"...sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la supuesta 'verdad histórica' la sociedad entera no lo sabrá y menos habrá justicia, ocurriendo además otro importante hecho relacionado: las muertes en la entidad este 14 y 15 de junio de un juez y un testigo..."
* Un fiscal “sembrado”
* La Operación “Enjambre”
* Que la reforma funcione y dé resultados
Por Jorge Villa
Miércoles 25 de junio de 2025
Una revisión a la Fiscalía Edomex advierten tres diputados,
para relacionar su actuación en delitos como el despojo en el cual está
involucrado el crimen organizado, derivado de las reformas aprobadas en el
Congreso este lunes.
Por otra parte, sumar a este contexto lo relacionado la semana pasada por el legislador Octavio Martínez Vargas al expresar que el PRI dejó “sembrado” en la “Fiscalía del Estado de México al Fiscal General, José Luis Cervantes”.
Y que sobre la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, la supuesta "verdad histórica" la sociedad entera no lo
sabrá y menos habrá justicia, ocurriendo además otro importante hecho
relacionado: las muertes en la entidad este 14 y 15 de junio de un juez y un testigo,
en hechos violentos, en Zinacantepec y Jilotepec.
Del resultado de la sesión parlamentaria
del lunes, a propósito del requerimiento de los diputados, llama la atención
que en la estrategia de seguridad implementada y luego aplicada en el Estado de
México por las fuerzas de seguridad federales y estatales hasta ahora, en una operación
que involucra a más de mil 500 elementos de diversas corporaciones, exista una
coordinación efectiva y un trabajo conjunto entre los niveles de gobierno (inusual),
al tiempo que se evitaron filtraciones previas.
Cervantes y Ayotzinapa
El legislador Octavio Martínez Vargas, en un texto publicado
la semana pasada en sus redes sociales, describe irónicamente que el PRI dejó “sembrado”
en la “Fiscalía del Estado de México al Fiscal General, José Luis Cervantes” y
señala que sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la
supuesta "verdad histórica" anunciada por el entonces procurador general
de la República, Jesús Murillo Karam, “parece ser que, tanto las familias como
la sociedad, jamás sabremos la verdad, que no se hará justicia y así pasará a
la historia”.
A ello agrega dos desapariciones de personas ligadas con el
caso de los 43 normalistas: la del juez federal, Everardo Maya Arias y la de Patricio
Reyes Landa (El Pato), ambos hallado muertos en el Estado de México, el primero
el pasado 16 de junio en Zinacantepec, y el segundo un día antes, en Jilotepec,
ambos por arma de fuego, homicidios que son investigados y sin nada qué decir
hasta este miércoles por parte de la FGJEM. Uno, considerado un testigo
importante de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014 y
el juez, conocido por haber emitido resoluciones clave o de alto impacto, por su
trayectoria profesional: fue juez tercero de distrito en materia de amparo en
el Estado de México, y destaca el amparo concedido a quien en esa fecha era
alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para evitar la prisión preventiva
justificada; está en prisión, pero por otros delitos. Sintetizando, nunca haría
nada de lo que debe hacer, el fiscal.
El fiscal, tragedia e involución
Martínez Vargas considera que “el fiscal, José Luis
Cervantes, es una tragedia e involución de lo que significa la 4ª Transformación”
y la construcción de su segundo piso, y reitera lo que ha dicho antes del
originario de Guanajuato: “Al parecer, él está ahí para atender agendas ajenas
a la legalidad y al Plan de Desarrollo de nuestra entidad, planteado por la gobernadora,
Delfina Gómez Álvarez y a nivel nacional, por la presidenta de México, Claudia
Sheinbaum”, y asienta “que la continuidad de Cervantes en el cargo representa
un freno a las transformaciones legales impulsadas tanto por el gobierno
estatal como federal, y concluye preguntando:
¿Qué más nos falta ver para que el Fiscal del viejo régimen
sea separado del cargo e investigado por sus probables vínculos con estructuras
delictivas y fabricación de delitos?
“Su” atentado, lo más difundido
De su paso como titular por la FGJEM, el de Cervantes
Martínez es más bien burocrático, por lo que la capacidad individual queda
relegada, lo demás se rezaga dada la alta responsabilidad del cargo.
Pareciese que lo más destacado de su estancia en la FGJEM por
hechos y nivel informativo fue el atentado que le ocurrió el 25 de enero del
2024, a dos años y días de haber sido escogido y elegido nuevo fiscal de la
entidad, el 10 de marzo del 2022. Y, por supuesto, también está el llamativo
caso de la fuga ministerial de quien sería alcalde de Santo Tomás de los
Plátanos, Pedro Luis Hernández de Paz, que dio la vuelta al mundo y terminó por
afectar el gentilicio del municipio… ya no es De los Plátanos.
El 17 de diciembre de 2024, con la Fiscalía y autoridades policiacas
esperando el momento de actuar, PLHP protestó como presidente municipal de
Santo Tomás, cargo que dejaba la alcaldesa María del Rosario Matías, su esposa,
momento en que se desató una trifulca y huyó, junto con ella, y ambos señalados
por sus presuntos vínculos con la célula delictiva La Familia Michoacana.
Operación “Enjambre”
Esto último de Santo Tomás, ocurría entre la bruma de las
actividades delincuenciales -las del defenestrado exalcalde-, en una región
ocupada por redes criminales cuyo punto de exposición público fue el
enfrentamiento de civiles contra delincuentes en la población de Texcaltitlán en
diciembre de 2023, y luego el suicidio en este mismo municipio en noviembre de
2024 de quien fungía como director de Seguridad Pública, Isidro Cortés Jiménez,
quien hubiera sido el octavo detenido producto de la Operación “Enjambre”, que investiga a servidores
públicos mexiquenses señalados de facilitar las actividades de grupos
delictivos que operan en el Estado de México, por lo que desde la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana se informaría que “el Gabinete de Seguridad
federal cumplió siete de las 14 órdenes de aprehensión emitidas contra
funcionarios mexiquenses”.
Esta Operación “Enjambre”
ha ofrecido sí, resultados diversos y bastante visibles, como no ocurrían antes
de noviembre de 2024, procedimiento del que, lo que se sabe, ya se trabajaba
con mesas de investigación previas desde abril del mismo año, y el primer paso
a otras medidas subsecuentes, como la reciente Operación “Restitución”.
La estrategia de seguridad implementada y luego aplicada en
el Estado de México con las fuerzas de seguridad federal Defensa, GN y Marina, y
estatal (Fiscalía, y Secretaría de Seguridad del Estado de México) ha tenido
resultados atendibles -se reportaban 59 detenciones hasta abril de 2025-, con el
rezago en capturas ya señalado, pero que han demostrado coordinación y trabajo
conjunto entre los respectivos niveles de gobierno, traducido en un trabajo
interinstitucional alto.
Así que, resulta evidente e insoslayable por más que
necesaria, la petición que los diputados apremian a la FGJEM en relación a su
trabajo en el combate a grupos delincuenciales, sobre todo en los delitos de
despojo y extorsión, para eliminar suspicacias y sobre todo dar respuesta a requerimientos
de seguridad y de orden social. Sugerir lo contrario, no dar respuesta, es
inferir lo que se quiere evadir: responsabilidad.
En ese sentido, los legisladores morenistas Vladimir
Hernández Villegas, Octavio Martínez Vargas y Selina Trujillo Arizmendi, precisaron
que en el delito de despojo está involucrado el crimen organizado, y expusieron
la necesidad de revisar la actuación de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México, para que la reforma funcione y dé resultados. ©
Ra
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