Por considerar su interés público, este medio reproduce el Editorial del periódico mexicano La Jornada que precisa, entre otros puntos, que la “decisión de la fiscalía mexiquense de anular los cargos contra Ruiz Santiago se produjo gracias a la grave indignación social generada por la condena”, y que las autoridades hayan ”revertido esta afrenta contra todas las mujeres que han sido víctimas de agresiones misóginas, (ya que) resulta injustificable que este proceso se prolongara por más de 24 meses de zozobra e incertidumbre para Roxana”.
Domingo 21 de mayo de 2023
La Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM)
reconoció ayer que Roxana Ruiz Santiago actuó en legítima defensa cuando mató
al hombre que la violó el 8 de mayo de 2021 y, por tanto, se desistió de
ejercer acción penal contra ella. Con el retiro de los cargos por parte del
ministerio público queda sin sustento la sentencia de la jueza Mónica Osorio
Palomino, quien el lunes 15 condenó a Roxana a seis años y dos meses de
prisión; así como al pago de siete mil 748 pesos de multa, 196 mil 267 pesos
por reparación integral de daño, más 89 mil 620 pesos por daño moral tras
declararla culpable de homicidio con la atenuante de uso excesivo de la
legítima defensa.
La historia de Roxana Ruiz compendia las amenazas a que se
ven expuestas las mujeres en una sociedad que está muy lejos de erradicar la
violencia machista. Mujer indígena, cuando tenía 15 años Roxana migró desde
Pinotepa Nacional, Oaxaca, al municipio mexiquense de Ciudad Nezahualcóyotl,
donde se ganó la vida como vendedora y padeció maltratos del padre de su hijo.
También allí fue procesada penalmente sin consideración a los protocolos sobre
víctimas de violencia sexual que debieron aplicarse en su caso, y pasó nueve
meses en la cárcel pese a que los cargos que se le formularon no justificaban
esa medida preventiva.
El calvario que ha sufrido la joven durante los pasados dos
años puede leerse también como un recuento de las fallas del aparato de
procuración de justicia en general, y del Poder Judicial en particular. En
2021, se le dictó prisión preventiva oficiosa de manera equivocada y, aunque su
defensa demostró la imposibilidad de que se fugara, pusiera en riesgo a los
testigos o a la familia de su violador, permaneció recluida porque un tribunal
impugnó la resolución de un juez de control, quien ya previamente ordenó que
siguiera su proceso en libertad. La aberrante sentencia de la jueza Osorio
Palomino habría devuelto a Roxana a un centro penitenciario, con consecuencias
devastadoras para su propia vida y la de su hijo de cuatro años.
La decisión de la fiscalía mexiquense de anular los cargos
contra Ruiz Santiago se produjo gracias a la grave indignación social generada
por la condena. Si bien cabe congratularse de que las autoridades hayan
escuchado el clamor de justicia y revertido esta afrenta contra todas las
mujeres que han sido víctimas de agresiones misóginas, resulta injustificable
que este proceso se prolongara por más de 24 meses de zozobra e incertidumbre
para Roxana. Más inquietante todavía es la sospecha de que en las prisiones del
país hay otras mujeres en situaciones análogas a la de la joven oaxaqueña,
quienes hasta ahora carecen de perspectivas de escapar de tan terribles
circunstancias porque sus casos no han alcanzado resonancia mediática y
política.
Lo ocurrido con Roxana Ruiz no debe caer en el olvido, sino
motivar a una revisión profunda del funcionamiento de fiscalías y juzgados, así
como impulsar el urgente reforzamiento de las capacitaciones en materia de
perspectiva de género para los funcionarios en cuyas manos se encuentra la
libertad de miles de personas. ©
Ra.
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