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  • La iniciativa explora que las conductas de corrupción sean tratadas como faltas graves, delimitar las atribuciones de los órganos judiciales y establecer cinco criterios para evaluar a jueces y magistrados
  • Establece que no se crearían nuevas plazas, unidades administrativas ni órganos, y que su aplicación se realizaría con los recursos humanos, materiales y presupuestales existentes, sin generar erogaciones adicionales | Informa

El proyecto plantea que la Contraloría Interna investigue, sustancie y resuelva las faltas no graves del personal administrativo, y cuando sean faltas graves, investigue y substancie los procedimientos para remitirlos a la comisión correspondiente del Tribunal de Disciplina Judicial, precisa Octavio Martínez Vargas, legislador mexiquense.

Red-acciones | jueves 19 de noviembre de 2026

Toluca, Edomex. El diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, con el propósito de armonizarla con la Constitución local y corregir contradicciones en la distribución de facultades entre sus órganos.

Uno de los cambios relevantes se relaciona con el régimen de responsabilidades administrativas.

La propuesta busca corregir la clasificación de las conductas de corrupción como faltas no graves y establecer que su investigación, sustanciación y resolución correspondan a las autoridades competentes, de acuerdo con la gravedad de las conductas y la naturaleza del personal involucrado.

El proyecto plantea que la Contraloría Interna investigue, sustancie y resuelva las faltas no graves del personal administrativo, mientras que, cuando se trate de faltas graves, investigue y substancie los procedimientos para remitirlos a la comisión correspondiente del Tribunal de Disciplina Judicial, que resolverá en primera instancia. El Pleno de este Tribunal conocerá los recursos de revisión.

La iniciativa también incorpora cinco criterios mínimos para evaluar el desempeño de las personas juzgadoras electas durante su primer año de ejercicio:

Productividad: relación entre los asuntos resueltos y los ingresados.

Oportunidad: cumplimiento de los plazos legales.

Calidad de las resoluciones: consideración de las sentencias confirmadas, modificadas o revocadas por una instancia superior.

Capacitación y actualización: formación acreditada.

Ética judicial: apego a los principios éticos de la función.

El Tribunal de Disciplina Judicial desarrollaría los métodos e indicadores mediante acuerdos generales y podría coordinarse con la Escuela Judicial para diseñar los instrumentos de evaluación.

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Otro eje de la propuesta consiste en precisar las atribuciones del Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, a fin de evitar duplicidades y conflictos de competencia.

Entre las modificaciones se contempla ajustar las reglas sobre licencias, renuncias, vacantes y sustituciones de magistraturas y personas juzgadoras; trasladar la Dirección General de Apoyo a la Función Jurisdiccional al Órgano de Administración Judicial, y establecer un sistema único de información estadística para los órganos jurisdiccionales y las unidades administrativas.

En materia de transparencia y funcionamiento institucional, también se proponen ajustes a las reglas de las sesiones del Órgano de Administración Judicial, incluidas las votaciones nominales y su registro en actas, incluso cuando las sesiones sean privadas.

La iniciativa establece que no se crearían nuevas plazas, unidades administrativas ni órganos, y que su aplicación se realizaría con los recursos humanos, materiales y presupuestales existentes, sin generar erogaciones adicionales.

El proyecto de decreto plantea que, una vez publicado en la Gaceta del Gobierno, entre en vigor al día siguiente. También establece un plazo de 90 días naturales para que los órganos involucrados realicen las adecuaciones reglamentarias y emitan los acuerdos necesarios.

La propuesta fue presentada ante la LXII Legislatura del Congreso mexiquense y deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para su análisis y eventual aprobación. ©

ra

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