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* Urge su atención ya que PJEV ha sido omisa en hechos de desaparición de periodistas, y en muchos sucesos su actuación ha sido deficiente  


Sánchez Cerezo escribe y es fotógrafo para el semanario “La Unión”, de su propiedad; se distribuye en las congregaciones pertenecientes a Medellín, entre ellas Puente Moreno, El Tejar y la propia cabecera municipal; la zona donde ejerce sus labores son entre Boca del Río y Veracruz. Foto: Internet
Redacción | sábado 3 de enero de 2015

México, D.F.- La Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) A.C. solicitó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga de inmediato el caso del secuestro del periodista  Moisés Sánchez Cerezo, ocurrido el pasado viernes en el municipio de Medellín de Bravo, en el estado de Veracruz. 

Este organismo civil (CDP), integrado por periodistas y abogados, considera  de urgente necesidad  que la FEADLE atraiga el caso, ya que la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz en otros casos de desaparición de periodistas, se ha mostrado omisa y en muchos casos sus actuaciones han sido deficientes como  ocurrió en las investigaciones  por los homicidios de la corresponsal de la Revista Proceso, Regina Martínez y de Gregorio Jiménez de la Cruz. 

La decena de periodistas asesinados durante los últimos años, así como los casos de desaparecidos y los múltiples agravios que enfrentan  periodistas en esa entidad,  son la evidencia de que la seguridad e integridad física de periodistas y de toda personas que ejerce su libertad de expresión no se encuentran dentro de las prioridades de las autoridades estatales. 

Además, la Casa de  los Derechos de  Periodistas A.C. hace un llamado a organismos internacionales defensores de derechos humanos y en particular de la libertad de expresión a  que emprendan  acciones para pedir al Estado mexicano cumpla con sus compromisos internacionales para garantizar la seguridad de periodistas, 

El secuestro del periodista Moisés Sánchez Cereso, en el municipio de Medellín de Bravo, en el estado de Veracruz, es una nueva afrenta a los derechos de periodistas en México, cuyo ejercicio debe ser garantizado por el Estado mexicano, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Sexto de la Constitución Política Federal, cuando dice que el Derecho a la Información será garantizado por  el  Estado.

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