Jueves 14 de agosto de 2025
Toluca, Edomex. La
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), abrió una
investigación para determinar si hubo omisiones por parte de servidores
públicos en el caso de Fernando, un niño de cinco años que fue asesinado en el
municipio de Los Reyes La Paz, presuntamente en represalia por una deuda de mil
pesos.
La indagatoria se centrará en el actuar de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México (FGJEM), luego de que la madre del
menor solicitó apoyo sin obtener respuesta inmediata, en dos ministerios
públicos.
El cuerpo del niño fue localizado el 4 de agosto en el
interior de una vivienda en la colonia Valle de los Reyes. Había sido retenido
contra su voluntad por tres personas -dos mujeres y un hombre- que exigían el
pago de un adeudo.
La madre del menor acudió al menos en tres ocasiones a
denunciar la situación ante el DIF municipal y agencias del Ministerio Público,
pero fue hasta la cuarta visita, el mismo día en que se halló el cadáver, que
se formalizó la denuncia y se permitió la intervención de las autoridades.
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El cuerpo de Fernando estaba oculto dentro del domicilio de
los agresores, presentaba signos de maltrato y desnutrición, y la causa de
muerte fue una fractura craneoencefálica, provocada por un objeto contundente.
Los detenidos fueron vinculados a proceso por el delito de
desaparición forzada y se encuentran en prisión preventiva.
Ante estos hechos, la presidenta de la Codhem, Myrna García
Morón, subrayó que las instituciones públicas tienen una obligación reforzada
para proteger los derechos de la infancia, y señaló que la falta de acción ante
la denuncia representa una posible violación a los derechos humanos.
“Si tú tienes a un niño que no es tuyo y lo estás reteniendo
a cambio de una deuda, eso ya constituye una privación ilegal de la libertad
con exigencia económica, es decir, un delito. Y si hay denuncia, la autoridad
debe intervenir de manera inmediata”, declaró.
García Morón, explicó que la investigación revisará si la
Fiscalía y otras autoridades actuaron con debida diligencia.
Recalcó que no basta con recibir una denuncia, sino que se
debe responder de forma oportuna, adecuada y proporcional al riesgo que
enfrenta una persona menor de edad.
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“Este ejercicio de falta de diligencia en la atención no es
una excepción. Se ha vuelto un patrón. Las razones no nos corresponden, pero
los efectos sí, porque las víctimas llegan a nosotros. Y en este caso, lo que
debió prevenirse, terminó en la pérdida de una vida”, señaló.
También advirtió que la responsabilidad no recae sólo en los
padres. Al haber firmado tratados internacionales como la Convención sobre los
Derechos del Niño, el Estado mexicano asumió el deber de garantizar, respetar,
proteger y promover los derechos de la infancia.
“La Constitución dice que toda autoridad, en cualquier
ámbito, tiene la obligación de actuar. Si no se hizo lo necesario, si no se
intervino cuando se debía, entonces esa omisión debe investigarse”, afirmó.
La Codhem, precisó que, si bien no tiene facultades penales,
sí puede emitir recomendaciones formales cuando se identifiquen fallas
institucionales en la protección de derechos.
Cabe destacar que el caso también será revisado por el
órgano interno de control de la Fiscalía y su área de servidores públicos. (Con
información de Capital Media). ©
Ra