Representa un referente de autoridad ética y moderación republicana, de coherencia moral y eficacia en la administración pública, así como uso racional y equitativo de los recursos públicos
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| Diputado Octavio Martínez Vargas: La iniciativa plantea reformar el Artículo 147 de la Constitución del Estado de México para cerrar interpretaciones que han permitido asimetrías salariales en poderes, organismos autónomos y ayuntamientos, y reforzar la austeridad republicana y la disciplina presupuestal. |
Toluca, Edomex. El
diputado Octavio Martínez Vargas propuso una reforma constitucional para fijar
un techo salarial en el servicio público mexiquense, con el principio de que
nadie puede ganar más que la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, cuya percepción mensual neta
asciende a 100 mil 404 pesos, de acuerdo con el Sistema de Información Pública
de Oficio Mexiquense, actualizado a 2025.
Especifica de manera importante que establecer un techo salarial en la administración pública estatal representa un referente de autoridad ética y moderación republicana, en momentos en que la ciudadanía demanda coherencia moral y eficacia en la administración pública, así como uso racional y equitativo de los recursos públicos.
En ese sentido, la iniciativa plantea reformar el Artículo
147 de la Constitución del Estado de México para cerrar interpretaciones que
han permitido asimetrías salariales en poderes, organismos autónomos y
ayuntamientos, y reforzar la austeridad republicana y la disciplina
presupuestal.
De ser aprobada por el Pleno legislativo, la iniciativa de reforma a la Constitución local establecerá que las percepciones que, a la entrada en vigor del decreto correspondiente, excedan el monto de la remuneración de la o el gobernador deberán ajustarse conforme a los tabuladores modificados, sin menoscabo de los derechos adquiridos por concepto de antigüedad o de las prestaciones laborales reconocidas en la ley.
Dispone que el Congreso
y los demás poderes públicos (Ejecutivo y Judicial), organismos
autónomos y ayuntamientos adecúen sus leyes, reglamentos y
tabuladores de remuneraciones a lo establecido, dentro de un plazo no mayor a
180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto.
Martínez Vargas señaló
en su propuesta que, en tiempos de desafección política y desconfianza
institucional, la legitimidad del gobierno depende tanto de la eficacia
administrativa, como de la coherencia moral de sus actos, y que el actual
contexto económico y social de la entidad demanda un uso más racional y
equitativo de los recursos públicos.
Además, el legislador precisa que la iniciativa garantizaría la supremacía salarial de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal como límite máximo en toda la administración pública estatal y municipal.
- Evitaría disparidades injustificadas en los tabuladores de remuneraciones
- Fortalecería la disciplina presupuestal y la austeridad republicana
- Alinearía el marco jurídico local con el federal, evitando contradicciones constitucionales, y
- Reforzaría la legitimidad
del servicio público, así como la confianza ciudadana en las instituciones.
Destacó, por último,
que su propuesta da cumplimiento al plan de desarrollo de la gobernadora
Delfina Gómez Álvarez en materia de austeridad, tema que, aseguró, también requiere
de una ley estatal, y en consonancia con lo manifestado recientemente por la
presidenta Claudia Sheinbaum, que las remuneraciones en el sector
público estén sujetas a un tope salarial. ©
Ra
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