Miércoles 3 de diciembre de 2025
Toluca, Edomex. La
Ley General de Vivienda aprobada el 24 de junio de 2024 por el Congreso federal,
establece criterios y lineamientos que obligan a todas las entidades
federativas a concordar con sus principios rectores, por ello creo prudente que
la Legislatura armonice nuestra normatividad a los criterios establecidos en la
Ley General, expresó el legislador Octavio Martínez Vargas en el Congreso del
Estado de México.
En la Sesión Deliberante, manifestó que lo que “buscamos es que
exista una coordinación y una planeación correcta entre los tres niveles de
gobierno; no menos importante es reconocer que un número importante de
ciudadanos se encuentran en condición de arrendamiento y la Ley General plantea
elementos trascendentes para establecer principios para los que menos tienen,
la gente que no tiene un empleo formal, la gente que no tiene seguridad social”.
En referencia a la Ley de Vivienda vigente en el Estado de
México, aprobada el 17 de diciembre de 2008, que al igual que la General coincide
al contener los mismos 97 artículos, ocho títulos y 10 capítulos, Martínez
Vargas subrayó que “hay conceptos que, evidentemente a 17 años, están ausentes en
la legislación”.
Por ello creo prudente, prosiguió, que la Legislatura
armonice nuestra normatividad con los criterios establecidos en la Ley General,
máxime que nuestra presidenta de la República ha establecido metas en los 100
objetivos que ha planteado dentro de su Plan de Desarrollo para la nación: construir
1 100 000 viviendas, de las cuales este 2025 se han construido 186 000.
¿Qué plantea la Ley
General de Vivienda?
Plantea establecer principios para los que menos tienen, la
gente que no tiene un empleo formal, que no tiene seguridad social, ni ISSSTE,
ni IMSS, ni otra tipo de seguridad y pueda acceder a financiamientos de los gobiernos
del estado, de los municipios y de la Federación para poder consolidar lo más
preciado de una familia, que es evidentemente su patrimonio, un hogar donde
puedan habitar.
Contempla elementos como facilitar acceso a financiamiento
federal, promover la autoconstrucción y la producción social de vivienda y priorizar
a la población en situación de pobreza, vulnerabilidad o riesgo.
Se amplían y precisan definiciones como autoproducción, autoconstrucción,
producción social de viviendas, espacios habitables, auxiliares, estímulos,
productor social que permiten recoger modalidades no mercantiles y crear competencias
y comunidades de producción de vivienda. Esto facilita la incorporación de
esquemas de autogestión, apoyos, estímulos administrativos, fiscales y
financieros
Se refuerza el carácter coordinador del sistema estatal de
vivienda coordinado con el Ejecutivo Federal en el estado y con los municipios
y desde luego con la participación del sector privado y social.
El diputado Octavio Martínez dijo que “apremia reconocer que
el modelo de acceso a la vivienda en el Estado de México no puede seguir por la
misma ruta: hoy tenemos unidades habitacionales ocupadas en un 20% en
municipios conurbados con Hidalgo”.
Se prescinde, por cierto -añadió-, del equipamiento urbano
que están obligados a ofrecer y entregar a la autoridad municipal para efecto
de que quienes habitan en unidades habitacionales puedan disfrutar de esta.
Señaló la importancia de reconocer que un número importante
de ciudadanos se encuentran en condición de arrendamiento para poder tener
derecho a un techo en el Estado de México, por no contar con elementos para que pueden
acceder a un hogar o a un crédito o a una opción de vivienda.
Coordinación y planeación
“Buscamos que exista una coordinación y una planeación
correcta entre el gobierno de la República, el gobierno del estado y los
municipios, que se definan los polígonos, el uso de suelo, que se acceda a
distintas modalidades para obtener una vivienda, que veamos por los que menos
tienen, que no están en el esquema que establece hoy la normatividad, pero sí
la Ley General.
“Lo que buscamos es la armonización para cumplir el objetivo
de la presidenta de la República de 1 millón 100 mil viviendas y cumplir el Plan
de Desarrollo de nuestra gobernadora en términos de mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos y que accedan a un espacio, a una vivienda digna que
establece como un derecho constitucional nuestra nuestra Carta Magna.
“Vamos atrasados, en 2024 fue esta reforma”. ©
Ra