El juez del Estado de México que le ha dado 50 años de prisión a la mujer de origen otomí lee su veredicto y afirma que la imputación es “firme y directa”
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| María Guadalupe González Martínez en Temoaya, Estado de México, el 13 de octubre. Ginnette Riquelme Quezada |
Erika Rosete | México
Fotos EL PAÍS / México
- 24 OCT 2025
Domingo 26 de octubre de 2025
La última de las audiencias que María Guadalupe
Martínez enfrentó
por el delito de secuestro, ha sido, en apariencia, la más respetuosa a sus
derechos y la más considerada a su persona. Ha durado más de seis horas, ha
contado con la presencia, incluso, de dos traductoras de lenguas indígenas, y
durante la sesión se han pronunciado más de dos veces las frases:
“interculturalidad”, “perspectiva de género” y “pueblos indígenas”. El juez,
convencido de que su decisión responde al más estricto respeto de las leyes,
sostuvo que la condena de 50 años de prisión para María Guadalupe responde a la
falta de pruebas que avalaran su inocencia y a que la declaración de la víctima
que la denuncia fue “precisa, clara y sin reticencias”. Esto a pesar de que la
principal narrativa de los hechos se hizo por WhatsApp y de los vicios que hubo
en el arranque del caso. Martínez y su defensa tendrán diez días para apelar la
sentencia desde este viernes 24.
No era una audiencia clave, era la lectura de la sentencia
que María Guadalupe Martínez (Temoaya, Estado de México, 48 años) recibió,
sentada al lado de sus abogados y de una traductora de la lengua otomí —su
lengua materna—, en
la que le confirmaron 50 años de prisión y la obligación de darle a la
víctima una compensación por daño moral de 800.000 pesos (43.000 dólares). Sin
embargo, fue una sesión sin precedentes. María Guadalupe ya no estaba sola.
En la sala de juicios, dentro del complejo judicial de
Almoloya de Juárez —ubicado en las afueras de la ciudad de Toluca—, varios
medios de comunicación nacionales, activistas de derechos humanos, y miembros
de la comunidad otomí que acompañaba a Guadalupe, se congregaron en la sala
para escuchar la sentencia del juez Víctor Martín Mejía Hernández. Aunque la
solemnidad del recinto, lleno de guardias de seguridad, impone al público, a
ratos, la formalidad y la gravedad del caso se ven interrumpidos por el ruido
de afuera, en el que se distingue una voz femenina que grita: “¡Justicia para
Lupita! ¡Lupita es inocente!”, secundada
por decenas de personas agolpadas en la entrada.
Llegaron cerca del medio día y, sin importar el sol
abrasante, se apostaron con pancartas de colores para respaldar y arropar a
Guadalupe, que, motivada por las muestras de cariño, se plantó firme en las
escaleras del juzgado para alzar el puño y defender su inocencia. Entre los
asistentes estuvieron varios rostros clave en la historia del activismo y de la
defensa por los derechos humanos.
Lorena Gutiérrez, madre
de Fátima Quintana —una niña de 12 años asesinada en Lerma, en 2015—
ha aparecido en los juzgados para apoyar a María Guadalupe. También Carmen
Sánchez, sobreviviente de un ataque con ácido por parte de su expareja
en 2014, quien, además, ha acompañado a Guadalupe desde el principio del
proceso legal, cuando la mujer que la denunció por secuestro, también interpuso
otras carpetas de investigación como la de abuso sexual y tentativa de
feminicidio, ambos, presuntos delitos de los que Guadalupe ya fue absuelta.
Entre los presentes está Michelle Gaytán, periodista y
activista del Estado de México que se acercó al caso cuando descubrió que el
funcionario del Ministerio Público que se encargó de hacerle todas las carpetas
a María Guadalupe, fue el mismo que estuvo detrás de su detención irregular el
6 de noviembre de 2024, cuando intentó recuperar a su hijo, sustraído por un
familiar. “Acudí al domicilio donde lo tenían retenido, llamé a la policía de
género para pedir ayuda y gracias a Amaury [Raúl Amauri Velázquez Jaimes]
terminé detenida. No tomó mi declaración ni aceptó mis pruebas, gracias a eso,
no solo no se resolvió la situación de mi bebé de en ese entonces un año, sino
que le dio oportunidad a la sustractora de esconderlo mientras metió demanda
por custodia en juzgados”, relata.
Elementos de prueba
De acuerdo con lo dicho por el juez Martín Mejía Hernández,
en su larga y detallada lectura de la sentencia a María Guadalupe, la mujer que
la acusa, la presunta víctima de este secuestro, ha logrado lo que miles
de mujeres en México no han podido: ser creídas desde el principio, y
tomar como válida su denuncia, sin cuestionar ninguno de los elementos que la
conforman.
Basándose en conversaciones de WhatsApp que
la mujer sostuvo con su pareja, antes y después de su atraco, la tarde del 17
de junio del 2022, el juez ilustra a detalle lo vivido por la víctima: de
camino a su casa, tomó un autobús del transporte público que iba muy lleno. Un
hombre desconocido le puso una pistola en la espalda y la obligó a bajarse con
él. La subieron a un coche y la llevaron a lo que parece ser una casa de
seguridad.
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| Brazalete electrónico de su tobillo de Guadalupe González. Ginnette Riquelme Quezada |
Ahí, la víctima asegura que tres hombres ejercieron violencia física, verbal y sexual en su contra y que le ataron las manos y le cubrieron los ojos. Mientras, sostenían llamadas telefónicas en donde los presuntos agresores le decían a una mujer que se apurara, que no tenían todo su tiempo. Al llegar al lugar, la presunta agresora comienza a decirle que su esposo “le hace más caso a ella que a sus hijos”, y que ahora sí va a recibir su merecido.
El juez Mejía Hernández, ha descrito la escena, los diálogos
y hasta los emojis y las fotos que presuntamente se enviaron
desde el teléfono de la víctima al de su pareja, donde aparece desnuda y
amarrada a una silla. Solo hasta que la víctima es cuestionada sobre si ha
reconocido a María Guadalupe por la voz, ella dice que la vio por unos
momentos, “a unos 30 o 40 centímetros” de distancia. Más tarde, los presuntos
agresores la dejan abandonada en un predio cerca de la casa de Guadalupe.
Durante más de tres horas, las que dura presuntamente el
secuestro, los agresores sostienen una conversación por chat con la pareja de
la víctima desde el celular de la mujer para amenazarlo. En esa conversación
los hombres le dicen que quieren dinero y que aunque Guadalupe les dijo que la
mataran, ellos pueden obtener más dinero por dejarla viva.
El móvil registra tres horas de conversación, sin que el
hombre saliera de su lugar de trabajo o avisara en ese lapso a alguna autoridad
sobre lo que estaba ocurriendo. El celular le fue devuelto a la mujer y desde
ese mismo aparato, ya en la tarde noche, ella le compartió finalmente su
ubicación.
Los peritajes
Peritajes citados por el juez Mejía Hernández, arrojan
que las
heridas de la víctima son reales, que su cuerpo muestra signos de un
daño reciente, pero que se trata de heridas que tardan en sanar no más de 15
días. Otro análisis ha declarado que las heridas fueron autoinfligidas, pero el
juez las ha desechado. La policía de investigación, según ha explicado el
letrado, ha hecho un recorrido con la víctima por cada lugar por donde pasó el
día del secuestro. Todo lo relatado por ella en compañía de los policías, se ha
dado por cierto. No hay en este caso testigos, ni menciona pruebas de cámaras
de video u otros recursos.
A María Guadalupe y a su defensa —que inicialmente fue
llevada por un abogado de oficio y que ahora asume la abogada Gabriela Amores—
el juez Mejía Hernández les ha reprochado no haber solicitado y presentado ante
el tribunal la geolocalización de su teléfono móvil, por ejemplo, o las
imágenes de las cámaras de seguridad de los lugares por donde ella asegura
haber estado el día de los hechos. Es decir, imágenes o más testigos que
comprobaran que ella salió de casa por la mañana hacia su trabajo, en una casa
donde se desempeñaba como empleada doméstica, y que comprobaran que salió por
la tarde y que fue directamente con su familia.
En una larga lista de cosas que ella y su abogado de oficio
pudieron haber presentado para verificar su inocencia, el juez reprochó que
pudo haber tenido más testimonios de vecinos (solo presentó el de un albañil
que la vio unos momentos). También, en tono de reproche, le dijo a María
Guadalupe que no era necesario que constantemente se refiriera a su condición
de mujer al
pedir perspectiva de género en su caso: “Usted lo ha pedido ya varias
veces, la víctima también es mujer, y solo lo ha dicho una vez”, dijo.
La audiencia de lectura de este jueves, en Almoloya, fue la
segunda sesión en la que María Guadalupe tuvo el beneficio de una traductora,
en un proceso judicial que lleva ya más de cuatro años. Antes, el recurso al
que todo miembro de una comunidad indígena debe acceder en México, le fue
negado. En ninguna de las anteriores, según sus abogadas, se puso tanto énfasis
en cuidar sus derechos como mujer y como indígena, como en esta.
Sobre la firma
Es periodista de la edición mexicana de EL PAÍS.
NdeR:
Entregas previas de EL PAÍS, a manera de referencias:
Ra
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