- El diputado de Morena Octavio Martínez Vargas plantea como objetivo durante el foro analizar y proponer reformas a la Ley de Amnistía del Estado de México, escuchando a víctimas, especialistas y organizaciones civiles
- Anunció que presentará una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía, pues el modelo actual tiene fallas que han contribuido al crecimiento de la población penitenciaria: de 18 mil internos en 2015 a 39 mil en 2025
- Reafirma el compromiso del Grupo Parlamentario de Morena, encabezado por Francisco Vázquez Rodríguez, con las víctimas y con el eje de cero corrupción y estado de derecho de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez
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| En el “Foro de Análisis para Reformar la Ley de Amnistía del Estado de México” el diputado Octavio Martínez Vargas enumeró que en los 22 centros penitenciarios de la entidad hay una población de 39 mil personas privadas de la libertad, cifra que se ha duplicado respecto a 2015, cuando ascendía a 18 mil personas. Fotos Especial. |
Toluca, Edomex, (noviembre 17, 2025). Enriquecer un
proyecto para reformar la Ley de Amnistía estatal mediante las aportaciones de
la sociedad civil, la academia, el gobierno, familiares de víctimas y personas
abogadas, es el propósito con el que inició el foro en el que el diputado
Octavio Martínez Vargas (Morena) propuso la creación de una Comisión
Legislativa que compile estas contribuciones y presente un proyecto en enero
próximo ante el Congreso mexiquense.
E, incluso, en el marco de este Foro de Análisis para
Reformar la Ley de Amnistía del Estado de México, el parlamentario puntualizó
que, de ser necesario, también se promoverá una iniciativa para reformar el
marco jurídico federal en la materia.
Justificó la necesidad de la propuesta de reforma debido a las irregularidades existentes en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y en el Poder Judicial, incluyendo la fabricación de delitos, las inconsistencias procesales y los abusos de autoridad.
Además, refirió que en los 22 centros penitenciarios de la entidad hay una población de 39 mil personas privadas de la libertad, ya sea en proceso judicial o sentenciadas, cifra que, aseguró, se ha duplicado respecto a 2015, cuando ascendía a 18 mil personas.
Por otro lado, anunció que también propondrá una nueva Ley
Orgánica de la FGJEM y recordó que, en el Congreso, se ha legislado para
tipificar el despojo como delito
grave, sancionar a los conocidos como “montachoques”
y a la usura -una de cuyas modalidades son los llamados “préstamos gota a gota”-;
la usura, que se integró al Código
Penal además de haber presentado propuestas para sancionar la fabricación de delitos y eliminar el fuero
penal para todas las personas servidoras públicas.
Asimismo, el morenista, reconoció la renovación del Poder
Judicial, la toma de protesta de 30 magistrados, 55 jueces, y la creación del
Tribunal de Disciplina Judicial, que por primera vez podrá sancionar a
magistrados y jueces.
“El eje número uno del plan de desarrollo de nuestra
gobernadora Delfina Gómez es cero corrupción, estado de derecho, gobierno del pueblo
y para el pueblo”, recalcó.
La amnistía, mecanismo para corregir injusticias
Por su parte, José Carlos Neira Cruz, titular del Instituto
de la Defensoría Pública del Estado de México, subrayó que la institución tiene
contacto directo con la mayoría de las personas privadas de la libertad que
buscan amnistía.
Afirmó que la amnistía es un mecanismo constitucional para corregir injusticias, y no un perdón discrecional, por ello, entre las principales fallas detectadas mencionó: falta de defensa técnica adecuada; ausencia de traductores e intérpretes en casos de personas indígenas; prisión preventiva prolongada; mujeres criminalizadas por pobreza, violencia o roles de cuidado no considerados; jóvenes procesados por delitos menores sin garantías plenas.
Neira Cruz, planteó recomendaciones concretas para la reforma como en procedimiento ágil, claro y transparente, el reconocer explícitamente la falta de defensa técnica como causal; ampliar los supuestos de vulnerabilidad; crear un Observatorio de Amnistía con participación interinstitucional y acompañar la amnistía con programas de apoyo psicológico, capacitación laboral y mediación comunitaria. “La amnistía no borra el pasado, pero puede abrir un futuro distinto”, sostuvo.
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| José Humbertus Pérez Espinoza, José Carlos Neira Cruz, Octavio Martínez Vargas, diputada María José Pérez Domínguez y Beda Sarmiento Gutiérrez. |
Por su parte, la activista Beda Sarmiento Gutiérrez, presidenta del colectivo Presunción de Inocencia y Derechos Humanos nacido en prisión en 2016, acusó a los poderes del Estado de México de fracasar en la instalación del sistema penal acusatorio* y permitir un esquema de corrupción que dio origen a miles de falsos culpables.
El peor y más ineficiente modelo
Entre sus señalamientos destacan, que no se constituyó el
servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial, como lo exige
la Constitución, según resoluciones ganadas ante el Infoem; no se instalaron
fiscalías especializadas con operadores de justicia capacitados; procesos
penales sin investigación adecuada, basados en testimonios insuficientes; responsabilidad
del Poder Legislativo, que no supervisó los recursos federales del FASP (Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública) destinados a la implementación del sistema
acusatorio; magistrados sin capacitación adecuada, según otro recurso ganado por
el colectivo, lo que derivó en sentencias confirmadas sin respetar la
presunción de inocencia.
“El Estado de México recibió miles de millones de pesos para
implementar el sistema penal acusatorio y hoy tenemos el peor y más ineficiente
modelo del país”, sentenció.
El fundador del colectivo “Presunción de Inocencia y Derechos Humanos”, José Humbertus Pérez Espinoza, presentó una iniciativa ciudadana para reformar los artículos 1, 16 y 18 de la Ley de Amnistía, que entre sus ejes principales propone:
Que la amnistía aplique también para delitos cometidos
después del 5 de enero de 2021, ampliando el marco actual; integrar un grupo de
expertos nacionales e internacionales que analice cada caso; investigar el uso
de los recursos del FASP por parte de legislaturas pasadas; reconocer
jurídicamente la fabricación de delitos como parte de un patrón estructural; convertir
la Comisión de Amnistía en comisión ordinaria, no especial, con responsabilidad
permanente; establecer que la Legislatura es la autoridad final que otorga la
amnistía, en coherencia con la Constitución local y federal.
Pérez Espinoza advirtió, “no podemos permitir que estas
reformas se queden archivadas. Las cárceles debieron abrirse hace tiempo para
los falsos culpables”.
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| El diputado Octavio Martínez Vargas propuso la creación de una Comisión Legislativa que compile lo concerniente al la Ley de Amnistía y sus contribuciones, y presente un proyecto en enero próximo ante el Congreso mexiquense. |
Fallas del sistema penal mexiquense
A lo largo del foro, coincidió un mensaje central, las
fallas del sistema penal mexiquense han producido miles de injusticias y deben
corregirse mediante cambios legislativos profundos, supervisión del uso de
recursos públicos y fortalecimiento institucional.
Legisladores, defensores y activistas urgieron a que el
Congreso estatal, la Fiscalía, el Poder Judicial y la Defensoría Pública
trabajen de manera coordinada para garantizar justicia, reparación y revisión
de casos en los que existan indicios de fabricación de delitos.
El debate continuará en próximas semanas con la presentación
de iniciativas formales y con la expectativa de que la nueva legislatura y el
gobierno estatal cumplan el compromiso de cero corrupción y justicia para las
víctimas. ©
Ra
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