerdo con lo documentado,
en el estado de México se agrava “por la presión para cumplir cuotas de
detenciones, heredadas de gobiernos anteriores como el de Eruviel Ávila Villegas
(2011-2017), donde se incentivaba a fiscales a resolver casos rápidos, incluso
con inocentes”, y donde ocupa otro papel central la tortura como, entre otras
referencias, lo describe el reportaje de Pié de Página de mayo de 2024, “Tortura
y fabricación de delitos, el calvario de ser un preso en el Estado de México”, y
de notas que de a poco van dando cuenta: “Cárceles del estado de México,
atestadas de inocentes con delitos fabricados: ONG” (La Jornada, marzo 2020). También
en este periodo, en junio de 2014, el “Caso Tlatlaya” atrajo los reflectores
locales y de medios internacionales por la tergiversación de los hechos
(video).
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| Supervisión, 2014. |
“Falsos positivos”
Informaciones refieren que organizaciones como el “Centro de
Derechos Humanos Zeferino Ladrillero”,”Haz Valer Mi Libertad” y “ASILEGAL
(Asistencia Legal por los Derechos Humanos)”, documentan cientos de casos en territorio
mexiquense donde sectores pobres y vulnerables son "pagadores" el denominador
común, especie de sustitutos de los verdaderos culpables, y para inflar
estadísticas de combate al crimen. Similar a lo ocurrido en el periodo de la
"guerra contra el narco" entre 2006-2012: a todos los detenidos, inocentes,
inculpados, asesinados les llamaron “falsos positivos”.
Informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos apuntan
que un alto porcentaje de las detenciones presentan irregularidades en su
debido proceso: detenciones arbitrarias, falta de pruebas científicas,
confesiones obtenidas bajo tortura o testigos fabricados, y colectivos como “Presunción
de Inocencia” y de Derechos Humanos insisten que el sistema penal en la entidad
se ha convertido en un mecanismo de castigo ejemplar sin pruebas suficientes, con
víctimas que en su mayoría son jóvenes, mujeres y personas en situación de
vulnerabilidad, y casos donde se daña más a pobres, indígenas y mujeres.
La propuesta legislativa
El planteamiento, publica un medio, señala
que la reforma se propone en un contexto de alta desconfianza institucional,
donde 70 por ciento de los mexiquenses desconfía de la policía y el 63 del
sistema judicial, de acuerdo con encuestas del Inegi, sin embargo, de
aprobarse, el Edomex sería pionero en legislar contra esta práctica, abriendo
la puerta a su aplicación en otros estados.
Básicamente, la iniciativa de Martínez Vargas busca que los
responsables de estas prácticas, sean agentes ministeriales, policías
investigadores e incluso jueces, puedan ser procesados penalmente por fabricar
delitos. La tipificación de esta conducta, hasta ahora ausente en el marco
jurídico estatal, pretende desincentivar una práctica arraigada en las
corporaciones de seguridad y procuración de justicia. ©
Caso Tlatlaya
Ra
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