El legislador Octavio Martínez propuso establecer que el delito de usura lo comete quien otorga préstamos de dinero, bienes o servicios, cobrando intereses o contraprestaciones desproporcionadas; una de sus modalidades es la práctica de los “préstamos gota a gota”
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| Legislador Octavio Martínez Vargas. Su propuesta sobre usura incluye que el delito también lo comete quien se aproveche de la ignorancia, inexperiencia, miseria o necesidad de otra persona. |
Toluca, Edomex. Para
combatir la explotación financiera informal y fomentar el acceso a mecanismos
legales y regulados de crédito y financiamiento, el diputado morenista Octavio
Martínez Vargas propuso considerar la usura
como delito, un delito específico, pues se trata de préstamos con cobro de
intereses excesivos y desproporcionados, generalmente bajo condiciones opacas,
injustas y carentes de regulación.
Este delito, aseguró el legislador, tiene como una de sus
modalidades lo que popularmente se conoce como “préstamos gota a gota”.
Por lo anterior, la iniciativa para reformar el Código Penal
estatal plantea que comete el delito de usura quien, con o sin simulación de
actos jurídicos, otorgue préstamos de dinero, bienes o servicios, cobrando
intereses o contraprestaciones notoriamente desproporcionadas, que excedan de
manera manifiesta las tasas permitidas por el Banco de México o las condiciones
usuales en el mercado formal.
También cometerá el delito quien, valiéndose de la suma
ignorancia, notoria inexperiencia, extrema miseria o necesidad de otra persona,
obtenga de éste ventajas usurarias mediante contratos, convenios o documentos
civiles o mercantiles, en los que se estipulen intereses o beneficios excesivos
en perjuicio de la persona deudora.
La propuesta destaca que, tipificar esta práctica, permitirá
visibilizarla como una forma singular de abuso económico; facilitará la
investigación, integración de carpetas y judicialización de los casos; y
fortalecerá la protección de personas en situación de vulnerabilidad, como
mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, indígenas o en situación de
pobreza.
Al presentar la iniciativa, el legislador de Morena destacó
que muchas personas se ven obligadas a recurrir a sistemas de crédito informal
debido a la desesperación económica, la escasa disponibilidad de servicios
financieros regulados y la falta de mecanismos de protección institucional
eficaces. Esta realidad expone a los sectores más vulnerables a prácticas
abusivas que refuerzan el ciclo de deuda y exclusión social.
En muchos casos, añadió, la relación crediticia informal
puede derivar en actos de coacción, retención de documentos, amenazas, intimidación
y violencia, con el fin de forzar el pago de las obligaciones contraídas.
Como ejemplo de lo anterior, acusó que esto se observa en
Ecatepec, donde se han documentado préstamos que inician con dos mil pesos y
terminan quitando la factura de un vehículo a la persona deudora, o préstamos
de 20 mil pesos que terminan quitando a alguien su patrimonio o sus inmuebles,
a sus hijos, como dieron cuenta medios de comunicación en el caso de Fernandito
(menor de cinco años que fue asesinado este agosto, en el municipio de La Paz,
presuntamente por una deuda de mil pesos de su madre).
La propuesta del legislador Martínez Vargas incluye esta
figura en el capítulo que tipifica el fraude, un delito que actualmente se
sanciona con penas de hasta 12 años de prisión y 300 días multa. ©
Ra
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