* Que sacarán las reformas contra la corrupción antes de irse
*Tibia posición del gobierno ante asesinato de mexicano en EU
* México un paraíso de las desapariciones forzadas: ONU
Domingo 15 de febrero de 2015
Parece que antes de irse el michoacano Silvano Aureoles empujará la aprobación urgente de un paquete de reformas para combatir la corrupción y erradicar esas prácticas nocivas que lastiman a la sociedad y empeñan el desempeño de la clase política mexicana.
México no puede más, por lo que reiteró su llamado a las fuerzas parlamentarias a cerrar filas en torno a este tema, poner por delante el interés nacional y no retrasar más la aprobación de todo el andamiaje legislativo que implica atacar de raíz la corrupción en México.
“Estoy seguro que con el trabajo meticuloso de todas y todos los legisladores, la sensibilidad para atender las demandas sociales y los casos que el país ha padecido, nos obligará a tener leyes más concretas, efectivas para castigar severamente a quien cometa actos de esta naturaleza”, argumentó el legislador de izquierda.
Recalcó que dedicará todo su tiempo y esfuerzo por garantizar la unidad de todos quienes integran la Cámara de Diputados, a fin de que este tema pueda quedar aprobado a finales de este mes.
“Vamos a hacer todo lo posible. De manera particular, para mí es un tema que tiene la mayor importancia y que nos vamos a meter de tiempo completo, de lleno para que efectivamente se cumplan los plazos avalados por la comisión dictaminadora”, destacó.
“Como presidente de la Cámara, coadyuvaré en la construcción de consensos y los acuerdos, buscando por todos los medios facilitar que esta importante reforma que esperan las mexicanas y los mexicanos, quede aprobada a más tardar el 26 de febrero”, dijo.
“Es lo que nos toca hacer y queremos, con hechos, demostrarles a los mexicanos que estamos comprometidos y ocupados en entregar resultados en esa materia”, agregó.
Incluso, propuso que la Comisión encargada de dictaminar el tema acelere el paso, “si es el 24 de febrero, es una buena fecha.
Estamos muy cerca, entonces, de que concluya en la Cámara de Diputados este proceso legislativo para tener leyes anticorrupción”, enfatizó.
ASESINATO
Ante los hechos suscitados en Estados Unidos, donde policías fusilan prácticamente a un connacional, y que el mundo vio en la red, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Amalia García Medina, exigió que se aplique un castigo ejemplar, con todo el peso de la ley, por el homicidio del mexicano Antonio Zambrano Montes a manos de policías del condado de Pasco, en el estado de Washington.
“El gobierno de México debe levantar su voz con toda energía, yo lo hago a nombre de la Comisión de Asuntos Migratorios aquí en la Cámara de Diputados, exigiendo que no haya impunidad, sino un castigo ejemplar, con todo el peso de la ley en Estados Unidos”, dijo.
García Medina subrayó que no es suficiente con la nota diplomática que emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pues lo sucedido es “un crimen y una violación brutal a los derechos (humanos)”.
“Resulta absolutamente indignante un asesinato como el de este migrante en el estado de Washington y lo que se requiere es una voz enérgica y clara, reclamando que se haga un juicio y que se sancione y no haya impunidad”, insistió.
La zacatecana comentó que un problema relevante con Estados Unidos es que se resisten a reconocer la mayor parte de los tratados internacionales, de instancias que tienen que ver con la calificación de los derechos humanos, aun cuando forman parte de la Organización de las Naciones Unidas.
García Medina subrayó que donde haya una violación a derechos humanos de los migrantes y sus familias, se tiene que levantar la voz y exigir que eso se detenga, pues “antes que migrantes, son personas con derechos, eso es lo que se tiene que hacer valer”.
Insistió en que se debe garantizar el respeto a la integridad y a la vida de las personas.
DESAPARICIONES FORZADAS
Legisladores del PRD, MC y Morena afirmaron que las observaciones a México emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) constituyen una oportunidad para atender integralmente este fenómeno en su trágica dimensión.
Dijeron que como han insistido las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a los derechos humanos, es necesario reconocer el carácter generalizado de las desapariciones forzadas e involuntarias, como hoy afirma el CED. Una muestra de este hecho es el informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en 2014 abrió 315 expedientes por desaparición forzada o involuntaria, que involucran a 436 presuntas víctimas, tan sólo de los casos de los que tuvo conocimiento dicho órgano.
El caso paradigmático, mencionaron, de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada, ha puesto en evidencia la impunidad que favorece a las autoridades que son omisas o indiferentes ante cada caso que se reporta, así como la ausencia de sistemas estadísticos sobre personas desaparecidas y de protocolos obligatorios para emprender la búsqueda inmediata de las víctimas. De continuar esta tendencia, otro caso similar podría ocurrir en cualquier momento.
Los firmantes aseguraron que a lo largo de esta Legislatura han exigido lo que hoy el CED confirma: se necesita una tipificación estricta a nivel nacional y su homologación absoluta a nivel local, instrumentos de búsqueda e investigación, sistemas informáticos y bases de datos para actualizar las tareas de agentes del Estado, así como la aprobación urgente de la competencia del CED para recibir quejas individuales e interestatales.
El carácter generalizado de las desapariciones forzadas entraña la posibilidad de que los casos puedan llegar a la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad, de no ser atendidos en la jurisdicción nacional. Es necesario ajustar el marco legal para cumplir con el Estatuto de Roma y poder establecer una relación adecuada con ese tribunal internacional, como hemos propuesto reiteradamente en el ámbito legislativo.
Por estas razones, Elena Tapia, Roxana Luna, José Luís Muñoz, Roberto López, Ricardo Mejía y Loretta Ortiz, lamentan las actitudes contradictorias del Gobierno Federal, que en su misión a Ginebra manifestó a la ONU disponibilidad a resolver los pendientes en materia de desapariciones, pero hoy las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional rechazan, sin fundamento, el diagnóstico y las propuestas del CED.
Como integrantes del Poder Legislativo, aceptan públicamente las observaciones y se comprometieron a trabajar por su cumplimiento sin ningún pretexto en aras de la justicia, la reparación y la verdad para las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada o involuntaria.
Muchos pendientes tiene ahora México y eso que las expectativas levantadas por el de Atlacomulco eran al contrario. Ver para creer.
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