red-acciones.mx: Layda Sansores

El asedio judicial y la prisión preventiva, subterfugios contra las libertades de Prensa y Expresión * COMUNICADO CONJUNTO

"Vamos directo a los cuatro casos que se han presentado en los últimos meses en México, para ser precisos en cuatro estados gobernados por dos mujeres y dos hombres de filiación morenista, mismos que con sus abusivas e intolerables acciones quebrantan las libertades primarias, traicionan a todos los mexicanos y a su mismo partido, Movimiento de Regeneración Nacional que se presenta como una opción progresista, como lo ha calificado la propia jefa del Ejecutivo Federal..:" C O M U N I C A D O   C O N J U N T O<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2cdSQZ_oH8b2lZ2n2C5B40jz3SROCfpWD18HD9j8vxvlUdrAhTR9o7YcV0o3hKM64szcclrEFelP1jS3MnZM5qQk5M55OBe2UdPMd5MnqBbLEgTnKwawD2mRUgounGZ6KLWQDa5WULfoq6ohlIBZwTcAkmC2hGEnfL34BUkg1Edt-6g3kwbYxFXv5C9k/s960/LOGO%20plus%20-%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="683" data-original-width="960" height="456" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2cdSQZ_oH8b2lZ2n2C5B40jz3SROCfpWD18HD9j8vxvlUdrAhTR9o7YcV0o3hKM64szcclrEFelP1jS3MnZM5qQk5M55OBe2UdPMd5MnqBbLEgTnKwawD2mRUgounGZ6KLWQDa5WULfoq6ohlIBZwTcAkmC2hGEnfL34BUkg1Edt-6g3kwbYxFXv5C9k/w640-h456/LOGO%20plus%20-%201.jpg" width="640" /></a></div> Comunicado  conjuntoPor Teodoro Rentería
Arróyave

Lunes 29 de diciembre de 2025

Las denuncias públicas del asedio judicial y la prisión
preventiva como subterfugios contra las libertades de prensa y expresión de las
y los gobernadores de la “Cuarta Transformación”, los hemos denunciado en
nuestros comunicados conjuntos, en notas informativas y en columnas, también en
forma directa y amplia, tanto en el Congreso Internacional de Medios que llevó
a cabo la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, AMPEP,
celebrado el pasado agosto, en la Sesión Conjunta de Consejos que llevamos a
cabo en Mazatlán, Sinaloa y en Congreso Nacional de la Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de
Licenciados en Periodismo, CONALIPE de noviembre pasado. 
 
No obstante que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ante el cúmulo de las
denuncias al respecto en medios y en las redes sociales, ha exhortado a sus
pares políticos morenistas, gobernadoras: Rocío Nahle García de Veracruz, Layda
Sansores de Campeche y gobernadores de Puebla, Alejandro Armenta Mier y de
Oaxaca, Salomón Jara Cruz a que cesen dichas hostilidades contra los
informadores han hecho gala desvergonzada de oídos sordos. La nula atención a
la petición gubernamental, desde luego que va en desdoro del liderazgo
presidencial. 
 
Además, esta exigencia del gremio periodístico organizado es parte de la Agenda
Legislativa Pendiente del Periodista, misma que de aprobarse íntegra se
convertiría ipso facto en el blindaje máximo para los comunicadores y un muro
de contención a los enemigos de las libertades de prensa expresión y el derecho
de la sociedad a estar oportuna y verazmente informado. 
 
Vamos directo a los cuatro casos que se han presentado en los últimos meses en
México, para ser precisos en cuatro estados gobernados por dos mujeres y dos
hombres de filiación morenista, mismos que con sus abusivas e intolerables
acciones quebrantan las libertades primarias, traicionan a todos los mexicanos
y a su mismo partido, Movimiento de Regeneración Nacional que se presenta como
una opción progresista, como lo ha calificado la propia jefa del Ejecutivo
Federal: 
 
1.- CASO DEL PERIODISTA RAFAEL LEÓN SEGOVIA. (VERACRUZ). 
El abuso del asedio judicial ha llegado a la aberración de imputarle al colega
veracruzano, Rafael León Segovia, conocido en el medio como ’Lafita León’, el
delito de ’terrorismo’, como consecuencia de un altercado de tránsito, lo cual
representa un peligroso precedente contra la libertad de expresión, sólo
aplicado en los gobiernos teocráticos, en las dictaduras y en los aprendices de
estas. 
 
El hecho ocurrió el 24 de diciembre en el Coatzacoalcos, Veracruz, tras su
detención que se llevó a cabo ese mismo día, se le notificó la imputación de
delitos graves: terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra
las instituciones de seguridad pública, según informó en un comunicado, sin
pudor alguno, la fiscalía estatal. De con acuerdo con fuentes cercanas, la
investigación se originó por hechos directamente vinculados a la cobertura
periodística de nota roja que Rafael desarrolla desde hace años en un contexto
de violencia estructural y presencia de macro criminalidad en el sur de
Veracruz, informaciones que pudo haber afectado intereses tanto de grupos
criminales como de las propias autoridades estatales, al visibilizar la
situación de inseguridad que prevalece en la región. 
 
Tiene mucha razón Garddiel León Oropeza, hijo del victimado periodista Rafael
León Segovia, al denunciar que en el operativo de detención de su progenitor se
registraron diversas irregularidades y agregó textual: "Mi padre no es
terrorista. Si un coche bomba en Michoacán no lo consideran así ¿Cómo van a
acusar de terrorista a un periodista que solo hace su trabajo? Es una
persecución que ya lleva tiempo; ya le habían echado ácido a su carro e
investigado nuestras cuentas bancarias, pero como no encontraron nada, ahora
inventan esto". 
 2.- CASO DEL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ. (CAMPECHE). 
El periodista Jorge González, de 72 años, es otro caso del asedio judicial
contra los periodistas y de una mayúscula aberración jurídica, ya que sujeto a
proceso penal se le ha obligado a abandonar su carrera y cerrar el medio que
dirigía como medidas cautelares; es decir la “autoridad de administración de
justicia”, así entre comillas, ya que es obvio atiende las instrucciones de la
gobernadora de Campeche, Layda Sansores. 
 
El proceso penal iniciado por la mencionada gobernante contra el informador fue
de abuso e intolerancia, primero, exacto el día que le citó el juez de control
para la imputación, informan los medios que el colega, Jorge González “solo
podía pensar en lo mucho que le dolía el cuerpo, a sus 72 años, puesto que fue
sometido a nueve horas de sesión y luego recibió el golpe devastador, algo que
jamás pensó escuchar en su medio siglo como periodista”. Le informaron de que
la gobernadora del Estado de Campeche, Layda Sansores, le había denunciado por
delito de odio y que, como medida cautelar, debía dejar de ejercer el
periodismo por dos años, cerrar su medio “Tribuna” en lo que se estima que
duraría el proceso. Esta decisión del juez, vasallo de la gobernante, le corta
su medio y su trabajo, entonces, es de preguntarse de que va a vivir él y su
familia, si le quitan de tajo el sustento diario. 
 
Pobrecita gobernadora Sansores -la mal hablada-, ahora resulta que acusa a
Jorge González de insultarla y causarle daño psicológico por las publicaciones
en una columna anónima del diario “Tribuna”. Sin embargo, el periodista lleva
jubilado desde 2017 y desde entonces asegura que solo ha tenido un pequeño
programa de televisión en Telemar, donde ha cuestionado las políticas de la
Administración de Morena en Campeche, especialmente en materia de seguridad. 
 
“Nunca he alimentado odios con ningún gobierno, pero la señora Sansores ha
emprendido una agresión fuera de sí al acusarme de cosas que no he cometido,
como incitación al odio. Menciona la columna ‘Las tripas del jaguar`, pero yo
no la escribo”, se defiende el periodista en llamada telefónica. 
 
3.- CASO RODOLFO RUIZ RODRÍGUEZ. (PUEBLA). 
El periodista Rodolfo Ruiz, director del medio digital “e-consulta”, fue
vinculado a proceso penal por un juez de control en el estado de Puebla, en el
marco de una causa iniciada por el presunto delito de operaciones con recursos
de procedencia ilícita. 
 
Con esta determinación judicial, el proceso penal en su contra se mantiene
abierto y sujeto a una etapa de investigación complementaria (45 días), además de
que se le imponen medidas cautelares que limitan su movilidad y lo obligan a
comparecer periódicamente ante la autoridad. 
 
Esta decisión representa otra escalada en el acoso judicial, documentado por
ONG ARTICULO 19, que desde el inicio del procedimiento alertó sobre el uso
indebido del derecho penal en contra del periodista. La vinculación a proceso
se produce pese a que la defensa ha sostenido la licitud de los ingresos de
Ruiz y ha señalado diversas irregularidades procesales, entre ellas obstáculos
para acceder de manera plena y oportuna a la carpeta de investigación, lo que
compromete el derecho a una defensa adecuada. 
 
El proceso penal contra Rodolfo Ruiz no puede analizarse de manera aislada. Su
origen se encuentra en un contexto de cobertura periodística crítica sobre
presuntos actos de corrupción y abuso de poder relacionados con autoridades del
estado de Puebla, incluidas instancias de procuración de justicia. La
reactivación y judicialización del caso ocurre en un escenario donde el
periodista ha investigado directamente a la institución que hoy lo acusa, lo
que genera preocupaciones legítimas sobre represalias, conflicto de interés y
uso indebido del poder. 
 
En una conferencia de prensa del 7 de abril de 2025, el gobernador Alejandro
Armenta Mier utilizó un discurso estigmatizante al acusar al periodista de
dirigir “una red de delincuencia cibernética”, ARTICULO 19 advirtió que ello
representa una práctica contraria a los estándares de libertad de expresión y
con un efecto claramente intimidatorio sobre el ejercicio periodístico. 
 
4.- CASO FRACISCO ALEJANDRO LEYVA AGUILAR. (OAXACA). 
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz ha iniciado desde hace meses un
constante hostigamiento en contra del periodista Francisco Alejandro Leyva
Aguilar, autor de la columna : “El Zumbido del Moscardón”, mediante una
investigación a destiempo, utilizando a funcionarios a su servicio. 
 
Esto, ante la desesperación del gobernador, por no poder dar respuestas
convincentes a los señalamientos de: corrupción, nepotismo e incapacidad
administrativa. Todo es del dominio público. La desesperación de Salomón Jara
es que él solicitó un proceso de revocación de mandato para fortalecerse, y
ahora se le está revirtiendo. 
 
Derivado de las publicaciones en su columna ’El Zumbido del Moscardón’, el
periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue objeto de una persecución
judicial por parte del gobierno de Salomón Jara Cruz, gobernador del estado de
Oaxaca. 
 
La acusación que le hace la Auditoría Superior de Fiscalización, ASFE, data de
2019 cuando el fungía como director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y
Televisión (CORTV), un asunto administrativo en el que el Director de
Administración y Finanzas hizo cambios entre cuentas de la dependencia para
coberturas a pagos a trabajadores. 
 
Francisco Alejandro Leyva Aguilar se presentó ante la ASFE, para dar la cara
ante las injurias del gobierno de Salomón Jara el pasado 9 de diciembre, pero
el proceso sigue abierto. 
 
Antes de que esta investigación se abriera el periodista ya había acudido a la
Defensoría Estatal de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a interponer
una queja porque el gobernador lo exhibió en una ’mañanera’ y desde entonces ha
recibido incluso amenazas de muerte. 
 
NUESTRA EXIGENCIA. 
El gremio periodístico organizado de México, que conforman FAPERMEX, el Colegio
Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE y la Federación Latinoamericana
de Periodistas, FELAP-México, alza la voz ante esta práctica censora del asedio
judicial en contra de periodistas por parte de gobiernos estatales. 
 
Debemos sumar también las persecuciones judiciales de que son víctimas
periodistas en varios estados como consecuencia de denuncias por la vía
electoral bajo el pretexto de la violencia política de género; por supuesto que
reconocemos el avance en la defensa de las mujeres que dedican su vida al
ejercicio público, pero por ningún motivo la instancia judicial puede ser
ocupada para intentar controlar la práctica y la crítica periodística en ese
desempeño. 
 
A los asesinatos y despariciones en contra del gremio periodístico ahora se
suma el ASEDIO JUDICIAL. Nuestro concentrado es terrible y lamentable por todos
conceptos, puesto que la imperante impunidad es la que permite que los
criminales, enemigos de las libertades de prensa y expresión, burlen a la
justicia. Como se puede comprobar, como ya dijimos, la lista lúgubre aumenta
exponencialmente y tenemos además que lamentar 29 desapariciones forzadas. De
1983 a la fecha, de acuerdo con el Monitoreo Permanente de los Asesinatos y
Desapariciones Forzadas de Periodistas, suman 402 asesinatos, de los cuales han
sido víctimas: 341periodistas; 9 locutores; 16 trabajadores de prensa; 19
familiares y 12 amigos de comunicadores; 2 civiles, y 3 escoltas. 
 
El Gremio Organizado: Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, y Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, en sus comunicados
correspondientes firmados por sus dirigentes, reitera en forma constante su
demanda a las más altas autoridades del país para que terminen con esta
vergonzosa impunidad en cuanto a los atentados a los informadores, y cumplan
con las medidas cautelares para protegerlos, como lo ordenan las leyes
correspondientes. 
 
Redobla su reclamo de justicia y de que se implementen los mecanismos de
protección a los periodistas, trabajadores de prensa, de sus familiares y
amigos que también han sido victimados en hechos, inclusive directos, para
amedrentar a los comunicadores. ¡YA BASTA! Es nuestro grito permanente. 
 
Hacemos un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al Congreso de la
Unión, a los gobernadores de las entidades federativas, y a los congresos
locales, para que atiendan a la brevedad la Agenda Legislativa Pendiente del
Periodista, que consideramos es el mayor blindaje para los comunicadores y por
su contenido es un instrumento integral para asegurar las libertades de prensa
y expresión en nuestro México. 
 <div style="text-align: center;">UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE.</div>
 
Por FAPERMEX: 
Periodista Luis Javier Hernández Cordova, presidente del Consejo Directivo 
 
Lic. Teodoro Rentería Arróyave. 
Presidente CONALIPE, presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX y
secretario de Desarrollo Social de FELAP. 
 
Presidentes Honorarios Vitalicios: 
Lic. Roberto Piñón Olivas; Mtra. María Consuelo Eguía Tonella, Mtro. Teodoro
Raúl Rentería Villa, Juan Ramón Negrete Jiménez, Mtra. Eva Joaquina Guerrero
Ríos 
 
Periodista Óscar Alvizo Olmeda, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y
Justicia de FAPERMEX. 
 
Isabella Zozoaga Muñoz; secretaria General de FAPERMEX. 
 
Lic. Gilberto Herrera Navarro, secretario de Finanzas de FAPERMEX. 
 
Ciudad de México y Oaxaca, Oaxaca, 29 de diciembre de 2025. 
 
www.conalipe.org 
Facebook: Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, AC 
Facebook: Fapermex AC<o:p></o:p>

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El asedio judicial y la prisión preventiva, subterfugios contra las libertades de Prensa y Expresión * COMUNICADO CONJUNTO

"Vamos directo a los cuatro casos que se han presentado en los últimos meses en México, para ser precisos en cuatro estados gobernados ...

La censura y la persecución a periodistas implementadas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores * COMENTARIO A TIEMPO

“El gremio periodístico organizado respalda al colega Jorge Luis González Valdez, víctima de censura y control informativo, y de una clara persecución política desde las más altas esferas del poder en el estado de Campeche, así como del asedio judicial cómplice, del cual esperamos salga airoso en las instancias superiores."

COMUNICADO<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpvzTWZ1Fqpp6gpxwRIFx2kpQQo0eeIdhRmpqL7-5iIW81obWPFx2CM8G93PE9A90CZF9Q65JURfoKk6VW5x41cm-j-gVnmwtat_Mz_JJEtdcErjxY7syg4n5eyJHoh40-gVXp7iGIwmU2i8siw1eyoYpyAwOIWkAbF7wZ_HqIaRsLHZPwXbaKqFeXQjA/s899/2.%20Fapermex_cona_fela.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="598" data-original-width="899" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpvzTWZ1Fqpp6gpxwRIFx2kpQQo0eeIdhRmpqL7-5iIW81obWPFx2CM8G93PE9A90CZF9Q65JURfoKk6VW5x41cm-j-gVnmwtat_Mz_JJEtdcErjxY7syg4n5eyJHoh40-gVXp7iGIwmU2i8siw1eyoYpyAwOIWkAbF7wZ_HqIaRsLHZPwXbaKqFeXQjA/w640-h426/2.%20Fapermex_cona_fela.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: center;">COMUNICADO</div>Por Teodoro Rentería
Arróyave<o:p></o:p>

Lunes 16 de junio de 2025 <o:p></o:p>

El siguiente es el Comunicado del gremio periodístico
organizado que se titula: “EN CAMPECHE UNA JUEZA ORDENA APLICAR CENSURA,
CONTROL INFORMATIVO, PROHIBIR EL EJERCICIO DEL PERIODISMO Y CIERRE DE UNA
PLATAFORMA DIGITAL”, que por su denuncia y valor intrínseco lo reproducimos
íntegro: <o:p></o:p>

“El gremio periodístico organizado respalda al colega Jorge
Luis González Valdez, víctima de censura y control informativo, y de una clara
persecución política desde las más altas esferas del poder en el estado de
Campeche, así como del asedio judicial cómplice, del cual esperamos salga
airoso en las instancias superiores. <o:p></o:p>

*Se le acusa de incitación al odio y a la violencia contra
la gobernadora de esa entidad, Layda Elena Sansores San Román. /El periodista
González Valdez además tiene embargadas sus propiedades para garantizar el pago
de dos millones de pesos ordenado por un juez de lo civil, ante una denuncia
por daño moral interpuesta por el director de Comunicación Social del gobierno
de Campeche, Walther Patrón Bacab. <o:p></o:p>

El periodista Jorge Luis González Valdez, quien ejerce en el
estado de Campeche, ha sido víctima de una serie de medidas que vulneran la
libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad laboral y de
asociación, así como exceso del poder, al haber sido vinculado a proceso por la
jueza Guadalupe Martínez Taboada, por considerar que incurrió en los delitos de
incitación al odio y a la violencia contra la gobernadora de esa entidad, Layda
Elena Sansores San Román. Campeche tiene penalizados los delitos de odio y
calumnia. <o:p></o:p>

La jueza, en un claro exceso de sus facultades y con
argumentos contrarios a los derechos humanos, le prohibió al comunicador
ejercer esta actividad, ordenó el cierre de su periódico digital “Tribuna” y
vinculó a proceso al representante legal de la empresa editora Organización
Editorial del Sureste. No se determinó la prisión preventiva, porque el
imputado es de la tercera edad, tiene 71 años. <o:p></o:p>

La Fiscalía General de Justicia del Estado, a cargo de
Jakson Villacís Rosado, logró que a partir de la denuncia presentada por la
Gobernadora de la entidad, la jueza prohibiera al periodista con más de 50 años
de trayectoria profesional, emitir opiniones “negativas” en contra de la
titular del Ejecutivo y de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana,
Marcela Muñoz; el advertimiento indica que, en caso de violar la orden de
protección de la que gozan las funcionarias estatales, se haría acreedor a una
sanción económica y un arresto de hasta 36 horas. <o:p></o:p>

Además, un juez civil ordenó el embargo de sus propiedades
para garantizar el pago de la sanción impuesta ante la denuncia por daño moral,
por una suma de dos millones de pesos, presentada por el director estatal de
Comunicación Social del gobierno de Campeche, Walther Patrón Bacab. <o:p></o:p>

Para el gremio periodístico organizado integrado por la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Colegio Nacional
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, y Federación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP-México, las decisiones de la jueza Guadalupe Martínez
Taboada y del juez civil son claras muestras de censura y control informativo,
que en confabulación con el poder político, desde la más alta esfera del
Ejecutivo del estado de Campeche, pone en riesgo el ejercicio libre de informar
no solo del colega Jorge Luis González Valdez, sino del periodismo en su
conjunto. <o:p></o:p>

Estamos ciertos que las instancias judiciales superiores
protegerán al periodista, a su libre desempeño profesional y por supuesto a
echar abajo la absurda orden de desaparecer un portal informativo; desde estas
asociaciones estaremos atentos y lucharemos porque así sea. <o:p></o:p>

Es de resaltarse que, desde el poder, las posturas,
actitudes, políticas y conductas para someter al periodismo a controles son
cíclicas; lo que hoy padece el colega González Valdez, debe servir para estar
alertas para evitar iniciativas que solamente buscan someter a su yugo el
ejercicio libre y profesional de informar. 
Aquí varios ejemplos recientes: <o:p></o:p>

El artículo 109 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión en México, específicamente en el Capítulo VIII, trata sobre el
control informativo y la posibilidad de bloqueo temporal de plataformas
digitales. Esta intentona fue detectada en las discusiones primarias en el
Senado de la República; a finales de este mes, en periodo extraordinario, se
conocerá si fue retirado o modificado de la norma.  <o:p></o:p>

La iniciativa del diputado panista morelense, Gerardo Abarca
Peña, de pretender nuevamente penalizar los mal llamados delitos de prensa:
difamación, injuria y calumnia, lo cual representaría un retroceso a los logros
del gremio en el respeto y apoyo irrestricto a las libertades de prensa y
expresión, así como al derecho de la sociedad mexicana a estar bien y
oportunamente informada, la Asociación de Periodistas y Comunicadores de
Morelos, APECOMOR, junto con la FAPERMEX, el CONALIPE y la FELAP se opusieron y
se mantienen en pie de lucha para evitar su aprobación. <o:p></o:p>

También en Morelos, el diputado Daniel Martínez Terrazas,
presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud y el Código Penal del
estado de Morelos, con el fin de introducir el concepto de “dignidad póstuma”
en el marco legal. La propuesta busca asegurar un trato respetuoso a las
personas fallecidas y a sus familiares, prohibiendo la difusión de imágenes de
cadáveres en medios impresos estatales sin el consentimiento expreso de
familiares de primer grado. Aunque el proyecto de ley indica que exceptúa a los
informadores profesionales, es una herramienta muy peligrosa para generar
control informativo y sanción a críticos del poder. <o:p></o:p>

Las recientes reformas al Código Penal de Michoacán para
tipificar la apología del delito constituyen “una amenaza grave y latente
contra la libertad de expresión, la crítica pública, la expresión artística, la
organización ciudadana y la participación política”. La organización “Ni Uno
Más Michoacán” advirtió que quedó configurado “un tipo penal ambiguo y de
interpretación expansiva que puede ser utilizado para vigilar, sancionar o
inhibir las ideas, la crítica, así como el disenso social y político”.  <o:p></o:p>

La publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla
de la reforma al Código Penal que da vida al “ciber asedio”, que da pie a
castigar hasta con tres años de prisión a quienes “critiquen de forma
insistente a través de redes sociales”. La nueva figura penal se configura a
quienes “ofendan, injurien o agravien” a otra persona en entornos digitales.
Organizaciones de periodistas han señalado que la redacción del tipo penal es
tan vaga y ambigua, que abre la puerta a la criminalización de periodistas, activistas
y ciudadanos incómodos para el régimen estatal. <o:p></o:p>

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX; el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; y la
Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, manifiestan su
preocupación ante la persecución política en contra del compañero Jorge Luis
González Valdez, encabezada por la gobernadora Layda Sansores San Román, así
como del asedio judicial cómplice, del cual seguramente encontrará protección
en instancias superiores, por ser víctima de sanciones que claramente vulnera
sus derechos humanos y libertad para ejercer el periodismo. <o:p></o:p>

Inician la lista de dirigentes firmantes, por FAPERMEX: Eva
Joaquina Guerrero Ríos y José Arturo Aguirre Bahena, presidenta del Consejo
Directivo y presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia,
respectivamente; por CONALIPE: maestro, Teodoro Raúl Rentería Villa,
vicepresidente y el autor: presidente de CONALIPE, presidente fundador y
vitalicio honorario de FAPERMEX y secretario de Desarrollo Social de FELAP. <o:p></o:p>

Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de
Licenciados en Periodismo, CONALIPE; secretario de Desarrollo Social de la
Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y
vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional, Académico de
Número y Director de Comunicación de la Academia Nacional de Historia y
Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en
teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la
República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y el portal: www.irradianoticias.com<o:p></o:p>

--<o:p></o:p>

Lic. Teodoro Rentería
Arróyave.<o:p></o:p>

Colegio Nacional de
Licenciados en Periodismo<o:p></o:p>

CONALIPE, C.V.<o:p></o:p>

Presidente.<o:p></o:p>

ra<o:p></o:p>

La censura y la persecución a periodistas implementadas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores * COMENTARIO A TIEMPO

“El gremio periodístico organizado respalda al colega Jorge Luis González Valdez, víctima de censura y control informativo, y de una clara p...

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La censura y la persecución a periodistas implementadas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores * COMENTARIO A TIEMPO

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