La Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, tendrá que desclasificar todos y cada uno de los datos de “Pegasus”, el software de espionaje en México, que afectó directamente a periodistas; para entender todo este embrollo, primeramente debemos de recordar que Judith Aracely Gómez Molano, exoficial mayor de la extinta Procuraduría General de la República, PGR, en una decisión cuando menos polémica..."
OPINIÓN
Por Teodoro Rentería Arróyave
Miércoles 5 de agosto de 2026
La Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, tendrá
que desclasificar todos y cada uno de los datos de “Pegasus”, el software de
espionaje en México, que afectó directamente a periodistas; para entender todo
este embrollo, primeramente debemos de recordar que Judith Aracely Gómez
Molano, exoficial mayor de la extinta Procuraduría General de la República,
PGR, en una decisión cuando menos polémica, fue exonerada luego de haber sido
procesada por la compra de “Pegasus”, programa que fue utilizado durante la presidencia
de Enrique Peña Nieto para espiar a cientos de periodistas, empresarios,
activistas y demás personas consideradas contrarias al último régimen del
finiquitado y casi desaparecido Partido Revolucionario Institucional, PRI.
Tomo de varias fuentes, el Primer Tribunal Colegiado
del Trigésimo Circuito confirmó de manera definitiva la sentencia que obliga a
la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, a entregar las versiones públicas
de los contratos firmados para el uso del software de espionaje Pegasus. un
programa espía para teléfonos móviles, desarrollado por la empresa NSO Group,
capaz de extraer datos personales y activar cámaras o micrófonos sin que el
usuario lo note.
Esta resolución judicial se produce tras cuatro años
de litigio impulsado por la organización Red en Defensa de los Derechos
Digitales, R3D, la cual promovió un juicio de amparo ante la negativa de las
autoridades militares para transparentar los acuerdos financieros celebrados en
2018 y 2019.
Según datos publicados por el diario El Universal, la
decisión desestima los argumentos de la dependencia federal sobre la supuesta
imposibilidad de hacer pública esta información, abriendo el plazo legal para
la desclasificación de los documentos.
Los contratos que deberá transparentar la Secretaría
de la Defensa Nacional, de acuerdo con el fallo, exige la publicación de las
versiones públicas de dos contratos específicos vinculados con la empresa
Comercializadora Antsua S.A. de C.V., contratada para el suministro del
denominado “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”.
Los detalles clave de estas contrataciones abarcan los
siguientes puntos: Folios de los contratos: Identificados con los registros
DN-10 SAIT-1975/P/2019 y DN-10 SAIT-1938/P/2018. Monto involucrado: El costo
acumulado de ambos convenios que superan los 140 millones de pesos.
El objeto de la contratación, es decir la adquisición
de licencias y servicios de monitoreo remoto de comunicaciones. El
incumplimiento previo. Las autoridades militares negaron inicialmente la
existencia de estos documentos en solicitudes de acceso a la información y
posteriormente desacataron las resoluciones emitidas por el extinto Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, INAI.
Sobre la Cronología del caso, sobre la investigación
“Ejército Espía” al fallo definitivo y lo más importante: la vía legal para
transparentar el uso de este programa informático que ha tomado varias etapas
de fiscalización e investigaciones civiles desde el 2017 hasta el presente
2026.
La importancia del fallo para la transparencia y la
rendición de cuentas, afirman especialistas de la sociedad civil que el
cumplimiento de esta sentencia representa una prueba relevante para el
compromiso gubernamental con la apertura de información pública.
En entrevista para El Universal, José Flores,
integrante de R3D, explicó el alcance de esta resolución: Hay una deuda
histórica, el uso de Pegasus se remonta a sexenios pasados. Celebramos la
decisión que tomó el Tribunal, además se refutó el argumento a la SEDENA, que
decía que era imposible transparentar esta información y se le reiteró que ya
se excedió el plazo que tenían para presentar estos contratos y que entraron en
desacato”.
El activista enfatizó la oportunidad institucional que
ofrece este momento procesal:
Creo que se puede demostrar mucha voluntad política
haciendo entrega de estos contratos. La presidenta va a presentar un decreto
impulsando mayor transparencia y pues qué mejor momento que este para demostrar
que ese decreto van a ser más que palabras”.
Asimismo, la organización recordó que el uso de este
tipo de tecnología ha sido documentado en investigaciones como la intervención
de comunicaciones en el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Una vez notificada formalmente la sentencia, corre el plazo legal para que las
Fuerzas Armadas pongan las versiones públicas a disposición de la ciudadanía.
Periodista y escritor; presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; presidente de honor de
la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y
vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional, Académico de
Número y director de Comunicación de la Academia Nacional de Historia y
Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en
teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la
República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y el portal: www.irradianoticias.com
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