Miércoles 27 de agosto
Toluca, Edomex. A
20 meses del presunto desvío de 32 millones de pesos en el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México, la Fiscalía estatal mantiene la
investigación estancada: no ha rastreado el destino de los recursos ni ha
citado a declarar a los funcionarios que autorizaron la dispersión bancaria.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, el diputado
Octavio Martínez Vargas, prosecretario de la Comisión de Procuración y
Administración de Justicia, advirtió que la Fiscalía actuó con lentitud y
encubrimiento, pues la operación financiera se realizó mediante token, lo que implica que solo una
persona con facultades contractuales pudo autorizarla.
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Gerardo Becker Ania. |
“No se ha investigado
a qué cuentas llegaron los recursos, cómo se retiraron ni cuál fue su destino
final”, enfatizó.
El legislador señaló que el magistrado Gerardo Becker Ania,
presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, mintió al calificar el
hecho como un “hackeo”, cuando se
trató de una dispersión bancaria con token,
es decir, una operación que solo puede autorizar la persona facultada contractualmente.
En realidad —explicó— se trató de una dispersión bancaria
con todos los registros necesarios: RFC, cuentas, teléfonos, correos y
constancias fiscales.
“El magistrado ocultó un robo al presentarlo como un
ciberataque”, sostuvo.
Martínez Vargas contrastó la falta de resultados en este
caso con la severidad con la que se sanciona a personas por delitos menores:
“Tenemos gente en prisión por robar comida para su familia, mientras 32
millones de pesos se esfumaron sin que nadie responda”.
El diputado también cuestionó que, pese a la reciente
detención de un funcionario identificado como Omar N. por abuso de confianza,
no se ha señalado ni investigado al verdadero responsable de autorizar la
transferencia, ni tampoco al magistrado Becker, quien recomendó al
administrador vinculado en la dispersión.
En este contexto, advirtió que sin justicia en este caso no
podrá consolidarse el eje número uno del Plan de Desarrollo de la gobernadora
Delfina Gómez Álvarez, que establece como prioridad el combate a la corrupción,
el fortalecimiento del estado de derecho y la austeridad.
“Tenemos que ayudar a la gobernadora para que no la engañen.
Y a la Presidenta de la República, a qué no les den otros datos, tiene que
haber justicia contra quienes robaron y desviaron este recurso”, concluyó. ©
Ra