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Foto Vía Libre.

DESLINDE

·       Alberto Witvrun

Diariovialibre.com.mx, (29 agosto, 2023). El paquete legislativo anticorrupción enviado a la 65 Legislatura local por el Ejecutivo por sus efectos son las leyes más relevantes de lo que va de la administración porque pone en blanco y negro bases para erradicar a empresarios consentidos al tiempo de ampliar las posibilidades de que un mayor número de empresas y proveedores puedan competir por obras, adquisiciones y servicios.

Este compendio de leyes impide teóricamente esquemas o redes de corrupción que beneficiaron en la obra pública a unos cuántos bajo la consigna de financiar proyectos políticos lo que representaba un alto costo para la operación del gobierno estatal y la población recibía mala calidad en servicios mientras las obras no cumplían con las especificaciones que se esperaba.

Así operó el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (Inhife) con Antonio Díaz Zenteno “constructor consentido” del gobierno anterior a quien el anterior titular Enrique Azpeitia Medina entregó más del 60 por ciento de la obra del sector educativo contando con la complicidad del secretario de Obras José Menses Arrieta y del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Octavio Solís Cerón.

Estructura que parecía repetirse con la intervención del titular del Inhife Félix Brambila Mendoza en la elección de Juan Carlos Nava Rubio como presidente de la CMIC; también frena especulaciones sobre la influencia del propietario de Celular Milenium y del proyecto inmobiliario y comercial Vía Dorada, Juan Carlos Martínez Domínguez de quien se especula adquirió la franquicia Hidalgo del periódico El Universal.

Este paquete legislativo pone candados a la corrupción con dedicatoria a empresarios y funcionarios para no repetir esquemas con Empresas Factureras de Operaciones Simuladas (EFOS) utilizadas para desviar 617 millones 492 mil pesos a través de ayuntamientos, 140 en la Secretaría de Educación mediante el supuesto rescate de software y adquisición de materiales en la Oficialía Mayor por 28 millones de pesos, más lo que se acumule. ©

Ra.

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