- El diputado Octavio Martínez Vargas indicó que la reforma plantea y obliga que cada 10 años exista una consulta universitaria para actualizar el marco normativo
- La nueva ley orgánica, luego de 34 años, incorpora el voto personal, directo, libre y secreto de la comunidad para elegir a rector y directivos | Informativa
Red-acciones | jueves 29 de octubre de 2026
Toluca, Edomex. El Congreso aprobó la nueva
legislación que busca actualizar en la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEMex), los modelos de representación y elección de autoridades,
eliminar progresivamente los cobros de cuotas y crear un sistema de ética y justicia
universitaria, ley que expidió las comisiones unidas de la LXII Legislatura
mexiquense con base en las iniciativas de las bancadas de Morena y MC y de la
gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y de la iniciativa que integró la comunidad
universitaria.
Con esto se expide la nueva ley orgánica de la UAEMex, luego
de 34 años, que incorpora el voto personal, directo, libre y secreto de la
comunidad para elegir a la persona titular de la Rectoría y a los directivos de
los espacios académicos.
Sistema de ética
A lo que se sumó un llamado de transparencia en voz del legislador
Octavio Martínez Vargas en referencia a los recursos económicos destinados a la
UAEMex y subrayó que nunca más una “Estafa Maestra” como en la que se
vio envuelta la institución, y sus autoridades.
El dictamen avalado en reunión de
las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual presidió el parlamentario
Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (Morena), incorpora las iniciativas de
los diputados Octavio Martínez Vargas y Gerardo Pliego Santana, ambos de
morena; de la bancada de MC, coordinada por Juan Manuel Zepeda Hernández; y de
la gobernadora (que recoge la propuesta de la propia universidad emanada de un
proceso interno de consulta a estudiantes, personal académico y
administrativo).
El documento establece la creación de un Órgano Electoral
Universitario, un régimen disciplinario y de responsabilidad universitaria, así
como un sistema de bienestar y cuidado universitario.
Durante la deliberación del dictamen, presentado por el
diputado Rigoberto Vargas Cervantes (Morena), Octavio Martínez Vargas destacó
que el ordenamiento fortalece la formación académica del alumnado, fortalece la
transparencia, vincula la institución con la sociedad y aspira a una mayor
cobertura en zona oriente. Mientras que su compañera de bancada, Paola Jiménez
Hernández expresó que el debate central en el tema es cómo seguir impulsando
una educación de calidad.
Sesión OMV
Ante la diputada María del Consuelo Estrada Plata (PT), quien solicitó no olvidar en la nueva legislación la figura de las y los maestros y su investigación humanista, el parlamentario Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) indicó que sin reglas claras se puede abrir la puerta a la discrecionalidad, la inestabilidad y la intervención política en los procesos electivos de la institución.
Por su parte, la diputada Ruth Salinas Reyes (MC) señaló la
ausencia de un tribunal de justicia universitaria y de mayores atribuciones de fiscalización
para el órgano interno de control, por lo que presentó tres reservas al
dictamen para fortalecer sus facultades más allá de la revisión, así como
establecer la obligación del Sistema de Ética y Justicia Universitaria de dar
vista al Ministerio Público cuando se detecten conductas constitutivas de
delito y brindar acompañamiento a las víctimas. Sin embargo, las reservas
fueron rechazadas.
Avanza en comisiones
actualizar la ley de la UAEMex; amplia voto universitario
El proyecto legislativo señala que, en cuanto a la
actualización de los modelos de representación y elección de autoridades, la
persona titular de la rectoría será elegida para un periodo ordinario por
mayoría de votos, mediante sufragio personal, directo, libre y secreto de cada
integrante de la comunidad universitaria, y que los votos se contabilizarán por
sector —alumnado, personal académico y administrativo—, conforme a la
ponderación establecida en el Estatuto Universitario.
Además, establece que el nombramiento será otorgado por el Consejo Universitario, con base en el informe de resultados que presente el Órgano Electoral Universitario. En estos términos también se elegirán las personas directoras de los espacios académicos.
Rectoría
Asimismo, la nueva norma establece como requisitos para
ocupar la rectoría no haber recibido sanciones por responsabilidad universitaria,
disciplinaria o administrativa; no haber sido condenada la persona aspirante,
mediante sentencia firme, por un delito doloso que amerite pena privativa de la
libertad; no estar inhabilitada para el servicio público ni inscrita en el
Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, así como presentar una
propuesta de plan de trabajo universitario. Estos requisitos también serían
aplicables a quienes aspiren a dirigir los espacios académicos.
Igualmente prevé supuestos para la remoción y destitución
del cargo de la persona titular de la rectoría, ausencias o licencias, la
elección o designación de la persona rectora sustituta, así como el
nombramiento de una persona encargada.
En cuanto al Consejo Universitario, máxima autoridad de la
institución, la nueva ley establece que su integración deberá observar el
principio de paridad, entendido como la igualdad numérica entre representantes
del alumnado y del personal académico. Estará conformado por la persona titular
de la rectoría; las personas directoras de facultades, centros universitarios,
preparatorias, escuelas, unidades académicas profesionales e institutos;
representantes de la Asociación Sindical del Personal Académico y
Administrativo titular del contrato colectivo; una persona académica de cada
uno de estos espacios, así como dos representantes del alumnado por cada uno de
ellos.
De acuerdo con esta distribución, el consejo se conformaría
por 223 personas consejeras elegidas por mayoría de votos mediante sufragio
personal, directo, libre y secreto de cada persona integrante del sector de la
comunidad correspondiente.
Gratuidad
Respecto de la gratuidad de sus servicios, prevé que la
eliminación progresiva de los cobros por concepto de inscripción y
reinscripción se realice en términos de la Ley General de Educación Superior.
Para tal fin, la UAEMex conformaría un plan de acción para la transición
gradual hacia la gratuidad de los servicios educativos, sin afectar el
cumplimiento de sus fines ni poner en riesgo sus finanzas.
El Sistema de Ética y Justicia Universitaria, por otra
parte, tendrá como funciones prevenir, conocer, resolver y sancionar, de forma
integral y bajo un marco de ética, mediación, conciliación y justicia
restaurativa, las faltas a la responsabilidad universitaria y las faltas
disciplinarias cometidas por quienes integran la comunidad universitaria, para
lo cual contaría con independencia en su actuación.
En cuanto al Órgano Electoral Universitario, garante de la democracia institucional, tendrá a su cargo la organización, conducción, vigilancia y validación de la legalidad del proceso electoral, en la elección de la persona titular de la rectoría, de las personas titulares de las direcciones de los espacios académicos y de las personas consejeras. Asimismo, podrá encargarse de cualquier otro proceso de elección que el consejo determine.
El régimen disciplinario y de responsabilidades será
aplicable al alumnado, al personal académico y administrativo, así como a
quienes integran los órganos de gobierno de la universidad y el Órgano
Electoral Universitario, conforme a lo establecido en la nueva ley y demás
disposiciones normativas aplicables.
Lo anterior será aplicable siempre que las conductas no
constituyan faltas de responsabilidad administrativa en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, en cuyo
caso se atenderá a lo previsto en dicha ley y las disposiciones aplicables.
Finalmente, el sistema de bienestar contempla la promoción
de la salud física y mental; la seguridad y protección ante riesgos y
violencias; el fomento de la cultura física y el deporte; la alimentación
saludable; la disponibilidad de espacios universitarios adecuados y accesibles;
el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, así como la promoción de
una convivencia respetuosa, inclusiva y libre de violencias.
Conforme al dictamen, el cual será votado de manera
definitiva por el Pleno legislativo, se abroga la ley vigente que data de 1992
y, una vez que entre en vigor la nueva legislación, iniciará un proceso de
transición para dar continuidad a las autoridades universitarias vigentes,
avanzar hacia la gratuidad de los servicios, expedir el nuevo estatuto de esta
entidad, e implementar de manera gradual y acorde a su suficiencia presupuestal
los sistemas, programas y servicios incorporados. ©
ra



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