red-acciones.mx: Ley nacional

OPINIÓN<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicXWP03UBSKt7IaoElU9jsFnMycP1nK-D9-A-BLunPSA2P2O2BUo6aa2D1evy960rzAjoDcmKvsCo7Gd7_Hgj5MBDeIsYHxsckEEU9WLiugjszNw502Ap6KImwhTjiMKUdWmrfvdUcNeipgG55KA5KQORhcdW3-m3czxZp1D4O7bcnb0JFuPXK5jzllr4/s869/miradas-de.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="648" data-original-width="869" height="478" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicXWP03UBSKt7IaoElU9jsFnMycP1nK-D9-A-BLunPSA2P2O2BUo6aa2D1evy960rzAjoDcmKvsCo7Gd7_Hgj5MBDeIsYHxsckEEU9WLiugjszNw502Ap6KImwhTjiMKUdWmrfvdUcNeipgG55KA5KQORhcdW3-m3czxZp1D4O7bcnb0JFuPXK5jzllr4/w640-h478/miradas-de.jpg" width="640" /></a></div>Miradas
de reportero<o:p></o:p>

Por Rogelio Hernández
López<o:p></o:p>

Lunes 4 de noviembre de 2023 <o:p></o:p>

A todas las personas legisladoras de la LXV Legislatura del
Congreso de la Unión; a las personas responsables de la Secretaría de
Gobernación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de
su Unidad de Derechos Humanos y del Mecanismo de Protección a Personas
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Poder Ejecutivo Federal.<o:p></o:p>

En todas y todos ustedes reside la responsabilidad de dictar
medidas urgentes para reducir los altos riesgos que tienen, en lo inmediato,
las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas pero también de
iniciar, ahora sí, un proceso que enfrente las causas estructurales y de fondo
que comiencen a frenar este prolongado y letal ciclo de asesinatos y otras
violencias contra estas actividades tan indispensables como invaluables.<o:p></o:p>

El futuro inmediato de las actividades cotidianas de
personas periodistas y defensores de los derechos humanos más frágiles se hace mayormente
nebuloso ante el proceso electoral actual por su insidiosa polarización, pero también
por la violencia mortífera de los grupos de la delincuencia organizada en
varias regiones y ciudades de la nación.<o:p></o:p>

El medio ambiente para ejercer el periodismo en México y la
defensa de los derechos de la población ha sido, por décadas, extremadamente hostil,
especialmente para mujeres y hombres con menos fortalezas profesionales,
laborales, sociales, de seguridad y gremiales. Tan solo en los días recientes,
colegas reporteros muy vulnerables de Chilpancingo, Taxco y Apatzingán,
padecieron agresiones letales contra su integridad.<o:p></o:p>

Para lo
urgente<o:p></o:p>

Se han hecho varias propuestas para implementar un programa
de alcance nacional de alerta temprana y reacción rápida ante amenazas o
agravios durante el proceso electoral; un programa que fomente la integración
de una red de redes de autoprotección de periodistas vinculado operativamente
con las fuerzas de seguridad pública y una acción similar para personas
defensoras de los derechos humanos.   <o:p></o:p>

Para lo
estructural.<o:p></o:p>

Crear un andamiaje jurídico que termine de reforzar al actual
Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y
Periodistas de la Secretaría de Gobernación que ha logrado salvar vidas pero ya
es insuficiente.<o:p></o:p>

En noviembre, el mecanismo federal cumplió 12 años de
existencia y sus responsables han reconocido sus insuficiencias y que ha sido
rebasado, sobre todo porque la ley federal que lo creo no le autorizó para
dictar políticas públicas de previsión y prevención de alcance nacional ni para
lograr la coordinación con los gobiernos estatales y municipales donde ocurren
los agravios contra personas periodistas y defensores de los derechos humanos.<o:p></o:p>

Para contrarrestar la limitaciones del mecanismo federal, en
abril de 2022 la Secretaría de Gobernación presentó una iniciativa al Congreso
de la Unión para reformar la Constitución, con la que se facultaría al mismo
congreso federal a expedir una ley general (nacional) de protección ante
agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.<o:p></o:p>

Dicha iniciativa fue aprobada por la comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados el 25 de enero de 2023 y la turnó a la Junta
de Coordinación Política para que la considerara prioritaria. Pero fue
congelada la reforma constitucional y con ello la eventual ley general.<o:p></o:p>

Para perfilar esa ley nacional, la Unidad de Derechos
Humanos de la Segob realizó una decena de foros públicos de consulta en
regiones del país. Y tras ellos se resumió que la nueva ley fomentaría un
andamiaje jurídico complementario que no existe; crearía un sistema nacional de
protección con un acentuado carácter preventivo; convertiría al Mecanismo en un
centro de coordinación nacional de políticas públicas y obligaría a gobiernos
estatales y municipales a sumarse a ese sistema nacional con instrumentos
ejecutivos y políticas públicas propias.<o:p></o:p>

Esos cambios legislativos ya no pueden postergarse <o:p></o:p>

Para
periodistas<o:p></o:p>

Las y los periodistas profesionales en promedio nacional son
el eslabón más débil del proceso informativo porque tienen los más altos
riesgos, por la precariedad de salarios y prestaciones sociales, por
debilidades en la formación y práctica profesional y débiles organismos
gremiales entre otras cosas. La mayor parte de las agresiones y crímenes son contra
los más vulnerables y afectan a los derechos de información y de expresión de
los sectores sociales a los que deben atender.<o:p></o:p>

Para esa ley y el andamiaje jurídico que provocaría se han
hecho varias propuestas en foros públicos y en diversos documentos con un enfoque
de atención al periodismo de responsabilidad social. Aquí se reproducen algunos
de los mínimos propuestos para ese andamiaje desde este enfoque:<o:p></o:p>

PRIMERO.- Adicionar los artículos 1, 6 y 7 de la
Constitución Política, para reconocer a las actividades de defensa de los
derechos humanos y el ejercicio del periodismo como de interés público y
establecer la obligación del Estado Mexicano en todo el territorio nacional de
reconocer su trascendente servicio social para las relaciones democráticas y
así establecer la obligación de todos los niveles de gobierno para protegerlas
y auspiciarlas.<o:p></o:p>

SEGUNDO.- En la ley General (nacional) de Prevención Integral…<o:p></o:p>

a) Debe ampliarse la definición de periodista, distinguiendo
a las personas físicas que hacen labor esencial de conseguir información y con
funciones distintas a las empresas de comunicación (que difunden), de los
colaboradores periodísticos (que analizan) y otros usuarios de la libertad de expresión
(que opinan) en todo tipo de medios y plataformas. Todos con derecho a ser
protegidos, de acuerdo con sus niveles de aportación y riesgos.<o:p></o:p>

b) Garantizar la construcción de un sistema nacional de
prevención y protección integral bajo la rectoría de un nuevo y distinto
Mecanismo, este de coordinación de todos los niveles de gobierno dentro de la
Secretaría de Gobernación.<o:p></o:p>

c) Acentuar lo realmente preventivo para poder perfilar
obligaciones precisas a otras entidades del sector público federal, a los
gobiernos estatales y municipales para proteger y aplicar políticas públicas
verdaderamente previsoras y preventivas, como no lo han hecho durante más de una
década de la ley vigente. Y, por supuesto, fijar sanciones o castigos cuando se
encuentren culpas de omisión o de actuación.<o:p></o:p>

d) Fijar objetivos para crear políticas públicas que
reduzcan la vulnerabilidad de estas poblaciones, les reconozcan en los hechos
como sujetos capaces de autoprotección y les ayuden a adquirir fortalezas tanto
sociales como profesionales para mejor desempeño de sus actividades.<o:p></o:p>

e) Para las personas periodistas profesionales se hace
indispensable establecer, desde esa ley el reconocimiento de al menos 14
derechos profesionales que garanticen el libre flujo de la información de interés
público, entre otros el secreto profesional, de libertad de conciencia, de
autor, respaldo empresarial y público para capacitación continua, etcétera.<o:p></o:p>

f) Entre los objetivos de la prevención verdadera esa ley nacional
debería hacer que la Secretaría de Educación perfile, por ley, políticas
públicas y programas que involucren a universidades, empresas de medios y
periodistas para la actualización profesional continua y fortalecimiento de
capacidades profesionales.<o:p></o:p>

g) Y contra la precariedad para ejercer también se debe encausar
a la secretarías del Trabajo y de Economía a que fijen medidas legales para
garantizar derechos laborales (en el apartado de trabajos especializados, como
empleados o prestadores de servicios) así como facilidades para la institucionalización
de empresas pequeñas de servicios informativos, de carácter no lucrativo y
autorreguladas deontológicamente.<o:p></o:p>

h) Contra la impunidad. Promover desde la ley general
reformas al Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales
y a la Ley Orgánica de la FGR para que se consideren delitos graves todos los
agravios cometidos por cualquier persona física, moral o servidores públicos
contra alguna persona periodista o instalación de prensa, que dolosamente
afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de
expresión o de prensa.<o:p></o:p>

Son estos, nueve criterios mínimos para una nueva ley nacional
y reformas de otras.<o:p></o:p>

Estas y otras propuestas que surjan ayudarían a transformar
definitivamente el medio ambiente demasiado hostil que empeoró desde el año 2000
contra esta actividad de alto interés público; un eco ambiente que seguirá
empeorando si todas las personas sensibles de los poderes legislativo y
ejecutivo federales no atienden lo urgente y siguen negándose a mirar lo
estructural, las causas de fondo, que una ley general podría comenzar a
enfrentar. Ese comienzo, cada día es más impostergable. Mirada de reportero.<o:p></o:p>

Reportero desde 1977. Especializado en investigación
en Excélsior, El Universal, Milenio y otros. Dos veces Premio Nacional por el
Club de Periodistas. Autor de los libros Zócalo Rojo, Zorrilla y Sólo para
periodistas. Profesor invitado en varias universidades. En 2013 y 2015 el
Colegio de Sinaloa le concedió la Cátedra de Periodismo y Comunicación “Pablo
de Villavicencio”. Miembro fundador del Consejo Consultivo del Mecanismo de
Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la
Segob (2010-2014). Director fundador de Casa de los Derechos de Periodistas,
A.C. Consultor en temas de protección, leyes y políticas públicas sobre el
periodismo en la asociación periodistastrespuntocero. Consejero editorial de la
revista Zócalo y del Sistema Informativo Vía Libre.  Su columna para
periodistas, Miradas de Reportero, se publica en medios impresos y digitales de
14 entidades del país. Es autodidacta. Email: <a href="https://www.blogger.com/blog/post/edit/5009443832102666972/2064993402858763088">rogeliohl@yahoo.com.mx</a><o:p></o:p>Ra.

Carta abierta: es impostergable la ley nacional de prevención contra agresiones a periodistas | Miradas de reportero

OPINIÓN Miradas de reportero Por Rogelio Hernández López Lunes 4 de noviembre de 2023 A todas las personas legisladoras de la LXV Le...

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