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* Terminar con el pacto de impunidad y fortalecer municipios
* Urge Sistema Nacional Anticorrupción: Jorge Luís Preciado
* No ceder a presiones de la delincuencia en las elecciones


Domingo 25 de enero de 2015

Para que México avance, hay que terminar con el pacto de impunidad entre gobernantes y dirigentes políticos, demandó la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, quien llamó a todos los actores a realizar una defensa del municipalismo ante los embate que quieren terminar con el 115 y con el pacto federal.

La defeña fue clara en señalar que no se quiere aceptar que se lleva al Estado Mexicano al “Estado fallido”, ya que se pretende endosar al municipio toda la ineficiencia, corruptela e inseguridad que tienen en la miseria a millones de mexicanos.

Destacó la legisladora del Sol Azteca que con el regreso del PRI a Los Pinos, es necesario restituir al Estado y sus instituciones la fuerza para actuar contra los males que aquejan a los mexicanos y advirtió que el país vive una situación de emergencia nacional causada por el gobierno y sus aliados.

“El regreso del PRI al gobierno federal significa la regresión del proceso democrático y el ensanchamiento de las desigualdades, así como la vulneración de los derechos fundamentales al amparo del poder”, afirmó.

Para Alavez, el PRI y sus aliados no han traído el progreso y bienestar que prometieron al país sino, por el contrario, han colocado a millones de mexicanos en la precariedad económica, la falta de empleo, la inexistencia de oportunidades de desarrollo y la inseguridad.

Al presentar las conclusiones de los trabajos legislativos de los diputados de IDN, reclamó al partido gobernante el defender exclusivamente intereses de las grandes empresas, nacionales y extranjeras, para lo cual se ha valido de figuras contrarias a la Constitución, como el Pacto por México.

En este pacto, aseguró, se incubaron las llamadas “reformas estructurales” que no son otra cosa sino, como reconocen los economistas neoliberales, la creación del “ambiente de negocios” para provecho de unos cuantos, es decir, la eliminación de derechos laborales, ambientales y humanos, entre otros, para garantizar ganancias a unos cuantos grandes empresarios.

“La imposición y el mayoriteo han sido la fórmula con la que han prosperado estas reformas que han sido hechas a espalda de los mexicanos, ya que detrás de las campañas publicitarias del gobierno, onerosas y plagadas de mentiras, se esconden millonarios negocios que sólo benefician a unos cuantos”, denunció.

Así, cada “reforma estructural” representa un nuevo negocio y conlleva más tráfico de influencia a partir de la explotación de la riqueza nacional.

“La Casa Blanca, los lujos de líderes sindicales y la injusticia en casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando y la Guardería ABC, son sólo muestra de la descomposición del estado mexicano, incapaz de poner un alto al pacto de impunidad que impide el desarrollo nacional”, puntualizó.

Consideró inaceptable que, en el marco de este pacto de impunidad, no se quiera investigar la participación de elementos del ejército en la ola de masacres que azota al país.

“Incluyan al Ejército en estas investigaciones, dejen de opacar la información. Los mexicanos y mexicanas tenemos el derecho de conocer la verdad, de saber quiénes están detrás de toda esta masacre que vive el país. No podemos resignarnos a que México se convierta en una gran fosa donde sólo encontremos cuerpos sin justicia y sin verdad”, exigió.

CONTRA LA CORRUPCIÓN

Para los bicolores hay que redoblar el impulso de cambio de rumbo que requiere el país, a través de su agenda legislativa de reformas estructurales y la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, aseguró el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez.

El colimense coordinador de la bancada del PAN, dijo que lo prioritario es el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, por tratarse de la principal demanda de los ciudadanos.

Dijo que los mexicanos coinciden en que la corrupción, la impunidad y la falta de un verdadero Estado de derecho “es el principal lastre del sistema político”.

Hizo notar que en la reunión plenaria del grupo parlamentario, que se llevará a cabo el 29 y 30 de este mes en Los Cabos, uno de los asuntos torales que se abordarán será el relativo a la urgencia de aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción.

Advirtió que Acción Nacional defenderá su iniciativa anticorrupción porque representa el sentir de la sociedad y está encaminada --como no lo establece la propuesta del PRI-- a limpiar a las instituciones y poner a los corruptos en la cárcel.

El PAN, afirmó Preciado Rodríguez, “no quitará el dedo del renglón” y “aunque está abierto a toda propuesta que enriquezca la iniciativa, no aceptará menos de lo que México necesita en materia de combate a la corrupción”.

DEBE HABER ELECCIONES

Nadie debe poner en duda que deben organizarse elecciones en aquellas zonas conflictivas del país para que la gente salga a votar el 7 de junio, porque no hacerlo sería una claudicación del Estado mexicano, afirmó Miguel Alonso Raya.

Tal es el caso de Tamaulipas o Tierra Caliente, que abarca partes del Estado de México, Guerrero y Michoacán; “tiene que haber un esfuerzo institucional para organizar la jornada electoral a pesar de las amenazas de la delincuencia organizada”, señaló.

“Quienes plantean que no haya elecciones en estas zonas, le abren camino al autoritarismo y a la permanencia de grupos de interés que representan lo más atrasado o lo más negativo de cada una de esas entidades”, sostuvo.

Para el coordinador del PRD sería grave ceder a la presión de grupos y a las amenazas de la delincuencia organizada de que no haya comicios en alguna entidad; “representaría una claudicación de las responsabilidades que el Estado mexicano tiene”.

Por lo tanto, “el Estado Mexicano debe implementar todas las medidas necesarias para garantizar que las votaciones tengan lugar en Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, y en el resto de las entidades en donde se renovarán gubernaturas, congresos, municipios o delegaciones y asambleístas en el caso del Distrito Federal”, indicó.

“Creo que uno de los factores indispensables para tratar de encontrar un camino de salida a la compleja problemática que enfrentan algunas entidades del país es que haya elecciones democráticas y un cambio de autoridades legitimado por el voto de los ciudadanos”, añadió.

El Instituto Nacional Electoral debe aplicar las facultades constitucionales y legales que le corresponden para organizar la jornada electoral el 7 de junio de 2015, tomando determinaciones claras que no se presten a interpretaciones o dudas de que no habrá elecciones en zonas conflictivas porque eso implicaría ceder a las presiones de la delincuencia organizada o de quienes están interesados en que las cosas se mantengan como están porque así conviene a sus intereses”, sostuvo el del Bajío.

Comentarios a uliseshj@hotmail.com
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