MOISÉS SÁNCHEZ RAMÍREZ*
En el curso del actual gobierno, el retorno del PRI al poder, si bien representa un costo político de la violencia criminal, puede resultar mayor para Enrique Peña Nieto que para su antecesor Felipe Calderón, quien pensó en buscar refugio en la teoría de la inevitabilidad de la violencia, es decir, el desmantelamiento de grupos criminales.
Lunes 20 de octubre de 2014
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| Moisés Sánchez Ramírez, profeionista |
En el curso del actual gobierno, el retorno del PRI al poder, si bien representa un costo político de la violencia criminal, puede resultar mayor para Enrique Peña Nieto que para su antecesor Felipe Calderón, quien pensó en buscar refugio en la teoría de la inevitabilidad de la violencia, es decir, el desmantelamiento de grupos criminales. Peña Nieto no tiene esa salida. El objetivo prioritario de su gobierno es la disminución de los delitos violentos, en particular el homicidio, el secuestro y la extorsión, dejando en la impunidad y vacío los feminicidios sistemáticos y otros delitos igual de graves y lacerantes para la sociedad. La violencia, si persiste, va a ser culpa del gobierno bajo Peña Nieto. Durante los primeros meses, trasladaron al gobierno calderonista la responsabilidad por los elevados niveles de violencia. Sin embargo, esa explicación se fue desgastando con el transcurso del tiempo. En algún momento del año 2013, dio inicio la “guerra de Peña Nieto”, es decir, los homicidios, secuestros, extorsiones y todo el “Estado de horror” que hoy vivimos son parte de la actual administración. La política de seguridad anunciada hasta ahora tiene plazos largos de maduración. Por ejemplo, para poner en operación la Gendarmería, son necesarios cambios legislativos, modificaciones reglamentarias, adquisiciones o transferencia de equipo, y acondicionamiento de instalaciones, entre otros requerimientos. No hay nada, de hecho, en la estrategia esbozada por el gobierno federal que permita anticipar una mejoría dramática de las condiciones de seguridad en plazos políticamente relevantes, es decir, antes de las elecciones intermedias de 2015.
En algún momento de los próximos meses, se volverá evidente que el gobierno de Peña Nieto va a afrontar los comicios federales con 45,000 homicidios bajo el brazo, por lo menos. En ese punto, probablemente intenten en la administración un viraje discursivo: menos énfasis en la reducción de violencia, más insistencia en indicadores de proceso (número de policías certificados, número de estados con reforma penal concluida, etc.), o bien en métricas relacionadas con el combate a la delincuencia organizada (detenciones, decomisos, erradicación, etc.). A esto le llamo el “bombardeo mediático como distractor de una realidad cruel”. Un viraje de esa naturaleza tendría, sin embargo, un costo evidente. Hablar como Calderónsignificaría validar implícitamente a Calderón o, al menos, su teoría de que había pocas alternativas prácticas a su política de seguridad. Desaparecerían, por definición, las posibilidades de marcar diferencias con las administraciones panistas. Pero no virar, cuando se tienen resultados menos que espectaculares en términos de reducción de violencia, podría ser catastrófico, que tendríamos: socavaría el principal activo priísta, la percepción pública de eficacia, y b) mejoraría, por contraste, la imagen del gobierno previo (y de su partido). Una salida a esa trampa es intentar medidas heterodoxas, como una tregua a la salvadoreña, una desmovilización negociada a la colombiana. Ninguna ofrece garantía de éxito (y todas tendrían múltiples costos asociados), pero al menos abrirían una posibilidad, así sea remota, de mejoría dramática en el corto plazo. No hay, sin embargo, ninguna señal de que los responsables de seguridad del nuevo gobierno estén pensando en ese tipo de alternativas. Otra posibilidad es tratar de modular las expectativas, anunciar desde ya que no se deben esperar grandes resultados durante la primera mitad del sexenio. Eso daría algo de espacio, pero no eliminaría del todo el desgaste de la violencia cotidiana (ante una masacre, por ejemplo, el gobierno no puede decir “aguántenme dos años”) Como el silencio de Tlatlaya Estado de México y los lamentables hechos en Ayotzinapa, con la desaparición de 43 estudiantes normalistas y abollaría aún más de cualquier modo la imagen de ineficacia priísta. ¿Qué tan eficaz puede ser un equipo gobernante si se anuncia incapaz de mostrar resultados concretos antes de la mitad de su gestión de administración? En resumen, la pregunta no es si la violencia va a desgastar al gobierno de Peña Nieto, sino cuánto y qué tan rápido. No lo sé, pero se me figura que buena parte del futuro político, social y económico del país depende de la respuesta.
* Moisés Sánchez Ramírez, actualmente estudia Maestría en Administración Pública, en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás
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