- La iniciativa explora que las conductas de corrupción sean tratadas como faltas graves, delimitar las atribuciones de los órganos judiciales y establecer cinco criterios para evaluar a jueces y magistrados
- Establece que no se crearían nuevas plazas, unidades administrativas ni órganos, y que su aplicación se realizaría con los recursos humanos, materiales y presupuestales existentes, sin generar erogaciones adicionales | Informa
Red-acciones | jueves 19 de noviembre de 2026
Toluca, Edomex. El diputado Octavio Martínez Vargas,
del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar,
adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de México, con el propósito de armonizarla con la Constitución
local y corregir contradicciones en la distribución de facultades entre sus
órganos.
Uno de los cambios relevantes se relaciona con el régimen de
responsabilidades administrativas.
La propuesta busca corregir la clasificación de las
conductas de corrupción como faltas no graves y establecer que su
investigación, sustanciación y resolución correspondan a las autoridades
competentes, de acuerdo con la gravedad de las conductas y la naturaleza del
personal involucrado.
El proyecto plantea que la Contraloría Interna
investigue, sustancie y resuelva las faltas no graves del personal
administrativo, mientras que, cuando se trate de faltas graves, investigue y
substancie los procedimientos para remitirlos a la comisión correspondiente del
Tribunal de Disciplina Judicial, que resolverá en primera instancia. El Pleno
de este Tribunal conocerá los recursos de revisión.
La iniciativa también incorpora cinco criterios
mínimos para evaluar el desempeño de las personas juzgadoras electas durante su
primer año de ejercicio:
Productividad: relación entre los asuntos resueltos y los ingresados.
Oportunidad: cumplimiento de los plazos legales.
Calidad de las resoluciones: consideración de las sentencias confirmadas, modificadas o revocadas por una instancia superior.
Capacitación y actualización: formación acreditada.
Ética judicial: apego a los principios éticos de la función.
El Tribunal de Disciplina Judicial desarrollaría los
métodos e indicadores mediante acuerdos generales y podría coordinarse con la Escuela
Judicial para diseñar los instrumentos de evaluación.
Otro eje de la propuesta consiste en precisar las atribuciones
del Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el
Tribunal de Disciplina Judicial, a fin de evitar duplicidades y conflictos de
competencia.
Entre las modificaciones se contempla ajustar las reglas sobre licencias, renuncias, vacantes y sustituciones de magistraturas y personas juzgadoras; trasladar la Dirección General de Apoyo a la Función Jurisdiccional al Órgano de Administración Judicial, y establecer un sistema único de información estadística para los órganos jurisdiccionales y las unidades administrativas.
En materia de transparencia y funcionamiento institucional,
también se proponen ajustes a las reglas de las sesiones del Órgano de
Administración Judicial, incluidas las votaciones nominales y su registro en
actas, incluso cuando las sesiones sean privadas.
La iniciativa establece que no se crearían nuevas plazas,
unidades administrativas ni órganos, y que su aplicación se realizaría con los
recursos humanos, materiales y presupuestales existentes, sin generar
erogaciones adicionales.
El proyecto de decreto plantea que, una vez publicado en la
Gaceta del Gobierno, entre en vigor al día siguiente. También establece un
plazo de 90 días naturales para que los órganos involucrados realicen las
adecuaciones reglamentarias y emitan los acuerdos necesarios.
La propuesta fue presentada ante la LXII Legislatura del
Congreso mexiquense y deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para
su análisis y eventual aprobación. ©
ra


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