"Así que lo que parecía resuelto y regresaría parte de la estabilidad social a la región, no es caso cerrado, porque aún están pendientes catorce ordenes de aprehensión contra quienes son señalados como cabezas del grupo identificado con..."
OPINIÓN
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| Foto Vía Libre. |
v Alberto
Witvrun
Diariovialibre.com.mx, (15 febrero, 2026).- Cumplidas más de 48 horas de la recuperación
por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (PGJEM) de la planta
matriz de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul en Jasso, Tula de Allende,
Hidalgo, ordenada por un juez, los 31 detenidos enfrenta, acusan exceso y abuso
de la autoridades del ministerio público hidalguense, porque aseguran que 29 de
ellos ya debería estar libres y sólo dos enfrentar cargos por posesión de arma
de fuego.
De nada les valió hacer acuerdos políticos para hacer ganar a los candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 2024, amenazados con una rebelión interna por la postulación a presidente municipal de Tula de Allende, que alentó un frente de fuerzas que utilizaron al Partido del Trabajo (PT) para enfrentar la imposición de quien hoy es un alcalde descalificado por la población.
Además argumentan que mantenían una posesión
“formal, jurídica, pacífica y continúa” de la planta y que nunca fue exhibido o
notificado el mandato judicial y procederán a interponer un juicio de amparo
contra el despojo de sus instalaciones y contra las autoridades mexiquenses que
despojaron de sus derechos a 230 socios cooperativistas.
Así que mientras a los 31 detenidos los acusan de probable
participación en la comisión de hechos constitutivos del delito de resistencia
de particulares, pandilla y portación de arma de fuego cometido en agravio de
la seguridad colectiva, cuando sólo a dos les encontraron pistolas, lo que en
su opinión viola el debido proceso y sus derechos, pero priva lo político sobre
lo legal.
Esta medida lejos de resolver la tensión social en Ciudad
Cooperativa Cruz Azul la agrava porque las familias de los detenidos y quien
simpatiza con el grupo desalojado, prepara movilizaciones de protesta y en este
proceso pueden salir a relucir los acuerdos políticos que sólo mencionan, pero
no explican lo que puede afectar la imagen de personajes del gobierno estatal.
Así que lo que parecía resuelto y regresaría parte de la
estabilidad social a la región, no es caso cerrado, porque aún están pendientes
catorce ordenes de aprehensión contra quienes son señalados como cabezas del
grupo identificado con Guillermo Álvarez Cuevas y jefaturado por Federico
Sarabia Pozo, ambos ya detenidos, así que a esta tragicomedia aún le faltan
capítulos por ver, porque se politiza la procuración de justicia y faltan
todavía batallas en los tribunales. ©
ra
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