Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el despojo es uno de los delitos más denunciados en materia civil y penal: Emma Laura Álvarez
Toluca, Edomex. Durante
el análisis de tres iniciativas para tipificar el despojo como delito grave y
establecer agravantes, diputados de la Comisión de Procuración y Administración
de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense, lamentaron que los tres poderes
tengan una deuda con la ciudadanía en la atención al delito.
El morenista Octavio Martínez Vargas, uno de los
promoventes, reprochó que no haya personas presas por esta conducta, pese a que
al día se abren 14 carpetas de investigación. Después del bienestar de su vida
y su familia, la población busca que haya seguridad y certeza jurídica con sus
bienes más preciados, externó.
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Emma Laura Álvarez Villavicencio, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. |
En el análisis, la legisladora Selina Trujillo Arizmendi, de la fracción guinda, señaló que el delito carece de castigo adecuado. En la Ciudad de México la sanción alcanza 10 años de prisión, en Veracruz y Puebla de 10 a 15 años, mientras en Nuevo León son siete años.
Miriam Silva Mata, del Partido Verde, aseguró que se refleja
la debilidad en el Estado de Derecho porque no se cuenta con un marco jurídico
fortalecido.
La panista Emma Laura Álvarez Villavicencio, presidenta del
órgano colegiado, externó que según la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México (FGJEM), el despojo es uno de los delitos más denunciados en materia
civil y penal.
Ruth Salinas Reyes, del partido naranja, solicitó acordar un
número de años de prisión y acelerar la dictaminación de las iniciativas.
Ana Yurixi Leyva Piñón, del Partido del Trabajo, mencionó
que la legislatura debe actuar con responsabilidad, sensibilidad y compromiso.
LAS TRES INICIATIVAS
El 23 de abril fue presentado el planteamiento de Octavio
Martínez, que pretende incorporar como agravantes que el delito se cometa
contra personas adultas mayores, que sea cometido por servidores público, con
uso de la fuerza, forzando cerraduras, en ausencia de la familia o con el uso
de documentos apócrifos.
Además, considera 48 horas para que el Ministerio Público
solicite al juzgado de Control, la restitución del inmueble al propietario que
se encuentre en el Registro Público de la Propiedad.
El mismo día, la bancada de MC se pronunció por penas de
hasta 25 años de prisión, cuando se trate de inmuebles privados, destinados a
la vivienda o a la explotación agrícola, ocupados por personas adultas mayores,
mujeres, indígenas o en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa de José Miguel Gutiérrez, fue ingresada el 1
de mayo. Propone establecer sanciones sin importar si el derecho a la posesión
de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa; también, elevar sus penas
hasta 17 años de cárcel para quienes dirijan la invasión y para las personas
autoras intelectuales. ©
Ra
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