En riesgo de desaparecer garantías individuales con la Ley Reglamentaria al Artículo 29 Constitucional

<h2> * Pretexto para defender elecciones próximas, acallar voces de inconformidad que evidencian el mal gobierno, las desapariciones forzadas, el abuso de poder y la ola de violencia que vive el país: Sandra Luz Falcón, diputada federal</h2> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjREQDRXS_WEOlZlfYm5zgUHV1gIXMXiHxsYN29RZ0fo6GL9kdqKT9e7Mh1vgvITnyBjba8FyN2R7s6hY_65Z3nze71f6hMsMku4VIswlKBB6_rMv_sXWszZElk_vAnP1G1KOJ-Qe5t0Dw/s1600/sandra+luz+falcon-morena-marzo-15.09.15.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjREQDRXS_WEOlZlfYm5zgUHV1gIXMXiHxsYN29RZ0fo6GL9kdqKT9e7Mh1vgvITnyBjba8FyN2R7s6hY_65Z3nze71f6hMsMku4VIswlKBB6_rMv_sXWszZElk_vAnP1G1KOJ-Qe5t0Dw/s640/sandra+luz+falcon-morena-marzo-15.09.15.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">La diputada Sandra Luz Falcón Venegas consideró inadmisible el proyecto de decreto ya que conlleva el peligro de “caer en una dictadura”, donde el presidente de México decida qué ciudadano representa un riesgo para la permanencia del Estado y a criterio decida retirar los derechos individuales consagrados en la Carta Magna. <b>Foto Congreso/Captura de video</b></td></tr> </tbody></table> <b>Roberto Acevedo Martínez</b> | lunes 4 de abril de 2016<br /> <br /> <b>TEXCOCO, Méx.</b> La legisladora federal Sandra Luz Falcón Venegas aseguró que el proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional que promovió el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, al otorgar amplia facultad al ejecutivo para suspender o restringir las garantías individuales de connacionales y extranjeros, en el supuesto de un atentado terrorista, “sólo es pretexto para arropar procesos electorales próximos y acallar voces de inconformidad que evidencian el mal gobierno, las desapariciones forzadas, el abuso de poder y la ola de violencia que vive el país”. <br /> <br /> Bajo el argumento de que la nación está en riesgo de una invasión extranjera o un atentado terrorista, el PRD y PRI pretenden fundamentar la concesión de facultades plenas al ejecutivo federal para suspender las garantías individuales a connacionales o extranjeros que considere “Non gratos”, cuando a juicio personal, éste considere que hay “una amenaza excepcional para el Estado” y de esa manera “hacer frente a una situación de emergencia”.<br /> <br /> El proyecto establece que al considerar el ejecutivo que algún grupo de personas pone en riesgo la estabilidad social, la paz pública, en peligro o conflicto a la sociedad, puede decretar “la Ley marcial”, y restringir las garantías individuales, sin embargo en México las condiciones políticas y sociales no se pueden comparar con la situación de los países donde se registraron atentados terroristas, señaló Falcón Venegas.<br /> <br /> La diputada consideró inadmisible el proyecto de decreto de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que conlleva el peligro de “caer en una dictadura”, donde el presidente de México, decida qué ciudadano representa un riesgo para la permanencia del Estado y a criterio decida retirar los derechos individuales consagrados en la Carta Magna. <br /> <br /> No obstante, necesita la ratificación del Congreso, pero como cuenta con la mayoría de los votos al estar en vigencia “El Pacto por México, las fracciones del PAN, PRD; PRI y Verde otorgarían la concesión sin inconveniente”.<br /> <br /> Falcón Venegas refirió que la ley obedece a un tema electoral, donde al PRI ya no le alcanza con la compra de votos con dádivas, con las costosas campañas publicitarias, el dispendio de recursos para formar alianzas en lo obscurito con el PRD, PAN para enfrentar en los comicios a Morena, ahora buscan someter a los opositores con el uso legal de la fuerza pública, pues bastará que el presidente de México considere que estás personas son un riesgo para suspender sus derechos y garantías individuales.<br /> <br /> Y ejemplificó, el proyecto de ley lo envió el PRD al congreso, lo cual comprueba que los políticos perredistas tienen un doble discurso, por un lado, envían desplegados a los medios de comunicación para justificar que están a favor de los derechos humanos y, por otro lado, buscan que se otorguen facultades al ejecutivo para suspender y restringir los derechos humanos y garantías individuales de las personas.<br /> <br /> Además, Sandra Luz Falcón dijo que la ambigüedad de estas definiciones resulta preocupante, toda vez que los supuestos de “perturbación grave de la paz pública” e “inminente peligro, podrían dar lugar a diversas interpretaciones.<br /> <br /> Ejemplificó: una manifestación podría ser considerada como, “perturbación grave a la paz pública” y ser entonces motivo suficiente para restringir o suspender el ejercicio de derechos y garantías.<br /> <br /> En este sentido, la legisladora por la fracción de Morena, observó que esta ley claramente restringe o suspende derechos y las garantías, lleva la finalidad de evitar protestas sociales y restringir o suspender el ejercicio de derechos de asociación reunión, libertad de prensa, derecho de petición, acceso a la información, libertad sindical, derecho a la verdad, es decir el conjunto de libertades civiles que puedan cuestionar el ejercicio del poder.<br /> <br /> Aunque, esta ley está en discusión y todavía no se aprueba por cuestiones de procedimiento, esta Ley Complementaria es preocupante debido a que el entonces gobernador del estado de México y actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, ya la puso en operación en el municipio de Atenco, cuando sin necesidad de orden de cateo o arresto, ordenó a la policía ingresar con el uso de la fuerza a las viviendas de la localidad para realizar detenciones ilegales de personas, y ahora a esta actuación y forma de gobernar le dan legalidad.

En riesgo de desaparecer garantías individuales con la Ley Reglamentaria al Artículo 29 Constitucional

* Pretexto para defender elecciones próximas, acallar voces de inconformidad que evidencian el mal gobierno, las desapariciones forzadas, e...

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México sitiado | John M. Ackerman

<span style="font-size: large;"><br /></span> <span style="font-size: large;">“En la Cámara de Diputados avanza un dictamen para la Ley Reglamentaria al Artículo 29 Constitucional que daría manga ancha al presidente de la República y al Congreso de la Unión para suspender nuestras garantías constitucionales frente a casi cualquier ‘perturbación a la paz pública’ con el fin de establecer la ‘normalidad’ de impunidad generalizada en el país. (…).”</span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_HVpzK6UrKnigtZcrUXN9vsilosjKVa3ggFtrsEdo-Ut-9FtpmKWoYSU-bAVdz0w8YUTIFU4rmNPJnbGg6SADZ6XQb_jKleLihqyE_LNdUiTREyQd4UQxTm9rUsJXDLR5CgNlK1E-fc/s1600/Militares+resistencia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_HVpzK6UrKnigtZcrUXN9vsilosjKVa3ggFtrsEdo-Ut-9FtpmKWoYSU-bAVdz0w8YUTIFU4rmNPJnbGg6SADZ6XQb_jKleLihqyE_LNdUiTREyQd4UQxTm9rUsJXDLR5CgNlK1E-fc/s640/Militares+resistencia.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: x-small;">Militares en resistencia. <b>Foto johnackerman.blogspot.com</b></span></div> <br /> <b>Lunes 4 de abril de 2016</b><br /> <br /> Uno de los aspectos más notorios de los regímenes autoritarios es la utilización facciosa de la ley para reprimir, censurar y controlar a la población.<br /> <br /> El contenido de dos nuevas leyes impulsadas por Enrique Peña Nieto y los partidos del Pacto por México confirma que el actual ocupante de Los Pinos busca consolidar de manera definitiva la política represiva que ensayó en Atenco el 4 de mayo de 2006, cuando fungía como gobernador del Estado de México, y que ha repetido una y otra vez desde su toma de protesta como presidente de la República el 1 de diciembre de 2012.<br /> <br /> Peña Nieto se da cuenta del aumento de la ira social frente a sus fallidas “reformas estructurales”, la crisis económica, la profundización de la corrupción y la expansión de la violencia por todo el país. El presidente mexicano también está sujeto a cada vez más presión de organismos internacionales para frenar tanto la ola expansiva de violaciones a los derechos humanos como los ataques constantes contra periodistas, activistas sociales y políticos.<br /> <br /> Pero en lugar de cambiar el rumbo y resolver el problema de raíz atacando la impunidad criminal enquistada en las instituciones gubernamentales, Peña Nieto ha decidido promover nuevas leyes que legalizarían la crisis generalizada de derechos humanos. Así como las contrarreformas “estructurales” institucionalizaron la corrupción y el saqueo, las nuevas contrarreformas represivas buscan formalizar la imposición de un estado de sitio generalizado en el país.<br /> <br /> En la Cámara de Diputados avanza un dictamen para la Ley Reglamentaria al Artículo 29 Constitucional que daría manga ancha al presidente de la República y al Congreso de la Unión para suspender nuestras garantías constitucionales frente a casi cualquier “perturbación a la paz pública” con el fin de establecer la “normalidad” de impunidad generalizada en el país. De acuerdo con el texto de la iniciativa, ya aprobada por el Senado de la República, se define el concepto “perturbación grave” como un “fenómeno social violento que ponga en peligro la estabilidad o seguridad del Estado o su estructura social, política o económica”.<br /> <br /> Es decir, casi cualquier protesta social, o supuesta amenaza a la autoridad orquestada por provocadores en la nómina de la Secretaría de Gobernación, puede ser motivo para cancelar nuestros derechos más básicos a la libertad de reunión, de protesta y de expresión, así como a la privacidad, a la información, al tránsito y a la comunicación. En otras palabras, en el momento en que Peña Nieto y sus partidos aliados empiezan a sentir que su poder se tambalea, esta nueva ley les permitiría encerrarnos a todos en nuestras casas y cancelar todo servicio telefónico o de internet. Simultáneamente, el gobierno podría establecer un régimen de estricta censura en todos los medios de comunicación, algo ya bastante avanzado en los hechos, así como prohibir las reuniones de protesta e intervenir en todas y cada una de nuestras comunicaciones personales.<br /> <br /> La nueva "Ley Atenco", aprobada por el PRI, el PAN y el PRD en el Congreso del Estado de México el pasado jueves 17 funge como el perfecto complemento autoritario a la ley de estado de sitio promovida en el Congreso federal. La nueva Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México autoriza de manera indiscriminada la utilización de la fuerza pública en casi cualquier situación de protesta social. Por ejemplo, el artículo 7 promueve su uso para garantizar “el orden y la paz pública”, definidos en los términos más abstractos, así como “por estado de necesidad, cuando se realice para salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente”. Asimismo, el Capítulo III de la ley autoriza de manera general emplear la fuerza para el “control de multitudes” y define como una “reunión ilegal” de facto cualquier protesta ciudadana donde se busque “obligar” a las autoridades a resolver en un sentido específico.<br /> <br /> En suma, la “Ley Atenco” está diseñada para acabar con la protesta social, así como para proteger a los elementos de seguridad en caso de cualquier acusación en su contra de parte de los ciudadanos víctimas de sus actos represivos. El contenido de ambas leyes, la del Artículo 29 al nivel federal y la del Uso de la Fuerza Pública al nivel estatal, demuestran el aislamiento cada vez más extremo de la clase política respecto de la sociedad y su necesidad de gobernar estrictamente por la fuerza.<br /> <br /> Y cuando sumamos las recientes confesiones del colombiano Andrés Sepúlveda a la agencia Bloomberg (véase: <a href="http://ow.ly/109ept">http://ow.ly/109ept</a>) sobre su participación en una amplia red de espionaje y fraude electoral durante la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, nos queda claro que la lógica de la fuerza ha sido la característica del gobierno actual desde sus orígenes. El gobierno de Peña Nieto no solamente no es democrático, sino que, a partir de cada revelación nueva sobre los entretelones del funcionamiento de su red internacional de corrupción política, queda más claro que carece de la más mínima legitimidad social o institucional.<br /> <br /> Cada día tendremos más presos políticos atrás de las rejas y criminales en el gobierno si no actuamos juntos, como sociedad unida, con una clara vocación política y electoral, para detener la legalización del fraude y la cancelación de todas nuestras libertades ciudadanas.<br /> <br /> <i><br /></i> <i>Publicado en Revista Proceso No. 2057</i><br /> <br /> (c) John M. Ackerman, todos los derechos reservados<br /> <br /> <a href="http://www.johnackerman.blogspot.com/">www.johnackerman.blogspot.com</a><br /> <br /> <a href="http://johnmackerman/">@JohnMAckerman</a><br /> <div> <br /></div>

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