red-acciones.mx: hombres y mujeres inocentes

Proponen hasta 24 años de cárcel por condenar a una persona inocente

<ul style="text-align: left;"><li>Con la iniciativa del legislador Octavio Martínez se
tipificaría como delito autónomo la manipulación o falsificación de pruebas en
procesos judiciales</li><li>Servidores públicos como juezas, fiscales, policías o
defensoras públicas tendrían penas de hasta 16 años de prisión si sus actos condenan
a un inocente</li><li>Penas alcanzarían hasta 24 años si los comete una o un
abogado defensor, y si se dicta una sentencia condenatoria contra una persona
inocente</li></ul>

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho5AlDlOn2te_dR2VRiQEiLsZx4IESeq69YLn0jMcGb7YCFyV5bgxjmfJEWWqD2fvE8uDrHv5x-XjMV0kubrmcASWPYQkatMooM1dFfq6pKwaF_SThpzo4zNA9JNLHUmjPafbSCiDeORGjs46EvgIckXIewmTG0BqqyvYkwxZFEmVW8Oe6MerQ9xbLcjE/s1048/4.%20penas_delito-%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="697" data-original-width="1048" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho5AlDlOn2te_dR2VRiQEiLsZx4IESeq69YLn0jMcGb7YCFyV5bgxjmfJEWWqD2fvE8uDrHv5x-XjMV0kubrmcASWPYQkatMooM1dFfq6pKwaF_SThpzo4zNA9JNLHUmjPafbSCiDeORGjs46EvgIckXIewmTG0BqqyvYkwxZFEmVW8Oe6MerQ9xbLcjE/w640-h426/4.%20penas_delito-%201.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) propuso una reforma para tipificar actos de falsificación de pruebas como delito autónomo, y penas más severas cuando estas conductas sean cometidas por personas servidoras públicas.</td></tr></tbody></table>Red-acciones <div>Sábado 27 de septiembre de 2025

Toluca, Edomex.- Por
considerar que hay agentes del ministerio público, así como personas peritas,
policías de investigación y juzgadoras que incurren en falsificación,
alteración o manipulación de pruebas en el ámbito judicial, el diputado Octavio
Martínez Vargas (Morena) propuso una reforma para tipificar estos actos como
delito autónomo, así como establecer penas más severas cuando estas conductas
sean cometidas por personas servidoras públicas.<o:p></o:p>

El legislador propuso penas de ocho años de cárcel a quienes
cometan estas conductas, que alcanzarían hasta los 12 años si se trata de una o
un abogado defensor, y de hasta 24 años si con sus actos se dicta una sentencia
condenatoria contra una persona inocente.<o:p></o:p>

La propuesta para reformar el Código Penal estatal y la Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios,
puntualiza que se impondrán ocho años de prisión, 500 días multa, destitución e
inhabilitación a quienes, con conocimiento de causa y con la finalidad de
incidir en la decisión de un órgano jurisdiccional en el desarrollo del
proceso, realicen actos consistentes en introducir, manipular, falsificar,
destruir, alterar, simular o utilizar de manera indebida testimonios,
declaraciones, dictámenes periciales, actas, registros u otros medios de prueba
documentales.<o:p></o:p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJarq9E0zMTTAHzmQLfDYd1g7EtWVL-uz95KeTsR_ikhOJ-LlnyF7UChs6KiNIJ3SdGYSlBLD_5GzanIRRnZnH7Tg-8IZVAlrrAjc4sG_R2rt_rB9P_9Oiz8cuoFjtoQdugRbUJNRvBJUdrBnizSoBdGeBx3VFgkUAm6np0cWFltEODTmP-CLHqyj-Biw/s760/4.%20penas_delito-%202.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="506" data-original-width="760" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJarq9E0zMTTAHzmQLfDYd1g7EtWVL-uz95KeTsR_ikhOJ-LlnyF7UChs6KiNIJ3SdGYSlBLD_5GzanIRRnZnH7Tg-8IZVAlrrAjc4sG_R2rt_rB9P_9Oiz8cuoFjtoQdugRbUJNRvBJUdrBnizSoBdGeBx3VFgkUAm6np0cWFltEODTmP-CLHqyj-Biw/w400-h266/4.%20penas_delito-%202.jpg" width="400" /></a></div>Estas penas se impondrán cuando se incurra en omisiones que
generen un perjuicio o que confieran a una de las partes una ventaja indebida,
entendida como cualquier beneficio procesal, probatorio o resolutivo contrario
a la ley, al principio de igualdad procesal o a la recta impartición de
justicia, o cuando se retarde o entorpezca maliciosamente, o por negligencia,
la administración de justicia.Sentencia condenatoria contra una persona inocente

La propuesta, presentada este jueves 25 de septiembre, indica que cuando estos ilícitos sean cometidos
por una persona abogada defensora pública, la sanción sería de 12 años de
prisión.<o:p></o:p>

Cabe señalar que, si todas estas acciones descritas provocan
que se dicte una sentencia condenatoria contra una persona inocente, las
sanciones se duplicarán, alcanzando hasta los 16 años de prisión para agentes
del ministerio público, así como personas peritas, policías de investigación y
juzgadoras, y hasta 24 años de cárcel para una o un abogado defensor.<o:p></o:p>VER <a href="https://www.red-acciones.mx/2025/09/las-carceles-del-edomex-estan-llenas-de.html">https://www.red-acciones.mx/2025/09/las-carceles-del-edomex-estan-llenas-de.html</a><o:p></o:p>

También dispone que incurrirá en abuso de funciones la
servidora o el servidor público que realice actos u omisiones que influyan en
las determinaciones judiciales en perjuicio de persona alguna, de conformidad
con el artículo 353 del Código Penal, el cual establece hasta 10 años de
prisión, 150 días multa y la destitución e inhabilitación que corresponda.<o:p></o:p>

En su exposición, Martínez Vargas señaló que, en los 22
centros penitenciarios de la entidad, se tiene una población aproximada de 41
mil personas, entre procesadas y sentenciadas, de las cuales diversas fuentes
calculan 18 mil 450 inocentes víctimas de la fabricación de algún delito.<o:p></o:p>

En este sentido, añadió, la modificación legal dotaría de
certeza a las partes procesales, cerraría espacios para la corrupción, la
manipulación de pruebas o actos indebidos en los procesos judiciales, además de
que protegería de mejor manera el derecho de acceso a la justicia en
condiciones de igualdad.<o:p></o:p>

Reconoció, además, que el Código Penal vigente contempla
diversas figuras relacionadas con la falsedad documental; sin embargo, no
existe una tipificación autónoma y específica que sancione con claridad la
falsificación de pruebas dentro de un proceso penal. ©<o:p></o:p>

Ra<o:p></o:p></div>

Proponen hasta 24 años de cárcel por condenar a una persona inocente

Con la iniciativa del legislador Octavio Martínez se tipificaría como delito autónomo la manipulación o falsificación de pruebas en procesos...

Las cárceles del Edomex están llenas de hombres y mujeres inocentes: Octavio Martínez *VID

<ul style="text-align: left;"><li>Presentó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado
de México y a la Ley de Responsabilidades para sancionar a servidores públicos
que manipulen pruebas, simulen testimonios, fabriquen delitos o entorpezcan
maliciosamente los procesos judiciales</li><li>Desde la tribuna de la LXII Legislatura mexiquense el
diputado de Morena denunció que de los 22 centros penitenciarios con una
población de 41 mil personas, el 45 por ciento (18 mil) de esta comunidad es
inocente</li></ul>

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnKZgV-P9AwDsq7vKuv1ayn3jLnb1Lih4MMY7btXHLrm1x6mlsM1wR6UmX8pS2Fr759r2wYZLz3yG6mflGXDH8k0iE1Z53K8Z4T02RPRMOe5lI8hSVWieSelqEuA1IiEj8ro9SgoKSZ1HR8FSQT0SvEF-PXDuea_OuAiKHdaWldp4pir0hbwPndAWooYU/s1049/omv.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="733" data-original-width="1049" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnKZgV-P9AwDsq7vKuv1ayn3jLnb1Lih4MMY7btXHLrm1x6mlsM1wR6UmX8pS2Fr759r2wYZLz3yG6mflGXDH8k0iE1Z53K8Z4T02RPRMOe5lI8hSVWieSelqEuA1IiEj8ro9SgoKSZ1HR8FSQT0SvEF-PXDuea_OuAiKHdaWldp4pir0hbwPndAWooYU/w640-h448/omv.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Legislador Octavio Martínez Vargas: Se busca disuadir y sancionar una de las formas más graves de corrupción y colapso institucional, y al mismo tiempo proteger los principios de imparcialidad, objetividad y legalidad que deben regir la función jurisdiccional del Estado.</td></tr></tbody></table>Red-acciones <div>Jueves 25 de septiembre de 2025

Toluca, Edomex. (24 de septiembre de 2025).- Octavio
Martínez Vargas, diputado del grupo parlamentario de Morena, al hacer uso de la
palabra en la tribuna de la LXII Legislatura mexiquense, denunció que los 22 centros
penitenciarios con una población de 41 mil personas, el 45 por ciento (18 mil)
de está comunidad es inocente, han sido víctimas  de una fabricación de delito. <o:p></o:p>

El representante popular de Morena, presentó la iniciativa
de reforma al Código Penal del Estado de México y a la Ley de Responsabilidades
para sancionar a servidores públicos que manipulen pruebas, simulen
testimonios, fabriquen delitos o entorpezcan maliciosamente los procesos
judiciales.<o:p></o:p>

Martínez Vargas propone penas de tres a ocho años de
prisión, multas de 100 a 500 días y la destitución e inhabilitación del cargo. Si
las conductas las comete un defensor público, las sanciones se incrementarían
hasta la mitad. Y si derivan en la condena de una persona inocente, las penas
se duplicarían (hasta 16).<o:p></o:p>

El diputado de Morena, destacó que la reforma busca
catalogar como falta grave el abuso de funciones de quienes utilicen sus
atribuciones para inducir decisiones judiciales arbitrarias, beneficiarse personalmente
o perjudicar a terceros.<o:p></o:p>

Advierte Octavio Martínez: “Sí estas reformas no se
concretan, seguiremos teniendo cárceles llenas de hombres y mujeres inocentes,
víctimas de malos servidores públicos que fabrican delitos para cumplir estadísticas”.<o:p></o:p>

En la exposición de motivos el legislador del partido
guinda, dice:<o:p></o:p>

En el Estado de México, si bien el Código Penal vigente contempla
diversas figuras relacionadas con la falsedad documental (como el uso de
documentos falsos o la falsedad en declaraciones ante autoridad), no existe
una tipificación autónoma y específica que sancione con claridad la falsificación
de pruebas dentro de un proceso penal, ni mucho menos que considere una
agravante cuando dicha conducta sea cometida por servidores públicos adscritos
al sistema de justicia.<o:p></o:p>

La realidad jurisdiccional revela que, en múltiples ocasiones,
agentes del Ministerio Público, peritos, policías de investigación e incluso
defensores públicos o jueces han incurrido -ya sea por corrupción, abuso de
poder o presión institucional- en la introducción, modificación, omisión o
fabricación de pruebas en perjuicio de una de las partes del proceso,
particularmente del imputado. Estas prácticas no solo distorsionan la verdad
procesal, sino que también pueden dar lugar a errores judiciales irreparables,
como la condena de personas inocentes.<o:p></o:p>

El Estado de Derecho exige que las normas penales estén
redactadas con la mayor claridad y precisión, a fin de garantizar el principio
de legalidad previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que establece: “nadie podrá ser privado de la libertad
o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante
los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad
al hecho”.<o:p></o:p>

Dice el legislador, se busca disuadir y sancionar una de las
formas más graves de corrupción y colapso institucional, y al mismo tiempo
proteger los principios de imparcialidad, objetividad y legalidad que deben
regir la función jurisdiccional del Estado.<o:p></o:p>

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" class="BLOG_video_class" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/rX1CrA_gi_M" width="320" youtube-src-id="rX1CrA_gi_M"></iframe></div> Propone:

LA H. “LXII” LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MÉXICO DECRETA:<o:p></o:p>

Decreto por el que se reforman las fracciones VII y VIII, se
adiciona un párrafo y se reforma el antepenúltimo párrafo al artículo 353 del
Código Penal del Estado de México y reforma al artículo 58 la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.<o:p></o:p>

Artículo Primero: Se reforman las fracciones VII y VIII, se
adiciona un párrafo y se reforma el antepenúltimo párrafo al artículo 353 del
Código Penal del Estado de México para quedar como sigue:<o:p></o:p>

Artículo 353.-Son delitos cometidos por los servidores de la
procuración y administración de justicia: Ejecutar, con conocimiento y con la
finalidad de incidir en la decisión de un órgano jurisdiccional en el
desarrollo del proceso, actos consistentes en introducir, manipular,
falsificar, destruir, alterar, simular o utilizar de manera indebida
testimonios, declaraciones, dictámenes periciales, actas, registros u otros
medios de prueba documentales.<o:p></o:p>

Incurrir, con conocimiento y con la finalidad de incidir en
la decisión de un órgano jurisdiccional o en el desarrollo del proceso
judicial, en omisiones que generen un perjuicio o que confieran a una de las
partes una ventaja indebida, entendida esta como cualquier beneficio procesal, probatorio
o resolutivo contrario a la ley, al principio de igualdad procesal o a la recta
impartición de justicia, o retardar o entorpecer maliciosamente o por
negligencia la administración de justicia.<o:p></o:p>

A quien cometa el delito previsto en las fracciones VII y
VIII, se le impondrán de tres a ocho años de prisión, de cien a quinientos días
multa y la destitución e inhabilitación correspondiente.<o:p></o:p>

Si la conducta la realiza un abogado defensor público, se
incrementará la pena hasta en una mitad más, sin perjuicio de las sanciones a
que haya lugar en materia administrativa.<o:p></o:p>

En caso de que, como resultado de la falsificación, se haya
dictado una sentencia condenatoria contra una persona inocente, la pena se
duplicará, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que correspondan.<o:p></o:p>

Artículo Segundo: Se reforma el artículo 58 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para quedar como sigue:<o:p></o:p>

Artículo 58.Incurrirá́ en abuso de funciones la persona
servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o
se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones
arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para su cónyuge, parientes
consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que
el servidor público o las personas antes referidas formen parte o para causar
perjuicio a alguna persona o al servicio público; así́ como cuando realiza por
si o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo
27 Sexies, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de México, o realice actos u omisiones que influyan en las
determinaciones judiciales en perjuicio de persona alguna, de conformidad con
el artículo 353 del Código Penal del Estado de México. ©<o:p></o:p>

Ra <o:p></o:p></div>

Las cárceles del Edomex están llenas de hombres y mujeres inocentes: Octavio Martínez *VID

Presentó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México y a la Ley de Responsabilidades para sancionar a servidores públicos ...

COMENTARIO A TIEMPO

“Argumento truculento”. ¿En manos de quién estamos los mexicanos?

Teodoro Rentería Arróyave

Miércoles 17 de julio de 2024

Cuando coincidimos en Televisión Independiente de México, TIM, conocida popularmente como Canal 8, Lolita Ayala, Eduardo Andrade Sánchez y el autor, gerente de noticias especiales, formamos un triunvirato de periodistas que fue favorecido por la audiencia televisiva, fue el primer esfuerzo real para oponerse al monopolio de la televisión, que fue traicionado con la fusión que dio lugar a que Telesistema Mexicano se convirtiera en la ahora Televisa.
Eduardo Andrade, emigró al estudio hasta lograr el doctorado en Derecho e incursionar en la política en la procuración de justicia. Como jurisperito ahora nos obsequia en “El Universal” un profundo análisis sobre la supuesta ilegal sobrerrepresentación de MORENA y sus aliados, al respecto nos aclara Andrade Sánchez:
“El reclamo de la oposición de que Morena y sus aliados estarán sobrerrepresentados ilegalmente en la Cámara de Diputados se basa en un argumento truculento, que compara el porcentaje de votación obtenido por la Coalición Sigamos Haciendo Historia con el que corresponderá a sus partidos ocupar en la Cámara. Pretenden que se le trate como a un partido, sin ninguna base legal.
“Desde 1977, agrega, nuestro país adoptó un sistema mixto para mitigar la sobrerrepresentación, efecto normal en sistemas de mayoría como los de Francia y Gran Bretaña. En las recientes elecciones francesas la alianza de izquierda ganó con el 13% de los votos y tendrá el 23% de la Asamblea Nacional: 20 puntos de sobrerrepresentación. En las británicas el Partido Conservador obtuvo el 33% de los votos y tiene el 63% de la Cámara de los Comunes. ¡30 puntos! y nadie dice que esos sistemas sean antidemocráticos.

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Proponen hasta 24 años de cárcel por condenar a una persona inocente

Las cárceles del Edomex están llenas de hombres y mujeres inocentes: Octavio Martínez *VID

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