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De la técnica a la política | John M. Ackerman

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“El Acuerdo Técnico entre la CIDH y el gobierno mexicano, que creó el GIEI, se firmó el 12 de noviembre de 2014, en medio de una de las más importantes irrupciones sociales en la historia reciente. (…).”</h2>
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<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheQ-niSlJUIfWAXOyJf3f3eh8WLu6OzGVbJEJVfGP1t7udfVuYzTH3FFE7dIjPAYQqkLa2xIkILbvNtYORuUSlk2vARtAo-Iz4Xb17YS8X6hiL7dlZqoyde6zhJA6HvUYiZXy_aHAeD6M/s1600/Gobierno+delincuentes.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheQ-niSlJUIfWAXOyJf3f3eh8WLu6OzGVbJEJVfGP1t7udfVuYzTH3FFE7dIjPAYQqkLa2xIkILbvNtYORuUSlk2vARtAo-Iz4Xb17YS8X6hiL7dlZqoyde6zhJA6HvUYiZXy_aHAeD6M/s640/Gobierno+delincuentes.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto Especial</td></tr>
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 Lunes 25 de abril de 2016 
 La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de dar por concluido el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) abre una oportunidad de oro para retomar el camino de la movilización social y la organización política. 
 El Acuerdo Técnico entre la CIDH y el gobierno mexicano, que creó el GIEI, se firmó el 12 de noviembre de 2014, en medio de una de las más importantes irrupciones sociales en la historia reciente. La fuerza de millones de mexicanos en la calle protestando a escalas nacional e internacional en favor de los estudiantes de Ayotzinapa y contra el mal gobierno obligó a las autoridades a abrir las puertas a una vigilancia externa. 
 Sin embargo, desde el principio el gobierno hizo todo lo posible por recortar y minimizar el trabajo de los expertos. El Acuerdo Técnico no fue firmado por el Presidente de la República, o siquiera por algún integrante de su gabinete, sino por funcionarios menores: una subprocuradora de la PGR, un subsecretario de Gobernación y el representante de México ante la OEA. Asimismo, Enrique Peña Nieto confió en que los pagos que daría su gobierno para cubrir los gastos del grupo de expertos, con una primera entrega de un millón de dólares en enero de 2015 y otra por la misma cantidad en octubre del mismo año, asegurarían que los investigadores tuvieran un comportamiento estrictamente institucional. 
 Esta estrategia de contención suave se combinó desde el primer momento con el recrudecimiento de las tácticas más represivas del régimen. Dos días antes de la firma del convenio con la CIDH, el lunes 10 de noviembre de 2014, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, hizo pronunciamientos públicos inéditos que deslizaban la posibilidad de un autogolpe en respuesta a las descalificaciones sociales cada vez más fuertes en contra tanto del Presidente como del Ejército Mexicano. 
 Cienfuegos señaló que debido a los juicios injustos y erróneos de parte de la sociedad, “el desarrollo y el progreso de la nación están en juego. Por nuestra parte, vociferó el secretario, las fuerzas de tierra, mar y aire respaldamos firmemente al señor Presidente de la República y su proyecto de gobierno para llevar al país a mejores posibilidades de desarrollo. ¡México, nuestra gran nación, se lo merece! 
 Una semana después seríamos testigos de uno de los actos de represión política más burdos y traicioneros en la historia reciente del país. El 20 de noviembre de 2014, en el 104 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, cientos de miles de ciudadanos pacíficos convergieron en el Zócalo capitalino acompañando a los padres de familia de Ayotzinapa. Cientos de miles más protestaron simultáneamente a lo largo y ancho del territorio nacional y en más de una veintena de ciudades a escala internacional. Esa noche los manifestantes prendieron fuego a una enorme efigie de Peña Nieto en la Plaza de la Constitución mientras cantaban al unísono ¡Fuera Peña Nieto! La imagen dio la vuelta al mundo e incluso llegó a ocupar la primera plana del más importante periódico francés, Le Monde. 
 En respuesta al éxito de la marcha, los granaderos de Miguel Ángel Mancera utilizaron el pretexto de ataques aislados protagonizados por jóvenes encapuchados, seguramente infiltrados por el mismo Cienfuegos, para avanzar violentamente y de manera indiscriminada contra la multitud. Se generó caos y pánico masivo en la plancha del Zócalo, comparable al escenario que tuvo lugar el 2 de octubre de 1968 (véase: <a href="http://ow.ly/4n20lQ">http://ow.ly/4n20lQ</a>). Hubo cientos de golpeados y reprimidos, entre los que se incluían mujeres, niños y personas de la tercera edad (véase: <a href="http://ow.ly/4n20nd">http://ow.ly/4n20nd</a>), y se detuvo arbitrariamente a 11 estudiantes totalmente inocentes, quienes fueron enviados de inmediato a cárceles de alta seguridad, acusados de los delitos de motín, terrorismo y crimen organizado. 
 La calculada combinación de estrategias de contención institucional y de represión política surtió efecto a corto plazo. Si bien se han mantenido firmes en su valiente lucha tanto los padres de Ayotzinapa como los maestros en rebeldía que se oponen a la reforma educativa, 2015 fue un año relativamente tranquilo para el régimen con respecto a grandes movilizaciones sociales. 
 Hoy, sin embargo, se presenta una excelente oportunidad de volver a articular luchas, así como sacar nuestra indignación a las calles y las urnas. Los expertos del GIEI no se dejaron comprar por las dádivas gubernamentales. El informe que presentaron ayer desnuda con gran profesionalismo e independencia las mentiras de la autoridad y transparenta la traición de Peña Nieto a la verdad, la justicia y al pueblo de México. El GIEI hizo todo lo posible dentro del marco de un acuerdo internacional estrictamente técnico. 
 Pero los mexicanos no estamos atados por ningún acuerdo técnico de cooperación. Podemos y debemos poner la mirada más alta. La única forma de llegar al fondo de lo que realmente ocurrió el 26 de septiembre de 2014, así como de las desapariciones y asesinatos políticos que ocurren cotidianamente en nuestro país, es por medio de la acción social y política coordinada. 
 Ya basta de esperar ingenuamente a que los criminales se investiguen a sí mismos. Para sacar a los delincuentes de las calles, primero hay que sacarlos del gobierno. 
 <a href="http://www.johnackerman.blogspot.com/">www.johnackerman.blogspot.com</a> Twitter: @JohnMAckerman

De la técnica a la política | John M. Ackerman

“El Acuerdo Técnico entre la CIDH y el gobierno mexicano, que creó el GIEI, se firmó el 12 de noviembre de 2014, en medio de una de las más...

VERIFICACIÓN AMBIENTAL sólo ES RECAUDATORIA; no mide ni medirá contaminación

* CINCO PRECISIONES SOBRE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR 
 
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrN9mljvZp_gcjJvVc0keqQBC3q1r6rBR5YjLP21j3K0yzCd9w26e2nLKivwYmh84y1aiB0YOwneH6Z2nD3VmiY0rHLwJt6QXQyqll7zv35Rsvx__jvaAJkt3xJ5o5x7uY-lpDkxyRhl0/s1600/zzz798.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrN9mljvZp_gcjJvVc0keqQBC3q1r6rBR5YjLP21j3K0yzCd9w26e2nLKivwYmh84y1aiB0YOwneH6Z2nD3VmiY0rHLwJt6QXQyqll7zv35Rsvx__jvaAJkt3xJ5o5x7uY-lpDkxyRhl0/s640/zzz798.jpg" width="640" /></a></div>
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No es una prueba para medir la emisión de contaminantes que producen los motores. No. Es una prueba para medir la eficiencia en el consumo de un motor. Foto JLCA</div>
 
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Por José Luis Camba Arriola (*)</div>
 
Ciudad de México, a 18 de abril de 2016 
 
1. ¿Qué es? 
 
No es una prueba para medir la emisión de contaminantes que producen los motores. No. Es una prueba para medir la eficiencia en el consumo de un motor. 
 
El Factor Lambda (que es el nombre técnico de la prueba), fue diseñado por el Dr. Brettschneider en 1979 para la compañía alemana Bosch. Su propósito era medir la riqueza de la mezcla en una combustión. Por ejemplo, la relación entre oxígeno (comburente) y gasolina (combustible). Es decir, para saber cuál es la combinación óptima de los dos. Por cierto, que ninguno de ellos es contaminante. Éstas son las variables medibles, las otras (el monóxido y los hidrocarburos) son constantes, o sea, de contraste. 
 
2. ¿Cuándo se inventó? 
 
En 1979. En esos años, después de la crisis del petróleo del 79, en que el precio se disparó 2.7 veces, Jerry Brown Jr., hoy y entonces gobernador de California, conocedor de las consecuencias de la crisis anterior, la del 73, alentó formas de ahorro de combustible para su Estado. Bosch no desperdició la oportunidad y se sumó a la convocatoria (la mayoría de los motores utilizaban componentes eléctricos o electrónicos -bujías, distribuidores, cables, etcétera- fabricados por Bosch). 
 
3. ¿Para qué se inventó? 
 
Para ahorrar gasolina. 
 
En aquellos años, la mayoría de los motores funcionaban con carburador. No contaban con computadoras que les ayudaran a combinar automáticamente el volumen de oxígeno y gasolina; su relación dependía de factores barométricos (altitud y temperatura). Esto impedía que se pudieran regular (en los aviones de carburador, el aire y la gasolina se pueden controlar manualmente dependiendo de estos factores -tienen dos “aceleradores”-, en los vehículos terrestres no). 
 
Como resultado de lo anterior, el gobierno californiano subvencionó (típica actitud demócrata) a las estaciones locales de análisis de eficiencia en el consumo de combustible. Se pretendía, atinadamente, que dependiendo de la época del año y del nivel del mar, es decir, de los factores barométricos, los ciudadanos pudieran saber si tenían que enriquecer o empobrecer la mezcla de aire y gasolina (esto se consigue abriendo o cerrando la esprea -que es un tornillo- del carburador). 
 
El siguiente gobernador, Deukmejian, lo hizo obligatorio (típica actitud republicana) bienalmente para los vehículos de más de seis años y matriculados de 1976 en adelante (los carburadores anteriores no se pueden regular pues carecen de esprea variable). 
 
La prueba recibió el nombre de “Smog Check” puesto que se medía a través del tubo de escape (“smog pipe”) y medía (como sigue midiendo) el balance ideal entre oxígeno y gasolina después de la combustión. 
 
4. ¿Por qué la usamos en la Ciudad de México? 
 
Fácil, para recaudar dinero. 
 
Es un impuesto y nada más. De hecho, el impuesto ideal: los contribuyentes lo pagan pensando que ayudan (contribuyen) a mejorar el ambiente. Es una especie de penitencia por “contaminar”. En un mundo ideal, nos deberían devolver todas las verificaciones que hemos pagado inútilmente para algo que no es lo que dicen que es (sin contar con que los dueños de los Verificentros se han llevado parte de la tajada -mejor sería que Tesorería lo cobrara anualmente, y ya, sin trámites ni intermediarios). 
 
Lo que los contribuyentes no saben es que cuando su automóvil emite más oxígeno de lo normal, no pasa la verificación (significa que la mezcla es demasiado rica y desperdicia oxígeno, por lo tanto consume mayor combustible); por el contrario, cuando emite más dióxido de carbono que el ideal, tampoco pasa (la mezcla es demasiado pobre y desperdicia gasolina, por lo tanto consume mayor oxígeno del necesario). 
 
Ahora bien, si la prueba Lambda fue diseñada para establecer el óptimo consumo de oxígeno y gasolina de un motor, lo correcto sería que la prueba se llevara a cabo, atendiendo a las características específicas del motor y no a las del año de fabricación. Por lo que el error más grande es que una prueba que determina el funcionamiento de un motor específico, sea aplicada de manera general a todos los vehículos que circulan en la ciudad. 
 
5. ¿Su endurecimiento a partir de julio ayudará a que solamente circulen los vehículos menos contaminantes? 
 
Simplemente: no. 
 
Los “contaminantes” medidos por el Factor Lambda son el oxígeno, producido por las plantas, y el dióxido de carbono, por la combustión de cualquier tipo (los animales lo producimos al respirar -una forma de combustión). En exceso, un ser humano sometido a la verificación no la pasa (demasiado dióxido de carbono); una planta cualquiera, de las verdes, tampoco (demasiado oxígeno). 
 
El valor Lambda ideal es 1.000. Si su auto, como el mío, arroja 1.010 significa que consume el 1% más de combustible de lo que idealmente debería. Si su valor es por debajo, por ejemplo 0.950 es que consume 5% más del oxígeno deseable. Aunque en ninguno de los dos casos significa que uno u otro contaminen, pues como ya aclaré: el oxígeno no contamina y el dióxido de carbono tampoco. 
 
Por otro lado, el factor A/F (oxígeno/combustible) de las gasolinas es de 14.71. En la medida que su vehículo se acerque a este número (por ejemplo, el mío es 14.72) será más eficiente (por cierto, que mi automóvil es 2006). Eso significa que sólo que no permitan un margen de uno por ciento en el valor Lambda y 0.01% en el factor A/F, mi vehículo pasará, pero el gobierno no sabrá, ni yo tampoco si contamina más o menos que los demás. A propósito, ese número varía según la marca de la gasolina y la temperatura ambiental. 
 
En fin, que la verificación no mide ni medirá la emisión de contaminantes que producen los vehículos. Ni siquiera, cuando el gobierno la “endurezca”, en el próximo mes de julio. Seguirá recaudando dinero, y mucho, que para eso la usa nuestra tan eficiente administración pública. Pero para nada más. Sin importar que lo haga conscientemente o por ignorancia, que un gobierno engañe a sus ciudadanos en algo tan relevante como su salud o sus impuestos es, al menos, deplorable. Hay mejores aproximaciones para reducir la contaminación y formas más honestas de recaudar dinero. 
 
 
En resumen, el método para calcular Lambda (Balance de Oxígeno y Combustible) parte de la medición del óxido de carbono, el dióxido de carbono, los hidrocarburos sin quemar y el oxígeno sin consumir en el escape (si se utiliza, como en México, un analizador de 4 gases, debe medirse el nitrógeno -aunque su efecto es prácticamente nulo, sólo 0.05% del oxígeno utilizado). La ecuación compara todo el oxígeno en el numerador y todas las fuentes de carbono e hidrógeno en el denominador para calcular el contenido de oxígeno y combustible; y obtener el valor Lambda para saber la relación hisométrica entre aire y combustible (A/F). “Bosch Technische Berichte”, Vol. 6 (1979) No. 4, páginas: 177-186. 
 
 
<a href="http://joseluis@camba.ws%20/">joseluis@camba.ws </a> 
 
(*) Sociólogo y politólogo

VERIFICACIÓN AMBIENTAL sólo ES RECAUDATORIA; no mide ni medirá contaminación

* CINCO PRECISIONES SOBRE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR No es una prueba para medir la emisión de contaminantes que producen los motores. ...

Institucionalidad colapsada | John M. Ackerman

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“México no solamente es un paraíso fiscal en que nadie paga lo que le corresponde, sino que también se ha convertido en un paraíso de la impunidad en que cualquier cosa se vale con tal de mantenerse en el poder y enriquecerse a expensas del erario y los recursos nacionales. (…).”</h2>
 
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Lunes 11 de abril de 2016 
 El colapso de la institucionalidad democrática en México es tan completo que ya nadie espera acción alguna de las autoridades gubernamentales en favor de la justicia o la honestidad. Todos sabemos que quedarán perfectamente impunes las recientes revelaciones periodísticas sobre delitos electorales cometidos por el hacker colombiano Andrés Sepúlveda, las triangulaciones financieras del compadre de Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa, y las millonarias contribuciones de la empresa del operador financiero del cártel de Juárez, Rodolfo Dávila, a la campaña presidencial de Peña Nieto. Y los recientes ataques en contra tanto de los normalistas de Ayotzinapa como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirman que este emblemático caso jamás se resolverá, mientras los mismos responsables por el crimen del 26 de septiembre de 2014 siguen despachando desde Los Pinos. 
 México no solamente es un paraíso fiscal en que nadie paga lo que le corresponde, sino que también se ha convertido en un paraíso de la impunidad en que cualquier cosa se vale con tal de mantenerse en el poder y enriquecerse a expensas del erario y los recursos nacionales. Ningún fraude es demasiado grande, ningún cinismo demasiado descarado, y ninguna agresión demasiado violenta para llamar la atención de la autoridad y obligar a las instituciones del Estado a tomar acción para defender los intereses públicos. Ya no existe límite alguno al ejercicio del poder. 
 La principal función de las instituciones públicas en el México contemporáneo no es la rendición de cuentas, sino el control social. Los organismos del Estado solamente se activan cuando se trata de reprimir, censurar o emitir castigos ejemplares contra quienes se atreven a resistir los embates del poder. 
 Nadie podrá devolver a Nestora Salgado los 30 meses que purgó en la cárcel por un crimen que jamás cometió y en venganza por su valiente defensa del pueblo de Guerrero. Los cientos de presos políticos todavía encerrados, incluyendo a Gonzalo Molina y José Manuel Mireles, todos los días reclaman justicia. 
 El Instituto Nacional Electoral ha mantenido un silencio sepulcral sobre los escándalos del NarcoMonex de Dávila y el HackerGate de Sepúlveda, que confirman la comisión de un fraude monumental durante las elecciones presidenciales de 2012. Sin embargo, la semana pasada los consejeros electorales actuaron con una velocidad inédita para frenar el paso a Andrés Manuel López Obrador con la cancelación de manera injustificada del registro de los candidatos del partido Morena a las gubernaturas de los estados de Zacatecas y Durango. 
 De acuerdo con Los papeles de Panamá, los 100 millones de dólares de Hinojosa, canalizados desde un paraíso fiscal en las Bahamas a otros paraísos en Nueva Zelanda y Holanda, constituyen apenas una pequeña parte del portafolio del cliente. Un correo electrónico de los gestores del contratista favorito de Peña Nieto aclara que su cliente posee múltiples cuentas en bancos como Credit Suisse, JP Morgan y USB Hamburg, con una cantidad insospechada de recursos. 
 Carmen Aristegui ha documentado contratos para Hinojosa de parte de los gobiernos de Peña Nieto, en el estado de México y a escala federal, por un valor de por lo menos 750 millones de dólares. Seguramente la cantidad es en realidad mucho mayor. Es imposible imaginar que Hinojosa haya pagado todos los impuestos correspondientes. Sin embargo, el asunto central no es el asunto fiscal, sino las implicaciones electorales. 
 Es crucial ir atando los cabos de los escándalos. Sepúlveda, el hacker colombiano, ha señalado que sus servicios de espionaje, manipulación y fraude electoral costaron millones de dólares. Los servicios del consultor electoral, J. J. Rendón, quien habría convocado a Sepúlveda para que apoyara a Peña Nieto, igualmente se cotizan en millones de dólares. 
 ¿Quién pagó por estos servicios? ¿Se financiaron de la misma manera que las tarjetas Monex, por medio de empresas fantasmas fondeadas desde fuentes oscuras? ¿O fue el mismo Hinojosa quien pagó por el fraude de 2012 en agradecimiento por los contratos otorgados por su compadre y ex-gobernador del estado de México? 
 Los grandes fraudes en México no se cometen solamente con el fin de enriquecerse personalmente, sino también con el propósito de mantenerse en control de las instituciones gubernamentales para poder garantizar la impunidad. Queda perfectamente claro que Peña Nieto y el régimen corrupto preparan de nuevo un enorme fraude en 2018. Sin embargo, cada día también se aumenta la indignación ciudadana y el repudio generalizado a la impunidad y el saqueo. 
 En 2018 tendrá lugar, sin duda, una de las grandes batallas en toda la historia de México. ¿El pueblo mexicano podrá derrotar al monstruo de la impunidad? ¿Lograremos sacudir el miedo, la mezquindad y el sectarismo para poder construir un amplio movimiento político con un fuerte arraigo social, capaz de poner las instituciones gubernamentales al servicio de los intereses públicos? 
 <a href="http://www.johnackerman.blogspot.com/">www.johnackerman.blogspot.com</a> Twitter: @JohnMAckerman

Institucionalidad colapsada | John M. Ackerman

“México no solamente es un paraíso fiscal en que nadie paga lo que le corresponde, sino que también se ha convertido en un paraíso de la im...

México sitiado | John M. Ackerman

“En la Cámara de Diputados avanza un dictamen para la Ley Reglamentaria al Artículo 29 Constitucional que daría manga ancha al presidente de la República y al Congreso de la Unión para suspender nuestras garantías constitucionales frente a casi cualquier ‘perturbación a la paz pública’ con el fin de establecer la ‘normalidad’ de impunidad generalizada en el país. (…).” 
 
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_HVpzK6UrKnigtZcrUXN9vsilosjKVa3ggFtrsEdo-Ut-9FtpmKWoYSU-bAVdz0w8YUTIFU4rmNPJnbGg6SADZ6XQb_jKleLihqyE_LNdUiTREyQd4UQxTm9rUsJXDLR5CgNlK1E-fc/s1600/Militares+resistencia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_HVpzK6UrKnigtZcrUXN9vsilosjKVa3ggFtrsEdo-Ut-9FtpmKWoYSU-bAVdz0w8YUTIFU4rmNPJnbGg6SADZ6XQb_jKleLihqyE_LNdUiTREyQd4UQxTm9rUsJXDLR5CgNlK1E-fc/s640/Militares+resistencia.jpg" width="640" /></a></div>
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Militares en resistencia. Foto johnackerman.blogspot.com</div>
 
Lunes 4 de abril de 2016 
 
Uno de los aspectos más notorios de los regímenes autoritarios es la utilización facciosa de la ley para reprimir, censurar y controlar a la población. 
 
El contenido de dos nuevas leyes impulsadas por Enrique Peña Nieto y los partidos del Pacto por México confirma que el actual ocupante de Los Pinos busca consolidar de manera definitiva la política represiva que ensayó en Atenco el 4 de mayo de 2006, cuando fungía como gobernador del Estado de México, y que ha repetido una y otra vez desde su toma de protesta como presidente de la República el 1 de diciembre de 2012. 
 
Peña Nieto se da cuenta del aumento de la ira social frente a sus fallidas “reformas estructurales”, la crisis económica, la profundización de la corrupción y la expansión de la violencia por todo el país. El presidente mexicano también está sujeto a cada vez más presión de organismos internacionales para frenar tanto la ola expansiva de violaciones a los derechos humanos como los ataques constantes contra periodistas, activistas sociales y políticos. 
 
Pero en lugar de cambiar el rumbo y resolver el problema de raíz atacando la impunidad criminal enquistada en las instituciones gubernamentales, Peña Nieto ha decidido promover nuevas leyes que legalizarían la crisis generalizada de derechos humanos. Así como las contrarreformas “estructurales” institucionalizaron la corrupción y el saqueo, las nuevas contrarreformas represivas buscan formalizar la imposición de un estado de sitio generalizado en el país. 
 
En la Cámara de Diputados avanza un dictamen para la Ley Reglamentaria al Artículo 29 Constitucional que daría manga ancha al presidente de la República y al Congreso de la Unión para suspender nuestras garantías constitucionales frente a casi cualquier “perturbación a la paz pública” con el fin de establecer la “normalidad” de impunidad generalizada en el país. De acuerdo con el texto de la iniciativa, ya aprobada por el Senado de la República, se define el concepto “perturbación grave” como un “fenómeno social violento que ponga en peligro la estabilidad o seguridad del Estado o su estructura social, política o económica”. 
 
Es decir, casi cualquier protesta social, o supuesta amenaza a la autoridad orquestada por provocadores en la nómina de la Secretaría de Gobernación, puede ser motivo para cancelar nuestros derechos más básicos a la libertad de reunión, de protesta y de expresión, así como a la privacidad, a la información, al tránsito y a la comunicación. En otras palabras, en el momento en que Peña Nieto y sus partidos aliados empiezan a sentir que su poder se tambalea, esta nueva ley les permitiría encerrarnos a todos en nuestras casas y cancelar todo servicio telefónico o de internet. Simultáneamente, el gobierno podría establecer un régimen de estricta censura en todos los medios de comunicación, algo ya bastante avanzado en los hechos, así como prohibir las reuniones de protesta e intervenir en todas y cada una de nuestras comunicaciones personales. 
 
La nueva "Ley Atenco", aprobada por el PRI, el PAN y el PRD en el Congreso del Estado de México el pasado jueves 17 funge como el perfecto complemento autoritario a la ley de estado de sitio promovida en el Congreso federal. La nueva Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México autoriza de manera indiscriminada la utilización de la fuerza pública en casi cualquier situación de protesta social. Por ejemplo, el artículo 7 promueve su uso para garantizar “el orden y la paz pública”, definidos en los términos más abstractos, así como “por estado de necesidad, cuando se realice para salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente”. Asimismo, el Capítulo III de la ley autoriza de manera general emplear la fuerza para el “control de multitudes” y define como una “reunión ilegal” de facto cualquier protesta ciudadana donde se busque “obligar” a las autoridades a resolver en un sentido específico. 
 
En suma, la “Ley Atenco” está diseñada para acabar con la protesta social, así como para proteger a los elementos de seguridad en caso de cualquier acusación en su contra de parte de los ciudadanos víctimas de sus actos represivos. El contenido de ambas leyes, la del Artículo 29 al nivel federal y la del Uso de la Fuerza Pública al nivel estatal, demuestran el aislamiento cada vez más extremo de la clase política respecto de la sociedad y su necesidad de gobernar estrictamente por la fuerza. 
 
Y cuando sumamos las recientes confesiones del colombiano Andrés Sepúlveda a la agencia Bloomberg (véase: <a href="http://ow.ly/109ept">http://ow.ly/109ept</a>) sobre su participación en una amplia red de espionaje y fraude electoral durante la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, nos queda claro que la lógica de la fuerza ha sido la característica del gobierno actual desde sus orígenes. El gobierno de Peña Nieto no solamente no es democrático, sino que, a partir de cada revelación nueva sobre los entretelones del funcionamiento de su red internacional de corrupción política, queda más claro que carece de la más mínima legitimidad social o institucional. 
 
Cada día tendremos más presos políticos atrás de las rejas y criminales en el gobierno si no actuamos juntos, como sociedad unida, con una clara vocación política y electoral, para detener la legalización del fraude y la cancelación de todas nuestras libertades ciudadanas. 
 
 
Publicado en Revista Proceso No. 2057 
 
(c) John M. Ackerman, todos los derechos reservados 
 
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<a href="http://johnmackerman/">@JohnMAckerman</a> 
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México sitiado | John M. Ackerman

“En la Cámara de Diputados avanza un dictamen para la Ley Reglamentaria al Artículo 29 Constitucional que daría manga ancha al presidente d...

Emancipación capitalina | John M. Ackerman

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“(…) Pocas veces en la historia se presentan coyunturas tan propicias para la transformación política e institucional. No la dejemos escapar.”</h2>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIk8wgwVpmzG9RIBhrk03mxOkzCjJ1NzIXChFhNVvMURyG2n_3IjWeUdnmcN0yyp9AWjI-1bHTMUs_cU6v1708KkBuPsvvpjBHupI1uQYTQjTo4nSwwQNjycAQ9yKh18qPRqo8wUaBCU0/s1600/Epn-Mam.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIk8wgwVpmzG9RIBhrk03mxOkzCjJ1NzIXChFhNVvMURyG2n_3IjWeUdnmcN0yyp9AWjI-1bHTMUs_cU6v1708KkBuPsvvpjBHupI1uQYTQjTo4nSwwQNjycAQ9yKh18qPRqo8wUaBCU0/s640/Epn-Mam.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera Espinosa. Fotos Archivo/Reforma</td></tr>
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 Martes 29 de marzo de 2016 Los habitantes de la Ciudad de México no tenemos para qué seguir aguantando el mal gobierno de Miguel Ángel Mancera. El próximo 5 de junio tendremos una oportunidad de oro para mandar el actual jefe de Gobierno a su casa y simultáneamente transformar radicalmente tanto la forma como el fondo en que se ejerce el poder en la capital del país. Pocas veces en la historia se presentan coyunturas tan propicias para la transformación política e institucional. No la dejemos escapar. 
 En la próxima elección de diputados a la asamblea constituyente de la Ciudad de México se pone en juego el futuro no solamente de la ciudad sino de la política nacional en su conjunto. ¿Los mexicanos estamos conformes con la destrucción del país encabezada por el PRIANRD o todavía nos queda algo de dignidad republicana y esperanza democrática? ¿Los capitalinos nos damos por vencidos frente a la represión, la arbitrariedad, la privatización, la corrupción, el entreguismo y la destrucción ambiental promovidas por Mancera o estamos dispuestos a levantar la voz para defender nuestro derecho a una vida digna? 
 Mancera y Enrique Peña Nieto han diseñado la asamblea constituyente para anular su contenido democrático y para garantizar el control absoluto de los políticos de siempre sobre la redacción de la nueva carta magna. Como ya se sabe, los partidos del Pacto por México nombrarán directamente a 40 de los 100 representantes. Asimismo, debido a la intervención facciosa del Instituto Nacional Electoral, el financiamiento electoral que recibirán el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados del Partido Verde y el Partido Nueva Alianza rebasará por mucho la mínima presencia electoral que estos institutos políticos tienen en la ciudad. 
 Pero aun en esas circunstancias adversas, con nuestra participación masiva este próximo 5 de junio los ciudadanos podemos poner un alto a la mafia del poder. Específicamente, un respaldo contundente al nuevo partido ciudadano, Morena, podría detener el saqueo neoliberal e iniciar la emancipación de todos los capitalinos del yugo de la corrupción estructural. 
 Una tarea urgente, por ejemplo, sería incorporar la figura de la revocación de mandato para el jefe de Gobierno y aplicarla inmediatamente a Mancera. Así acabaremos de manera inmediata con la penuria que vivimos todos los días en la ciudad. Mancera cuenta con una tasa de aprobación ciudadana aún menor que Peña Nieto. Con sus traiciones, el actual jefe de Gobierno ha perdido la confianza de los habitantes de la ciudad. Ha llegado la hora de demostrarle a la clase política quién realmente manda en la capital. 
 Otra propuesta ciudadana, que ya ha sido retomada por Morena, sería dejar asentada la prioridad absoluta del interés público y ambiental sobre los intereses particulares y privados en la capital. Desde el mismo texto constitucional habría que prohibir la privatización de los servicios públicos, la especulación inmobiliaria y las asociaciones público-privadas. También habría que dotarle de instrumentos jurídicos efectivos para aumentar la recaudación fiscal, controlar la contaminación, acabar con la corrupción, multiplicar los espacios públicos y garantizar el derecho a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la cultura y una vida digna a todos y cada uno de los habitantes de la capital. 
 Una constitución transformadora también incluiría un compromiso claro con los indígenas, las mujeres, los jóvenes y la libertad de expresión. Habría que hacer realidad los acuerdos de San Andrés para los pueblos indígenas de la Ciudad de México, garantizar la estricta equidad de género en todos los ámbitos de la ciudad, multiplicar los servicios y apoyos para los jóvenes, asegurar el acceso gratuito a Internet para todos, y crear una multitud de nuevas iniciativas informativas y periodísticas. Una constitución realmente ciudadana no solamente incluiría un listado de derechos humanos, sino que también obligaría al gobierno a hacerlos realidad. Habría que cambiar radicalmente la forma de nombramiento de los integrantes del Poder Judicial local, someter a los jueces y magistrados a una estricta vigilancia ciudadana, así como crear nuevas figuras jurídicas que permitan a los ciudadanos demandar al gobierno si no cumple con sus responsabilidades constitucionales. 
 En los últimos años, y particularmente a partir de las movilizaciones en apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa, ha quedado claro a cada vez más personas que el responsable de nuestra desgracia es el Estado. Hoy se presenta una gran oportunidad para despedirnos de aquel Estado oligárquico y corrupto que reprime y desaparece a estudiantes, para dar paso a un nuevo Estado comprometido con la paz, la justicia, la participación y la democracia. Pasemos de la indignación a la acción. 
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Emancipación capitalina | John M. Ackerman

“(…) Pocas veces en la historia se presentan coyunturas tan propicias para la transformación política e institucional. No la dejemos escapa...

Enrique Trump | John M. Ackerman

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“Donald Trump es un racista confeso quien ha descalificado a los mexicanos como ‘criminales’ y ‘violadores’. (…). En respuesta, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha mantenido un silencio cómplice y criminal. El ocupante de Los Pinos no ha emitido pronunciamiento alguno sobre el tema y sus voceros han hecho todo lo posible por evitar cualquier cuestionamiento o confrontación (…).”.</h2>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcO4o3fS8hAvq9i3edLBq4ogfEoY4fqcr3HAWlPMxDN0nauJEscIfVZGwvQIJRWqLQas_-h9t85WUFrPmR7FtOawvn5w3AAyGa3-e4Gjs_CttkEf1Ha41Md4qKjrO00pX9H_iCmply7Ww/s1600/Trump+Pe%25C3%25B1a.jpg" imageanchor="1"><img border="0" height="390" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcO4o3fS8hAvq9i3edLBq4ogfEoY4fqcr3HAWlPMxDN0nauJEscIfVZGwvQIJRWqLQas_-h9t85WUFrPmR7FtOawvn5w3AAyGa3-e4Gjs_CttkEf1Ha41Md4qKjrO00pX9H_iCmply7Ww/s640/Trump+Pe%25C3%25B1a.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Donald Trumpt y Enrique Peña Nieto. Foto SIR</td></tr>
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Lunes 7 de marzo de 2016 
 
Donald Trump es un racista confeso quien ha descalificado a los mexicanos como “criminales” y “violadores”. El precandidato presidencial ha anunciado que de ocupar la Casa Blanca expulsaría a millones de connacionales de los Estados Unidos y obligaría al gobierno mexicano a construir una enorme muralla en la frontera entre los dos países. Sus ataques a México y a los mexicanos se han convertido en uno de los ejes principales de su campaña presidencial, junto con sus posiciones igualmente retrógradas con respecto a los musulmanes y el Medio Oriente. 
 
En respuesta, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha mantenido un silencio cómplice y criminal. El ocupante de Los Pinos no ha emitido pronunciamiento alguno sobre el tema y sus voceros han hecho todo lo posible por evitar cualquier cuestionamiento o confrontación. La semana pasada, Enrique Guzmán, titular de la Oficina de la Presidencia de la República, declaró a la agencia Bloomberg que el gobierno de Peña Nieto trabajaría de igual manera con Trump que con cualquier otro Presidente del país vecino (véase: <a href="http://ow.ly/YZzyF">http://ow.ly/YZzyF</a>). 
 
VIDEO: "ENRIQUE PEÑA NIETO ES EL DONALD TRUMP DE MÉXICO" 
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En otras palabras, el actual Presidente mexicano se subordinaría y se pondría a los órdenes de Trump de la misma forma en que lo ha venido haciendo con el gobierno de Barack Obama. Por ejemplo, hace unos días el titular del Estado mexicano se rebajó al nivel del vice-presidente estadounidense, Joseph Biden, durante la visita de aquel a la Ciudad de México para participar en una reunión con empresarios y oligarcas mexicanos. Peña Nieto recibió en privado al segundo de Obama durante más de una hora y posteriormente dieron una conferencia de prensa conjunta a los medios de comunicación. 
 
Las reglas de la diplomacia exigen que haya una estricta igualdad con respecto a las relaciones públicas entre dos países soberanos: presidentes con presidentes, vice-presidentes con vice-presidentes, y procuradores con procuradores. Sería ridículo imaginar, por ejemplo, la celebración de una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca entre Obama y Miguel Angel Osorio Chong o Arely Gómez. Al colocarse al nivel de Biden, Peña exhibió públicamente lo que la mayoría de los mexicanos ya teníamos claro: el actual titular del Estado mexicano no trabaja para el pueblo mexicano sino que funge como un empleado más del gobierno de Washington y de los empresarios de Wall Street y Silicon Valley. 
Esta lamentable situación explica porque Peña Nieto no se ha atrevido a cuestionar frontalmente a Trump. Como un buen serviente al poder, el actual ocupante de Los Pinos prefiere quedar bien con quien podría llegar a ser su jefe en lugar de complacer a los ciudadanos a quienes supuestamente tendría que rendir cuentas. 
 
Pero el servilismo de Peña Nieto hacia el norte no es lo único que explica el desdeñable comportamiento del Presidente de todos los mexicanos frente a la amenaza clara y presente que implica la candidatura de Trump. En realidad, el Presidente mexicano y el aspirante republicano comparten una visión similar del mundo. Ambos hombres desprecian profundamente la cultura y la educación y viven en un mundo lleno de champaña, aduladores y guardaespaldas que los aisla totalmente de los sufrimientos y las esperanzas del pueblo humilde. 
 
Ambos políticos sirven al mismo amo: el dinero y el poder. Si bien las fortunas de Peña y de Trump vienen de fuentes distintas, las arcas gubernamentales para el primero y la explotación capitalista para el segundo, ambos personajes se sostienen como figuras públicas gracias al saqueo de recursos ajenos. 
 
Si bien Trump es más explícito con respecto a su desprecio para México y los mexicanos, Peña en realidad comparte el mismo odio para la historia y la cultura de los habitantes de su propio país. Tal y como documentamos en el libro El mito de la transición democrática, desde el primer día de su mandato Peña ha encabezado una ofensiva ideológica, política y económica en contra de todas las tradiciones y los valores humanistas de los mexicanos. 
 
Hoy ya queda claro que el lema “Mover a México” en realidad significa “Destruir a México”. La “reforma energética” ha llevado al desmantelamiento de Petróleos Mexicanos (PEMEX). La petrolera pública sufre actualmente un enorme quebranto financiero y pocas posibilidades para crecer en el futuro a causa de la entrega de sus yacimientos a consorcios privados y extranjeros. Y la “reforma educativa” no ha sido más que un ataque disfrazado en contra de todos los maestros, y en particular aquellos más críticos que defienden la tradición mexicana de educación crítica y humanista. La semana pasada, esta reforma ya generó sus primeros despidos masivos, con la separación de su cargo de más de 3,400 profesores. Recordemos también que Peña Nieto se ha adelantado a Trump con respecto a políticas anti-migrantes. México ahora expulsa a más hermanos latinoamericanos de su territorio que el mismo gobierno de los Estados Unidos. 
 
La entrega de nuestro oro negro a las grandes transnacionales, la aniquilación de los maestros críticos y el acoso a los migrantes centroamericanos constituyen la contracara de las políticas racistas y fascistas de Trump. Peña y Trump juntos buscan acabar con cualquier resistencia ciudadana o popular al predominio absoluto del dinero y la corrupción en América del Norte. 
 
Lamentablemente, Hillary Clinton no es mejor. Ella es la candidata que cuenta con mayor respaldo de parte de la industria militar, de acuerdo con la organización “Open Secrets” con sede en Washington, D.C. (véase: <a href="http://ow.ly/YZrxT">http://ow.ly/YZrxT</a>). Las empresas militares han donado veinte veces más a la campaña de Clinton que a la del mismo Trump 
 
La salvación entonces no vendrá del norte, ni desde las cúpulas del poder financiero y político global. El camino hacia la justicia y la paz lo tendremos que construir nosotros desde el sur, desde abajo y a la izquierda. 
 
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Twitter: @JohnMAckerman 
Publicado en Revista Proceso No.2052

Enrique Trump | John M. Ackerman

“Donald Trump es un racista confeso quien ha descalificado a los mexicanos como ‘criminales’ y ‘violadores’. (…). En respuesta, el gobierno...

Pueblo esperanzado, Papa incumplidor | John M. Ackerman

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“Como gesto de agradecimiento y obediencia, el Papa jamás rompió con el guion del poder despótico mexicano. Nunca hizo referencia a los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa ni pidió justicia para los periodistas o los defensores de derechos humanos caídos. (…)”.</h2>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhhPk1hd8zbCTtuuy2R4s00peplAZu8xyHTaboXCa76O7A9MJSW_WKrqiP6UP0hUQ6S8tR2GHwX99tpxgKv8X8Z0cbfe_QbVsjEYJFhtvkU2OflHei4s0iIVx_SPefBEfp_yg-6PRwRQA/s1600/Papa6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="475" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhhPk1hd8zbCTtuuy2R4s00peplAZu8xyHTaboXCa76O7A9MJSW_WKrqiP6UP0hUQ6S8tR2GHwX99tpxgKv8X8Z0cbfe_QbVsjEYJFhtvkU2OflHei4s0iIVx_SPefBEfp_yg-6PRwRQA/s640/Papa6.jpg" width="640" /></a></div>
 Lunes 22 de febrero de 2016 La visita del Papa Francisco demostró una vez más que el pueblo mexicano no es de ninguna manera apático ni resignado. Los cientos de miles de personas que hicieron largas filas, durmieron en plazas públicas y salieron a las calles para tener la oportunidad de escuchar, saludar y recibir las bendiciones del Sumo Pontífice, demostraron la increíble fuerza de voluntad y esperanza en un mejor futuro que tienen los mexicanos. Ningún político o líder social cuenta con una legitimidad social o capacidad de movilización similar. Enrique Peña Nieto y los narcogobernadores tienen que llevar miles de acarreados a todos sus eventos y jamás se atreven a mezclarse con el pueblo. Los oligarcas dueños de la economía nacional se mantienen atrincherados de manera permanente en sus casas multimillonarias en Las Lomas, Texas y Florida. Y la mayor parte de los líderes sociales y voceros de la “sociedad civil” se conforman con encabezar luchas marginales y sectarias que no logran generar mayor emoción o movilización entre las masas. La visita del señor Bergoglio también evidenció la enorme influencia del dinero y el poder en México. Telmex, Aeroméxico, Chrysler y Banorte, entre otras empresas monopólicas y depredadoras, ayudaron a financiar el viaje. Los Pinos, Miguel Ángel Mancera y los narcogobernadores garantizaron la seguridad del invitado, y de paso aprovecharon para ensayar reprobables estrategias fascistas de control social. Y Televisa y TV Azteca difundieron masivamente los mensajes del Papa, siempre utilizando el recorrido a su favor para subir el rating. Como gesto de agradecimiento y obediencia, el Papa jamás rompió con el guion del poder despótico mexicano. Nunca hizo referencia a los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa ni pidió justicia para los periodistas o los defensores de derechos humanos caídos. Tampoco exigió la liberación de las docenas de presos políticos en el país ni llamó a detener proyectos mineros o de “desarrollo” específicos por su impacto ambiental. El jerarca mencionó la corrupción, la violencia, la pobreza, la desigualdad y el narcotráfico, pero siempre fue muy cuidadoso en no vincular estos males con las políticas gubernamentales o la infiltración de las instituciones estatales por el crimen organizado. Francisco saludó de mano y compartió risas indignantes con Peña Nieto, Mancera, Javier Duarte, Roberto Borge, Manuel Velasco, Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Emilio Gamboa y numerosos niños VIP, hijos de políticos y empresarios priistas. Jamás acusó directamente a ninguno de ellos de ser “egoístas” por haber acumulado sus fortunas y su poder a expensas del pueblo trabajador. En contraste, un humilde adorador que quiso abrazar al Papa argentino en Michoacán se llevó un fuerte regaño personalizado de parte de quien se ostenta como representante de Dios en la tierra. Es totalmente falsa la afirmación de que como “jefe de Estado” el Papa no podría haber hecho más. Ninguna ley ni regla de la diplomacia obliga a los jefes de Estado, y menos a los que también son líderes religiosos, a limitar sus acciones a dar discursos filosóficos sobre principios generales o reunirse exclusivamente con los potentados. Francisco podría haber visitado personalmente el albergue Hermanos en el Camino, de Alejandro Solalinde; oficiado misa junto con el obispo Raúl Vera; o pasado a visitar la Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, para mencionar solamente algunas posibilidades. Había literalmente miles de oportunidades para que el Papa pudiera romper con el protocolo de la corrupción para demostrar materialmente que estaba del lado del pueblo. La buena noticia es que la combinación entre el incumplimiento del Papa con las altas expectativas del pueblo mexicano y el enorme fervor espiritual que levantó a su paso por el país, deja abierta una enorme oportunidad para canalizar la esperanza del pueblo mexicano hacia una transformación profunda de la nación. Nos toca a todos y a todas luchar para concretar materialmente y en vida la justicia y la paz prometidas por la Biblia y por casi todos los documentos sagrados y filosóficos del mundo. La esperanza pasiva fortalece la barbarie. Si esperamos sentados a que alguien más resuelva nuestros problemas, México nunca saldrá adelante. No tiene ningún sentido seguir insistiéndoles a las mismas instituciones corruptas de siempre, desde la PGR hasta el Vaticano, que “hagan su trabajo” y se comprometan con el pueblo. El poder nunca se traiciona a sí mismo. En contraste, la esperanza activa puede mover montañas. El incumplimiento del Papa debe ayudarnos a darnos cuenta de que somos dueños de nuestro propio destino. La salida se encuentra en la organización política, en el mejor sentido de la palabra, para poder acompañar a las masas desamparadas y excluidas en su urgente conquista del poder económico y gubernamental para ponerlo al servicio de toda la nación. <a href="http://www.johnackerman.blogspot.com/">www.johnackerman.blogspot.com</a> Twitter: @JohnMAckerman Publicado en Revista Proceso No. 2051

Pueblo esperanzado, Papa incumplidor | John M. Ackerman

“Como gesto de agradecimiento y obediencia, el Papa jamás rompió con el guion del poder despótico mexicano. Nunca hizo referencia a los 43 ...

Honrar la Constitución | John M. Ackerman

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“(…) En lugar de buscar vías para cancelar, matizar o suavizar el legado de la Revolución Mexicana y la vigencia de nuestra histórica Carta Magna, habría que construir caminos para finalmente hacer valer el enorme abanico de derechos que todos ya tenemos de acuerdo con la ley.”</h2>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUaazeDlPuk9dMfLarxF6D5TWNPMyAIybh5yaMTeBrBvLEUltTSof3vY4n_jtHqLlp9ppG8Hw-SIAJt9Dz-oIKZPxqSk4JjlpisG5lxaI8SopQWC2KXwsHBXJGEz7NLIjKIQflAEiPD6k/s1600/Zapata4-+-+copia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUaazeDlPuk9dMfLarxF6D5TWNPMyAIybh5yaMTeBrBvLEUltTSof3vY4n_jtHqLlp9ppG8Hw-SIAJt9Dz-oIKZPxqSk4JjlpisG5lxaI8SopQWC2KXwsHBXJGEz7NLIjKIQflAEiPD6k/s640/Zapata4-+-+copia.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto Original de César Nández</td></tr>
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 Lunes 8 de febrero de 2016 Los principios revolucionarios y de transformación social que conforman el eje vertebral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) siguen hoy más vigentes que nunca. Hoy a 99 años de su promulgación el 5 de febrero de 1917, México no necesita una nueva Constitución ni un “reordenamiento” del viejo texto, y mucho menos otras “reformas estructurales” neoliberales. En lugar de buscar vías para cancelar, matizar o suavizar el legado de la Revolución Mexicana y la vigencia de nuestra histórica Carta Magna, habría que construir caminos para finalmente hacer valer el enorme abanico de derechos que todos ya tenemos de acuerdo con la ley. “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”, reza la primera frase del artículo 123 de la Constitución. Cualquier persona que hoy se encuentra sin trabajo, o con un empleo que no lo dignifique como ser humano, se encuentra en franca violación del pacto nacional y social. La situación de las docenas de millones de desempleados y subempleados, así como de la multitud de personas quienes hoy laboran en el mercado informal o para grandes consorcios internacionales en condiciones deplorables, constituyen una abierta afrenta al Estado de derecho. “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”, señala el artículo cuarto de la Constitución. El mismo artículo garantiza que todos los mexicanos también tengan acceso a “la protección de la salud”, “un medio ambiente sano”, “el agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” y una “vivienda digna y decorosa”. ¿Usted, su familia, sus colegas y sus vecinos tienen satisfechas todas y cada una de estas necesidades básicas? Si es el caso, usted se encuentra entre las personas más privilegiadas del país, y además se mueve en un mundo enclaustrado, totalmente apartado de la vida cotidiana de la gran mayoría de sus compatriotas. Los derechos sociales más básicos de decenas de millones de personas son violados de manera flagrante todos los días y a todas horas en México. El nuevo informe de OXFAM internacional (disponible aquí: <a href="http://ow.ly/XTCJv">http://ow.ly/XTCJv</a>) ha demostrado que las 62 personas más ricas del mundo, entre las cuales se encuentra una media docena de mexicanos, ahora posean la misma riqueza que las 3.5 mil millones de personas más pobres del planeta. En un estudio anterior, OXFAM-México ya había revelado que los rendimientos financieros de la riqueza de los cuatro principales multimillonarios mexicanos les alcanzarían para contratar 3 millones de trabajadores mexicanos durante un año pagándoles el salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza (véase: <a href="http://ow.ly/XTEcj">http://ow.ly/XTEcj</a>). Los juristas que circunscriben las violaciones al Estado de derecho estrictamente al ámbito penal y público distorsionan la realidad y engañan a los ciudadanos. Si bien es cierto que el crimen organizado, el abuso de autoridad y la corrupción gubernamental son asuntos sumamente graves, solamente constituyen la mitad del problema. La privatización de los recursos y los servicios públicos, la destrucción del medio ambiente, la sobreexplotación de los trabajadores, así como la pobreza extrema en que se encuentra la mayor parte de los mexicanos también violan flagrantemente a la Carta Magna. En otros países, la naturaleza conservadora y estrictamente liberal de las constituciones correspondientes obliga a los juristas progresistas a elaborar teorías rebuscadas para demandar la intervención del Estado en la defensa y la tutela de los derechos sociales y económicos. Tal es el caso en los Estados Unidos y en la mayor parte de los países de Europa, por ejemplo, dónde los juristas de vanguardia muchas veces se ven obligados a recurrir al derecho natural o a los tratados internacionales para justificar su defensa del derecho más fundamental a una vida digna y sana. Pero en México tenemos la gran fortuna de contar con una Carta Magna surgida de una de las pocas revoluciones sociales exitosas del Siglo XX. Nuestro desarrollo jurídico se encuentra un paso adelante de los países supuestamente más “desarrollados”, muy a pesar de la ideología “malinchista” fomentada desde los aparatos ideológicos del Estado en la escuela, la iglesia y los medios de comunicación. En lugar de cercenar nuestra historia para emular a las naciones coloniales e imperiales del norte, el mejor camino es entonces partir de una valoración de los grandes logros históricos de la república y el pueblo mexicanos. Ello no implica, desde luego, caernos en una nostalgia triste de añoranza estéril para tiempos pasados. Al contrario, habría que inspirarnos en nuestra victoria histórica sobre el régimen despótico de Porfirio Díaz para actualizar las luchas de Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Francisco Villa y Lázaro Cárdenas en el México de hoy. Antes, el problema central fue la concentración del poder económico y político en manos de los latifundistas, los burócratas y la iglesia. Hoy, son los medios de comunicación, la clase política y el crimen organizado, dentro y fuera de las instituciones gubernamentales, quienes tienen postrado a la nación. Los adversarios son diferentes, pero la causa y el objetivo son los mismos. Tal y como ocurrió hace un siglo, la justicia, la democracia y la paz solamente serán posibles con la lucha constante del pueblo mexicano desde abajo en defensa de sus derechos y a favor de la vigencia de su Constitución republicana. <a href="http://www.johnackerman.blogspot.com/">www.johnackerman.blogspot.com</a> Twitter: @JohnMAckerman (Publicado en Revista Proceso No.2049)

Honrar la Constitución | John M. Ackerman

“(…) En lugar de buscar vías para cancelar, matizar o suavizar el legado de la Revolución Mexicana y la vigencia de nuestra histórica Carta...

Voceros del poder | John M. Ackerman

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“Andrea Legarreta y Raúl Araiza nos han hecho el gran favor de transparentar el enorme fraude de los medios de comunicación electrónicos en México. (…).”</h2>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkxSvRRE0gP6uUD7O-tu5bMDTNacISwKU_YxLMSm1Y3etw5ajBNEQpnUm7EZ3arGlXt0Dq_HEI9MmVRGZKfa8ToJterxbnD0OT5UsCy1T4b0Uh55z9xWtTwuGMluFC4ba89TRSqJzWGS8/s1600/Araiza+y+Lega.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="472" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkxSvRRE0gP6uUD7O-tu5bMDTNacISwKU_YxLMSm1Y3etw5ajBNEQpnUm7EZ3arGlXt0Dq_HEI9MmVRGZKfa8ToJterxbnD0OT5UsCy1T4b0Uh55z9xWtTwuGMluFC4ba89TRSqJzWGS8/s640/Araiza+y+Lega.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Fotos Internet</td></tr>
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 Martes 2 de febrero de 2016 
 Andrea Legarreta y Raúl Araiza nos han hecho el gran favor de transparentar el enorme fraude de los medios de comunicación electrónicos en México. Todos los días individuos sin talento, carisma, capacidad o conocimiento nos informan sobre el acontecer nacional desde las cámaras y los micrófonos de Televisa, Tv Azteca, MVS, Radio Fórmula y otros consorcios mediáticos. Muchos ya lo sabíamos, pero ahora queda perfectamente claro que estos conductores en realidad no conducen nada, sino que son simples voceros del poder. 
 Después de mentir a la audiencia de Televisa sobre la supuesta falta de impacto de la devaluación del peso en la economía popular, Legarreta aclaró vía Twitter que “en un programa de televisión los contenidos, menciones y secciones no los escribimos los conductores”. La periodista también señaló que ella y Araiza “sólo somos el medio para hacerle llegar al público lo que esos anunciantes quieren compartir”. 
 En otras palabras, gran parte del periodismo mexicano ha perdido toda capacidad de reflexión o análisis propio. Los informadores que vemos en la pantalla y escuchamos en la radio no son más que autómatas que se dedican a repetir como pericos un guión escrito por los políticos corruptos y los oligarcas saqueadores. Estos grupos de poder saben perfectamente bien que si los medios electrónicos se pusieran al servicio de la verdad y de los intereses generales, el pueblo se levantaría y expulsaría inmediatamente a los parásitos del poder. Carmen Aristegui perdió su empleo en MVS el año pasado precisamente porque se había atrevido a seguir los dictados del profesionalismo periodístico en la conducción de su programa radiofónico. 
 En lugar de aplicar exámenes punitivos a los dignos maestros de primaria y despedir a comunicadores independientes, haríamos bien en evaluar primero a los conductores de los programas de radio y televisión. ¿Carlos Loret de Mola aprobaría un examen sobre la historia de México? ¿Joaquín López Dóriga conoce los principios básicos de la economía? ¿Cuántos y cuáles libros ha leído Javier Alatorre en el último año? ¿Raúl Araiza tiene la capacidad de escribir un párrafo sin faltas de ortografía? 
 Los conductores que reprobaran el examen general de conocimientos diseñados por expertos en la materia tendrían que buscar otro empleo. Y los comunicadores que venden su palabra a los patrocinadores deberían ser separados inmediatamente de sus cargos. Todos los conductores tendrían que ser elegidos a partir de un riguroso proceso de selección y una amplia consulta a la sociedad. El espectro radioeléctrico pertenece a la nación y su utilización por empresas privadas debe estar sujeta a estrictos criterios de profesionalismo e independencia. 
 En general, el sector privado tendría que estar sujeto a los mismos estándares de transparencia y rendición de cuentas que el sector público, sobre todo cuando se trata de empresas que hacen uso de bienes públicos. ¿Quiénes y cuánto les pagaron a Legarreta y a Araiza para mentir a su audiencia? ¿Quiénes son los accionistas y cuáles son las relaciones políticas de la docena de empresas patito que fueron favorecidas con contratos millonarios durante la “ronda uno” de la privatización petrolera? El diccionario de la Real Academia Española define la palabra fraude como acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. México hoy sufre no solamente bajo los efectos de los constantes fraudes electorales, sino también a causa del permanente fraude mediático que violenta todos los días la verdad, la ética y la rectitud. 
 En este contexto, las universidades públicas tendrían que fungir como contrapesos claves. Como instituciones diseñadas para fomentar la cultura y el análisis, son sedes ideales para articular el pensamiento y la crítica social tan necesarios para salvarnos del naufragio nacional. Y los medios de comunicación universitarios tienen la función esencial de poner en acción este pensamiento crítico para compensar por la desinformación estructural de los medios privados. 
 Es por ello que sorprende y decepciona tanto la decisión del flamante rector de la UNAM, Enrique Graue, de invitar a un locutor de Televisa, Nicolás Alvarado, como nuevo director de Tv UNAM. Tal nombramiento envía una terrible señal de desprecio y desconfianza hacia la comunidad universitaria de la máxima casa de estudios. 
 La buena noticia es que el tamaño del miedo del sistema autoritario a la pluralidad informativa es exactamente proporcional a la debilidad del control real que tiene sobre las mentes y las almas de los mexicanos. Ignorando, matando y encintando la boca de los mensajeros no reducirá el descontento, sino solamente lo aumentará en un crescendo cada vez más presente y contundente. 
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Voceros del poder | John M. Ackerman

“Andrea Legarreta y Raúl Araiza nos han hecho el gran favor de transparentar el enorme fraude de los medios de comunicación electrónicos en...

Deber y conciencia | Javier Corral Jurado

“(…) . La ciudadanía no es un pasatiempo ni un oficio intrascendente; es una dimensión esencial de la personalidad humana, y por lo mismo no puede el hombre despojarse de ella y dejarla tirada y abandonada, porque se condenaría a sí mismo a no ser plenamente hombre. Esta es una verdad incuestionable.” 
 
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkuGYvrxVrZWLiIwL_ZmPH1MFoyCko5vKQ5ZIFvv4gkhSIlqKE0vGcaE0EOE8tYLNrrCG8B-XNgk73Gs4-KfsSSGmR-MNOM5sOy2E4wJp_hBpLjNtrJs-hYAGEeKsJjGWYLyb_gr1rRH0/s1600/31.08.15-Senado-JavierCorral_Bartlett-Refo+-+copia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="574" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkuGYvrxVrZWLiIwL_ZmPH1MFoyCko5vKQ5ZIFvv4gkhSIlqKE0vGcaE0EOE8tYLNrrCG8B-XNgk73Gs4-KfsSSGmR-MNOM5sOy2E4wJp_hBpLjNtrJs-hYAGEeKsJjGWYLyb_gr1rRH0/s640/31.08.15-Senado-JavierCorral_Bartlett-Refo+-+copia.jpg" width="640" /></a></div>
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Senador Javier Corral Jurado</div>
 
Domingo 31 de enero de 2016 
 
A muchos de los que están cerca de mi entorno político y de mi quehacer legislativo consta que, empeñado en trascender la esfera de los partidos, pero no prescindiendo de ellos, busqué afanosamente junto con otros líderes políticos y sociales construir un frente opositor entre las fuerzas democráticas de mi Estado, así como conseguir un candidato común, dentro o fuera de los partidos, y un programa de transformación que culminara en un gobierno de coalición. Aquí escribí varias veces sobre la necesidad de la Unidad Democrática de Chihuahua. En torno de ese objetivo y para conseguir la más amplia convergencia, varias veces me descarté como aspirante a la Gubernatura; subordiné cualquier interés personal a la causa que une a chihuahuenses de diferentes ideologías, partidos y credos. 
 
Particularmente estaba convencido de que una figura como la de Miguel Fernández Iturriza podía ser el vértice de esa convergencia, desde la derecha hasta la izquierda; se trata de un empresario que asumió el deber cívico en la lucha democrática de los ochenta, con experiencia política y visión social, trocadas todas esas cualidades en los últimos años en uno de los proyectos más integrales de desarrollo social y económico de la fronteriza ciudad Juárez, “Plan Estratégico”. Pero el diagnóstico de Miguel sobre la efectiva participación ciudadana en su propio rescate, linda casi en la decepción. No aceptó nuestro planteamiento. Otros intentos con varias insistencias culminaron igual. 
 
En la búsqueda se me regresó el balón a mi cancha. Varios liderazgos políticos y sociales, tanto de mi partido como de otras agrupaciones, me pidieron reconsiderar mi decisión de no buscar la gubernatura y fui claro en sostener que no volvería a competir en un proceso interno sin garantías de legalidad, imparcialidad y padrón efectivo de militantes. A los dirigentes de mi Partido les expresé con toda seguridad que nunca más participaría en un herradero interno, en el que además estaría metido hasta la cocina con varios de sus tentáculos dentro del propio PAN, el corrupto de César Duarte. Si el Partido aceptaba resguardarse del corruptor, escuchar la voz ciudadana y la auténtica opinión de sus militantes para reconocer la opción más competitiva, comuniqué que estaría dispuesto a participar. 
 
El 10 de enero, el consejo estatal de Acción Nacional en Chihuahua acordó el método extraordinario de designación de su candidato a Gobernador por una amplia mayoría de 72 votos a favor, 12 en contra y una abstención. La designación fue conferida a la Comisión Permanente del Consejo Nacional y ceñida a dos procesos de medición de los aspirantes, una encuesta estatal abierta a toda la ciudadanía y una consulta telefónica a los militantes, además de una valoración integral de esos resultados con otros elementos como trayectoria, perfil, programa y visión, manejo de instrumentos comunicacionales y oportunidad política. 
 
El miércoles 20 de enero reunidos en la Ciudad de México con el Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya, confirmamos nuestra participación en ese proceso María Teresa Ortuño, Carlos Angulo, Carlos Borruel, Juan Blanco, Jaime Beltrán del Río y un servidor. Todos estuvimos de acuerdo en la mecánica y tiempos del levantamiento de las encuestas, la empresa encuestadora y se recogieron todas las observaciones que se hicieron al cuestionario base. El ejercicio de medición se realizó del 23 al 25 de enero. Antes de que iniciara el levantamiento, el aspirante Beltrán del Río se retiró del proceso, renunció al Partido, acusó dedazo y acto seguido, se registró como precandidato del PRD. Acción Nacional se libraba en los hechos de uno de los tentáculos del gobernador. 
 
El miércoles 27 se llevaron a cabo las entrevistas para explicar las razones de cada uno de los aspirantes, los motivos de la participación y la oferta programática que de sentido a la búsqueda del voto. Pero la sesión del jueves 28 de enero en la que se tomaría la decisión de designar al candidato no se realizó por falta de quórum y se postergó para este próximo miércoles 3 de febrero. Durante esta semana se puso en marcha toda una campaña de distorsión, manipulación y falsificación informativa en varios medios de comunicación de Chihuahua sobre mi participación en el proceso y el resultado de los dos sondeos. Un medio aseguró conocer una carta de renuncia a la candidatura de mi parte dirigida a Anaya, ¡sin transcribir un sólo renglón! Vi publicada mi esquela en algunos otros pues afirmaron que había quedado “muy abajo” en la encuesta que, según fuese el medio, ganaba Carlos Borruel o Juan Blanco. Un inútil como absurdo juego de especulaciones. 
 
Las plumas pagadas del gobernador –en los espacios de nula credibilidad– difundieron toda clase de mentiras, con filtraciones interesadas y obviamente sesgadas, como si eso pudiera modificar los números de las encuestas e influir en la decisión final de los órganos del Partido. Si alguna certeza tiene el Partido a nivel nacional sobre Chihuahua, es el control que Duarte ejerce, por la vía del presupuesto público, de la mayoría de los medios de comunicación, por lo que han perdido buena parte de su otrora influencia. Hoy la gran diferencia son las redes sociales, termómetro indiscutible de los verdaderos humores ciudadanos. 
 
En su desesperación por influir en la decisión del PAN, el gobernador mandó a la palestra electoral a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado para decir que estaba impedido para ser candidato a Gobernador porque no pedí licencia en la fecha que César Duarte les impuso a todos los aspirantes priístas. Al alcalde de la capital, Javier Garfio, le hizo incluso declarar que su licencia ¡era sin retorno! Sin el más mínimo rubor, ni elemental respeto por la ética judicial, el magistrado Luis Villegas salió a agredirme en lo personal y a descalificarme “jurídicamente” como candidato. Obviamente tiene que agradecerle a Duarte, así sea en la genuflexión más penosa, ser magistrado sin mérito alguno. 
 
Pero todo ello da cuenta del miedo que circunda a la casa de gobierno estatal. Saben que si resulto candidato del PAN daré una batalla sin tregua y esta vez sí la puedo ganar. No sólo están dadas las condiciones para relevar al duartismo del poder estatal, saben que puede venir la justicia que Chihuahua reclama frente al saqueo y la impunidad que hasta ahora gozan. Conocen a la perfección el pulso ciudadano en las preferencias electorales y el extendido malestar entre la población, incluidos miembros de su propio Partido. 
 
Continúo por supuesto en el proceso y esperaré la decisión. A diferencia de mis compañeros aspirantes he dicho que la apoyaré sin reservas, cualquiera que ésta sea. Decidí someterme al ejercicio, me aseguré de los criterios objetivos, y no tengo más que aceptar el resultado. 
 
Si participo es por deber y conciencia; por el amor entrañable a mi tierra y la dignidad de su gente. Orgullo y esplendor hoy postrados por un tirano, vulgar ladrón. Ese es el anhelo y debiera ser el deber de todos y todas para poner fin a este desorden, a esta injusticia, a esta miseria, a esta depresión dolorosa; para construir un orden armonioso, justo, pacífico; un orden en plenitud de abundancia, de bienestar y conocimiento, de libertad y de alegría. 
 
Claro que no está fácil y sobrevendrá no sólo el tirano con sus peores mañas, sino una maquinaria que apuesta al final de toda campaña a comprar la voluntad, aprovechándose de las necesidades y carencias que ellos mismos mantienen, como mecanismo de su permanencia en el poder. 
 
Pero frente a la adversidad, habrá que reafirmar que nuestra opción es moral. Uno de los más preclaros pensadores del PAN; compañero de Gómez Morín en la obra fundacional, Efraín González Luna, da luz para este momento: “Hay una misión humana, indeclinable. Abandonarla es poner en peligro la dignidad, la integridad personal, la familia, la libertad, la justicia, la paz, el orden, el destino propio y el de los seres que más amamos, el de nuestra familia, el destino propio y el de la comunidad más amplia, plena, rica, fecunda, que es la patria. Hay una misión, hay un deber, que no puede renunciarse, porque si respecto de ellos nos hacemos disimulados; si permitimos que sean inmunemente violados, es lo mismo que si estuviéramos aceptando nuestra propia esclavitud y que por cobardía estuviéramos vendiendo lo que de más sagrado tenemos aquí y más allá. Me estoy refiriendo al deber político; me estoy refiriendo al bien común”. 
 
No es un hombre completo, en la plena acepción de la palabra, quien no sabe ser un ciudadano. La ciudadanía no es un adorno; no se es ciudadano en la forma secundaria y contingente como se puede ser miembro de un club deportivo o de una agrupación de aficionados de cualquier cosa. La ciudadanía no es un pasatiempo ni un oficio intrascendente; es una dimensión esencial de la personalidad humana, y por lo mismo no puede el hombre despojarse de ella y dejarla tirada y abandonada, porque se condenaría a sí mismo a no ser plenamente hombre. Esta es una verdad incuestionable. 
 
Otro clásico de la ética política, en sus dos vertientes, la de la convicción y la de la responsabilidad, Max Weber, nos recuerda que un político sin convicciones es, sencillamente un oportunista, un profesional de la manipulación y un vendedor de humo. Pero un político sin conciencia de su responsabilidad, perdido en su mundo neurótico de utopías irrealizables, conduce a la derrota segura. Ténganlo por cierto que ese no será nuestro caso.

Deber y conciencia | Javier Corral Jurado

“(…) . La ciudadanía no es un pasatiempo ni un oficio intrascendente; es una dimensión esencial de la personalidad humana, y por lo mismo n...

El cartel Priista | John M. Ackerman

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“(…) el caso de Moreira nos recuerda que es importante afinar y precisar nuestro diagnóstico y exigencias. El problema no es “el Estado” en sí, sino un sistema de corrupción y violencia estructural que está acabando con cualquier semblanza del interés público o general en el país.”</h2>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSvthBh1btnC5VYiVv8T9XzHI0Sn9sNETnowv3lnUas5LhVXELf40xd688DHW4mJyTBXndmnRKJ7rh9rs6_Gg38WePawVm77i8j9pW_87fNL8HWqWMd6mvyzy8FovLJdPv7Bvuc8Tcdmo/s1600/Moreira+Beltrones.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSvthBh1btnC5VYiVv8T9XzHI0Sn9sNETnowv3lnUas5LhVXELf40xd688DHW4mJyTBXndmnRKJ7rh9rs6_Gg38WePawVm77i8j9pW_87fNL8HWqWMd6mvyzy8FovLJdPv7Bvuc8Tcdmo/s640/Moreira+Beltrones.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Manlio Fabio Beltrones y Humberto Moreira, dos presidentes del PRI. Foto johnackerman.blogspot.com</td></tr>
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 Lunes 25 de enero de 2016 
 Humberto Moreira no es cualquier priista. Como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) coordinó la campaña de Enrique Peña Nieto para lograr la candidatura presidencial de ese partido en 2012. Moreira fue también gobernador, entre 2005 y 2011, de uno de los estados más profundamente priistas en la nación entera. 
 El PRI y sus antecesores han “gobernado” el estado “libre y soberano” de Coahuila de manera ininterrumpida desde hace 87 años. Como en los viejos tiempos, en Coahuila el partido de Estado sistemáticamente se impone con más de 60% de la votación en las elecciones y tiene un control absoluto sobre la política y la prensa local. 
 Moreira, Emilio Chuayfett, Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell son todos exgobernadores de estados que jamás han experimentado “alternancia” alguna desde la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929. El cártel de mandatarios feudales priistas que gobernó Coahuila, el Estado de México, Hidalgo y Quintana Roo, entre otros, asaltó Los Pinos con cañonazos millonarios en 2012. Los integrantes de este grupo son los responsables por la intolerable ola expansiva de violencia, corrupción, represión y privatización que ha ahogado al pueblo mexicano durante el sexenio actual. 
 El trato diferenciado que Peña Nieto ha dado a Moreira y a Kate del Castillo constituye un elocuente botón de muestra de las alianzas y las complicidades de las actuales autoridades federales. 
 El gobierno ha mantenido a Del Castillo bajo estricta vigilancia. Las autoridades sacaron fotografías clandestinas de la actriz, filtraron ilegalmente sus conversaciones con Joaquín "El Chapo" Guzmán y la llamaron a declarar ante la PGR. El secretario de Gobernación, Osorio Chong, incluso ha tenido el cinismo de señalar públicamente que “en la sociedad no cayó bien que (Del Castillo) estuviera tratando con alguien que ha lastimado a muchas familias”. 
 En contraste, las autoridades han mantenido un silencio sepulcral en el caso de las acusaciones en España en contra de Moreira por corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. En lugar de divulgar fotografías y mensajes, el gobierno de Peña Nieto ha presumido a los cuatro vientos que no existe investigación o seguimiento alguno al exgobernador priista. 
 Otros integrantes de la mafia de exgobernadores del PRI gozan de protección similar. Murillo Karam todavía no ha sido llamado a declarar por su indignante mentira histórica sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, otro estado controlado por el PRI desde hace 87 años, hoy despacha cómodamente como cónsul del gobierno mexicano en Barcelona. 
 El enorme sufrimiento de las familias mexicanas en la actualidad no es resultado de un señor llamado El Chapo, y mucho menos de una actriz de Hollywood, sino de procesos mucho más profundos y estructurales. Las instituciones del Estado mexicano se encuentran hoy al servicio de los peores intereses corruptos y criminales. Como el rey Salmán de Arabia Saudita, Peña Nieto abusa de manera dictatorial de su población y no permite oposición alguna a su régimen. 
 Todos los días nos enteramos de nuevos casos en que agentes estatales lastiman directamente a la sociedad mexicana. En Guerrero, por ejemplo, el nuevo gobierno priista de Héctor Astudillo nombró como su fiscal general a Xavier Olea, un oscuro personaje que como abogado litigante defendió tanto a Raúl Salinas de Gortari como a Arturo "El Negro" Durazo. Desde la llegada de Olea a su puesto, el pasado 11 de diciembre, Guerrero ha sufrido una epidemia de secuestros y asesinatos, incluyendo el plagio de cinco maestros de una escuela primaria en la comunidad de Santana del Águila. 
 Hace unos días, en Veracruz, cinco jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada con la muy probable complicidad de agentes de seguridad del Estado. Y en Colima el PRI robó una vez más la elección para gobernador, con lo cual consolidó su predominio ininterrumpido en la entidad durante 87 años desde 1929. 
 En 2014, la frase “Fue el Estado” constituyó una manera ingeniosa de resumir y articular el reclamo generalizado de una población harta del abuso de parte de autoridades que desaparecen estudiantes, privatizan recursos nacionales, pactan con el crimen organizado, destruyen el medio ambiente y roban a manos llenas. Todos juntos pudimos gritar esta consigna al lado de los estudiantes de Ayotzinapa en una expresión de utopía rebelde y universal. 
 Pero el caso de Moreira nos recuerda que es importante afinar y precisar nuestro diagnóstico y exigencias. El problema no es “el Estado” en sí, sino un sistema de corrupción y violencia estructural que está acabando con cualquier semblanza del interés público o general en el país. 
 El verdadero adversario no es entonces “la política” como un espacio de lucha social y humanitaria, y tampoco “los partidos” como organizaciones de articulación de acción política, sino el sistema de autoritarismo neoliberal priista en sus múltiples manifestaciones, que ha logrado engullir a sus otroras adversarios del PRD y del PAN. Ha llegado la hora de dignificar la política, articular la esperanza y conquistar el poder para el pueblo. <a href="http://www.johnackerman.blogspot.com/">www.johnackerman.blogspot.com</a> Twitter: @JohnMAckerman Publicado en Revista Proceso No. 2047

El cartel Priista | John M. Ackerman

“(…) el caso de Moreira nos recuerda que es importante afinar y precisar nuestro diagnóstico y exigencias. El problema no es “el Estado” en...

Indolencia cómplice | John M. Ackerman

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“(…) Todo parece indicar que el gobierno no quiso realmente capturar al narcotraficante, sino solamente hacer un espectáculo para fingir que estaba haciendo grandes esfuerzos frente a la presión internacional.”</h2>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6SO8_RVxDBK9DFAKxt-JqPFOj3o1hO03p5NzTUZja7XZdk0xnJUFC5r6aEQ5bQu486L0qzJOoyhf1kJBhQXbaTOkA5HAOHPgMlU0Fm6w2Xo9GAqAlnBE84fjDtiC5K0Uglc1lCZf2Z3A/s1600/Moreira.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6SO8_RVxDBK9DFAKxt-JqPFOj3o1hO03p5NzTUZja7XZdk0xnJUFC5r6aEQ5bQu486L0qzJOoyhf1kJBhQXbaTOkA5HAOHPgMlU0Fm6w2Xo9GAqAlnBE84fjDtiC5K0Uglc1lCZf2Z3A/s400/Moreira.jpg" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Enrique Peña Nieto y Humberto Moreira. Foto Archivo</td></tr>
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 Lunes 18 de enero de 2016 
 El vergonzoso espectáculo mediático alrededor de la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán confirma la poca seriedad del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto. La legitimidad no se construye liberando y recapturando a capos del narcotráfico, sino resolviendo los problemas de la gente y haciendo realidad las esperanzas del pueblo mexicano. 
 Es muy difícil creer que el video divulgado en Televisa por Carlos Loret de Mola del operativo Cisne Negro haya sido grabado en el momento del asalto a la casa de seguridad de Guzmán en Los Mochis. La forzada actuación de los militares y los cortes editados sugieren que la escena fue montada con posterioridad, siguiendo el ejemplo de la detención teatral de Florence Cassez, difundida por el mismo locutor televisivo hace unos años. 
 Pero independientemente de cómo se haya desarrollado en realidad, el operativo fue un total fracaso. Utilizando su típica estrategia subterránea, El Chapo logró escaparse fácilmente de sus perseguidores utilizando un hoyo ubicado entre dos espejos en un clóset, para después perderse en el sistema de drenaje pluvial de la ciudad sinaloense. De acuerdo con los reportajes, los marines mexicanos se tardaron hasta una hora y media en encontrar la palanca secreta que permitiría abrir el túnel de escape. 
 Tanto la procuradora general, Arely Gómez, como el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, han señalado que el gobierno tenía perfecto conocimiento del sistema de túneles subterráneos de El Chapo en Los Mochis. Sin embargo, por alguna extraña razón se les olvidó tapar esta evidente vía de escape durante el operativo. Todo parece indicar que el gobierno no quiso realmente capturar al narcotraficante, sino solamente hacer un espectáculo para fingir que estaba haciendo grandes esfuerzos frente a la presión internacional. 
 Lo mismo ya había ocurrido el pasado 16 de octubre en un rancho en el municipio de Cosalá, Sinaloa. Después de tener al narcotraficante totalmente cercado, las fuerzas federales misteriosamente lo dejaron escapar, supuestamente para no poner en riesgo las vidas de las mujeres y el niño que lo acompañaban. Tal motivo sería legítimo para no disparar en contra del delincuente, pero no cuadra como razón para simplemente abandonar su persecución. 
 En la entrevista publicada ayer (17/01/2016) en La Jornada, Osorio Chong afirma que nunca se le perdió la pista al narcotraficante desde que se escapó de El Altiplano, el pasado 11 de julio de 2015. La filtración tanto de los diálogos entre Kate del Castillo y El Chapo, como de las fotografías de la llegada de Sean Penn a México para su entrevista con el delincuente, sugieren la veracidad de tal afirmación. Gómez también ha señalado que la autoridad prácticamente estuvo presente durante la entrevista con la estrella de Hollywood en el Triángulo Dorado. 
 La eventual captura del capo el 8 de enero supuestamente ocurrió por accidente. Unas horas después del enésimo escape de El Chapo en Los Mochis, aparentemente tanto Enrique Peña Nieto como el narcotraficante vieron conveniente acabar con seis meses de simulaciones, para finalmente reingresar a Guzmán a El Altiplano. 
 La historia oficial es que la captura se dio cuando la Policía Federal detuvo un Ford Focus rojo con reporte de robo en las afueras de Los Mochis. Pero en lugar de someter, esposar y llevar a Guzmán directamente al Ministerio Público o a la cárcel, como indica la ley, las fuerzas federales lo acompañaron con las manos libres a un motel de paso en espera de futuras instrucciones. 
 Tanto Peña Nieto como Barack Obama inmediatamente celebraron esta extraña detención como ejemplo de la supuesta fortaleza de las instituciones mexicanas. El pueblo mexicano desconoce los términos reales de la negociación que haya ocurrido entre El Chapo, Peña Nieto y el gobierno de Estados Unidos. Pero a casi nadie nos convence este capítulo más reciente de las Chapoaventuras. 
 Amnistía Internacional tiene razón. En su informe presentado el pasado 13 de enero, Un trato de indolencia: la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México, este organismo internacional condena la incompetencia, inercia e indolencia del gobierno federal. Señala que Peña Nieto se ha preocupado más por dar respuestas políticas coyunturales y mediáticas que por resolver de fondo el grave problema de las 27mil 600 desapariciones en el país, la mitad ocurrida durante el sexenio actual. 
 Pero el caso de la detención en España por lavado de dinero del ex presidente del PRI responsable por la candidatura de Peña Nieto a la Presidencia de la República, Humberto Moreira, indica que muy probablemente el problema sea aún más profundo. Cada día queda más claro que la indolencia del gobierno federal con respecto del narcotráfico, la violencia, la corrupción y las desapariciones forzadas no se debe a su incapacidad, sino a su complicidad activa con los intereses más oscuros y podridos del país. 
 <a href="http://johnackerman.blogspot.com/">johnackerman.blogspot.com</a> Twitter: @JohnMAckerman

Indolencia cómplice | John M. Ackerman

“(…) Todo parece indicar que el gobierno no quiso realmente capturar al narcotraficante, sino solamente hacer un espectáculo para fingir qu...

Gisela y Nestora | John M. Ackerman

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“Tiene razón el New York Times. En su editorial del pasado 4 de enero el importante rotativo señaló que Peña Nieto ya no será recordado por sus supuestas ‘reformas estructurales’, sino por su fracaso en materia de derechos humanos y rendición de cuentas. (…).”</h2>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiovfxPLxJYq9AaOX0cPyr6lHiwMD0dknZ7VMI21OQOtLTLtZ9vF3ZVCS9xDuuZZvZGwRad-qMahBu-dn6RTvnePWREoFWgKre7HiIOIenw1qHT76Uh7u2E9Y7kPFZ9HR1QpN4mavQNZwU/s1600/NESTORA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiovfxPLxJYq9AaOX0cPyr6lHiwMD0dknZ7VMI21OQOtLTLtZ9vF3ZVCS9xDuuZZvZGwRad-qMahBu-dn6RTvnePWREoFWgKre7HiIOIenw1qHT76Uh7u2E9Y7kPFZ9HR1QpN4mavQNZwU/s640/NESTORA.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">La ejecución de Gisela Mota y el encarcelamiento de Nestora Salgado son los dos lados de una sola moneda. Ambas mujeres jóvenes se enfrentaron al narco-Estado con gran valentía y han sido víctimas de cobardes represalias desde el poder. Fotos JMA</td></tr>
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 Lunes 11 de enero de 2016 
 La ejecución de Gisela Mota y el encarcelamiento de Nestora Salgado son los dos lados de una sola moneda. Ambas mujeres jóvenes se enfrentaron al narco-Estado con gran valentía y han sido víctimas de cobardes represalias desde el poder. El régimen cada vez más despótico que se vive en México no tolera que nadie ponga en cuestión su “mando único” sobre la violencia armada y el flujo de los recursos financieros y naturales. 
 Antes, con el “viejo” PRI, la ley y las instituciones imponían ciertos límites mínimos al ejercicio del poder. Siempre fue una mentira que el partido del Estado fuera realmente “institucional”; sin embargo, había por lo menos un esfuerzo por aparentar que ello era realidad. Hoy el sistema ni siquiera se preocupa por disimular su supuesta institucionalidad, sino que hace gala del ejercicio desnudo de la fuerza bruta. 
 En la actualidad, ni la ley ni las instituciones constituyen obstáculos para la expansión del poder del narco-Estado mexicano. Gisela Mota, de 33 años, era una joven decidida a combatir desde las instituciones a la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico en su municipio. Había servido como diputada federal entre 2012 y 2015, y el 1 de enero de 2016 tomó posesión de la presidencia municipal de Temixco. 
 De acuerdo con el padre de Gisela, la presidenta municipal rechazó la protección policiaca especializada porque no confiaba en la fuerza pública. “¿Usted se sentiría seguro con una patrulla atrás?”, preguntó el señor Gabino Mota al periodista Arturo Cano, de La Jornada. Desde luego que no, sería la respuesta de cualquier ciudadano que conociera un poco el comportamiento de las fuerzas policiacas del país. 
 
 Y efectivamente los primeros reportes sobre los posibles responsables del asesinato han indicado que probablemente participó en el ataque un agente de la Policía Judicial del estado de Guerrero. Asimismo, las primeras detenciones de los criminales no se realizaron gracias a la astucia de la fuerza pública, sino debido a la increíble valentía del padre y el hermano de Gisela, quienes se subieron a su auto para perseguir en caliente a los delincuentes inmediatamente después del artero asesinato de su familiar. 
 El caso de Nestora Salgado es parecido. En lugar de esperar a que los policías y los políticos corruptos resolvieran el problema de la inseguridad con el que ellos mismos lucran, Nestora decidió participar en la Policía Comunitaria de su pueblo de Olinalá, Guerrero. Ello no constituye ataque alguno a la institucionalidad pública, ya que los usos y costumbres de los pueblos indígenas en materia de seguridad están avalados por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. 
 Nestora relata que los problemas empezaron cuando la Policía Comunitaria a su cargo decidió indagar más allá de los crímenes comunes para también seguir la pista de políticos y empresarios corruptos de la localidad. Los comunitarios detuvieron a un comerciante de carne clandestina, investigaban los posibles nexos de la administración municipal de Olinalá a cargo de Eusebio González con el narcotráfico, e incluso tuvieron la osadía de encarcelar al síndico Armando Patrón Jiménez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos personas en el poblado de Huamuxtitlán. 
 Fue en ese momento cuando inició el contraataque desde el narcopoder, estatal y federal, que llevó al encarcelamiento injusto de Salgado como uno de los presos políticos más importantes de este régimen. Se le acusa de “secuestrar” a un grupo de mujeres detenidas por la Policía Comunitaria, pero hasta la fecha no se ha presentado a declarar ninguna de las presuntas víctimas de los delitos que le imputan a Salgado. 
 Tiene razón el New York Times. En su editorial del pasado 4 de enero el importante rotativo señaló que Peña Nieto ya no será recordado por sus supuestas “reformas estructurales”, sino por su fracaso en materia de derechos humanos y rendición de cuentas. Al parecer, el actual ocupante de Los Pinos ha perdido el respaldo incluso de sus más fieles patrocinadores estadunidenses. Simultáneamente, la incontrolable devaluación del peso y la histórica caída en el precio del petróleo han dejado al gobierno en una situación de enorme debilidad. 
 Ello quizás explica por qué el jefe del Ejecutivo ha estado tan ausente. Frente al colapso de legitimidad nacional e internacional, Peña Nieto aparentemente ha decidido tirar la toalla, dejando la operación del Estado en manos de personajes aún más oscuros e ineptos que él, como Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Ñuño, José Antonio Meade y Luis Videgaray. 
 En 2016, los ciudadanos tenemos la gran oportunidad de llenar el creciente vacío de poder con nuevas iniciativas y alianzas. El desbordamiento del cinismo del narco-Estado va generando excelentes condiciones para la construcción desde abajo de una nueva política ciudadana de transformación nacional. 
 <a href="http://www.johnackerman.blogspot.com/">www.johnackerman.blogspot.com</a> Twitter: @JohnMAckerman Publicado en Revista Proceso No. 2045

Gisela y Nestora | John M. Ackerman

“Tiene razón el New York Times. En su editorial del pasado 4 de enero el importante rotativo señaló que Peña Nieto ya no será recordado por...

Libertad de expresión, de la ley a la realidad | Javier Corral Jurado

“En el arranque de un año más en el calendario de la batalla cívica y política, es la ocasión para recordar que nunca la libertad se conquista para siempre si no se le defiende de manera permanente. Norberto Bobbio dijo que ‘la Libertad es antigua pero sus problemas son siempre nuevos, renovándose continuamente como respuesta a las siempre nuevas formas de opresión que aparecen en el horizonte de la historia’.” 
 
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Senador Javier Corral Jurado</div>
 
Domingo 10 de enero de 2016  
 
Invitado por la Federación de Estudiantes Universitarios para presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la segunda época de “Arenga”, una revista que busca formar y conmover la conciencia estudiantil, afirmé que entre las acechanzas autoritarias que más ponen en peligro nuestras libertades políticas y a la que más preocupación y atención debiéramos poner -por ser piedra angular del sistema democrático-, es la vulneración en la que se encuentra la libertad de expresión desde distintos ámbitos del poder público. Pero sucede que nos acostumbramos a la censura, al control de medios, al manejo interesado de la información. Nos estamos inmovilizando socialmente en el terreno de los hechos porque creemos que con las redes sociales tenemos ya, que éstas nos permiten cumplir esa defensa de nuestra libertad eje, que es la de expresión, que con ello cumplimos el deber de denuncia; pero nunca un “like” o un “post” podrá sustituir la presencia en la calle para alzar la voz de la protesta. Me preocupa que muy pronto los casos de censura pasen al olvido. Que la memoria sea tan corta en asuntos que nos conmocionaron cuando sucedieron, que no extrañemos con la exigencia, los espacios críticos que fueron liquidados por el autoritarismo. Es la paradoja del engaño mayor que vive México, anuncia al mundo reformas, avances y libertades conquistadas en la letra de las leyes, pero en la realidad vivimos la pifia, el fiasco, la mentira institucionalizada. Sucede así con la libertad de expresión, de la que puedo afirmar está consagrada en la Constitución General de la República de manera más completa; aún falta el reconocimiento de algunos derechos concomitantes, como el de los comunicadores, para poder afirmar que estamos homologados con los mejores países del mundo democrático; pero quizá sea ese el único eslabón más importante que nos impide declarar la batalla -en el campo constitucional-, como ganada. 
 
La evolución de la garantía constitucional de este derecho esencial, su actualización y desarrollo reglamentario fue muy lenta. Durante 150 años la definición esencial de libertad de expresión permaneció intacta, casi idénticos los términos en los que la concibieron los constituyentes de 1857 y de 1917. Pasó mucho tiempo para que nuestro país actualizara el sexto constitucional, lo que aconteció en 1977, al incorporar la obligación del Estado de garantizar “el derecho a la información”, consubstancial a la libertad de expresión. Otras reformas constitucionales incorporaron en 2007 principios generales del acceso a la información pública, y la tutela del derecho de réplica, todo en el artículo sexto. Pero fue la más reciente reforma a nuestra carta magna en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (2011) la que amplió de manera afortunada la redacción de ese mismo artículo e incorporó conceptos y derechos fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión y la democratización de los medios de comunicación. La misma definición de libertad de expresión tiene una concepción más completa, integral, de lo que el ejercicio de este derecho comprende: La libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. La fuente principal de este ensanchamiento constitucional fue el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
Las bases constitucionales son muy buenas, me atrevería a decir que envidiables para más de un centenar de países de los casi doscientos que tienen Constitución. La distancia entre nuestra máxima norma y las leyes secundarias que pretenden posibilitarla, es también referencial de una hipocresía reformadora capaz de competir por el primer lugar en el mundo sobre las formas en que se puede burlar un mandato constitucional. Las legislaciones secundarias que se han originado en ésta última década, cuyo propósito presumiblemente ha sido la de reglamentar varios de los principios constitucionales relativos a la libertad de expresión, han quedado a expensas de las conveniencias coyunturales de los partidos, de los humores político-electorales de las campañas, de los intereses mercantiles de los grandes consorcios comunicacionales, de las presiones de los más ricos del país, de los fines de control estatal sobre la información, y de una combinación de todos ellos dentro de la oligarquía político-empresarial que gobierna al país. La ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión traicionó los principales objetivos de la Constitución en torno de libertad de expresión e información: La competencia efectiva en los medios electrónicos de comunicación, los derechos de las audiencias, la democratización de los medios públicos, la pluralidad y diversidad de contenidos. La ley del derecho de réplica terminó en uno de súplica, al contentillo del duopolio de la televisión para no ver afectada su programación comercial. Las leyes de acceso a la información, la general y parece que camina por donde mismo la federal, tienen excepciones inadmisibles del derecho a buscar, a saber, a recibir, ni más ni menos que varios de los insumos que nos permiten difundir y expresar ideas y opiniones. Los partidos políticos y las cámaras del Congreso son las ínsulas de una excepción vergonzosa, una opacidad inadmisible. 
 
De la Constitución a la ley hay mucho trecho en materia de libertad de expresión, y de la ley a la realidad una tragedia: La libertad de expresión está en venta en la mayoría de los casos, el presupuesto público de la federación y los estados es el principal fondo comprador de silencios y aplausos al poder en turno. Los conglomerados de anunciantes privados también delinean la jerarquía y el enfoque de ciertas noticias. Son pocas, realmente muy pocas las excepciones dentro del sistema tradicional de los medios masivos, prensa, radio y televisión. Carretadas de dinero se trasladan para lograr la uniformidad, la distracción de los asuntos más importantes de la Nación y el ocultamiento de corruptelas y asesinatos. El país se ha enterado en los tiempos recientes, principalmente, por la acción de los medios internacionales de los más grandes escándalos de corrupción política como de ejecuciones extrajudiciales del Ejército y de las policías federal y locales. Es cierto que hay medios nacionales que retoman esos asuntos, pero rápidamente la acción estatal sofoca, desvanece y entierra para el olvido el seguimiento de denuncias delicadísimas. Internet y las hijas de su libertad, las redes sociales, constituyen la principal plataforma de difusión de contenidos que más contribuye al ejercicio de la libertad de expresión e información, y el acicate frente a la censura y el silenciamiento por su también carácter libertario, pues todo lo escruta y todo lo ventila. Pero cuidado con la magnificación si de la libertad de información hablamos; no es con mucho el medio masivo, sobre internet recae también otro tipo de secuestro, el de las tarifas de las empresas telefónicas. 
 
El medio por el que se entera el grueso de la población sigue siendo la televisión, y conservará por buen tiempo más su carácter duopólico, no obstante que ingrese al mercado una tercera cadena, debido a las canonjías y disimulos que obtuvieron las dos principales televisoras en la ley reglamentaria. Los dos principales instrumentos de control informativo y de censura a la libertad de expresión son, por un lado esa concentración de frecuencias del espectro radioeléctrico -que en radio tiene el carácter oligopólico-, y los cuantiosos recursos públicos que el Estado destina a aceitar la relación medios-poder. Si a la libertad de expresión nos referimos, hay que hablar siempre del campo de la realidad. De la pudrición que envuelve el momento actual de México, donde la cifra de periodistas asesinados en la última década es una de las más altas en el mundo. Donde continúa la acción represora del poder a los espacios críticos, que pasa del golpe al Excélsior de Julio Scherer, por el puñetazo a Carmen Aristegui. Y este es el quid de la cuestión, la valoración de la práctica, del respeto a su ejercicio y promoción en el conjunto de la sociedad a través de los medios de comunicación, como los principales cauces del debate, la discusión plural, la libertad de opinar, y sobre todo, de criticar y contrapesar al poder. Y ahí, la regresión que vivimos es brutal, como en ninguna época están lanzados los desafíos, amenazas, controles y cooptaciones más cínicas a la libertad de expresión. 
 
En el arranque de un año más en el calendario de la batalla cívica y política, es la ocasión para recordar que nunca la libertad se conquista para siempre si no se le defiende de manera permanente. Norberto Bobbio dijo que “la Libertad es antigua pero sus problemas son siempre nuevos, renovándose continuamente como respuesta a las siempre nuevas formas de opresión que aparecen en el horizonte de la historia”.

Libertad de expresión, de la ley a la realidad | Javier Corral Jurado

“En el arranque de un año más en el calendario de la batalla cívica y política, es la ocasión para recordar que nunca la libertad se conqui...

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