De acuerdo con el legislador, los denunciantes habrían tenido que acudir a Palacio Nacional para exponer el presunto esquema de extorsión, en el que se habrían solicitado cantidades de entre 500 mil y 800 mil pesos a concesionarios de gasolineras y verificentros | NOTA INFORMATIVA
Por Ana Valeria Castro
Red-acciones | martes 11 de agosto de 2026
Toluca, Edomex,
(Lacallelibre).- El diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, llamó a
ampliar las investigaciones por los presuntos casos de extorsión en
verificentros y a revisar otras áreas estratégicas de la administración estatal
para detectar posibles actos de corrupción.
En entrevista, el legislador consideró “terrible” lo
que se ha conocido sobre dos servidores públicos presuntamente involucrados en
actos de extorsión contra concesionarios de verificentros y gasolineras, y
sostuvo que las investigaciones no deben limitarse a los funcionarios
directamente señalados.
Martínez Vargas afirmó que se debe conocer quiénes recomendaron
o nombraron a los servidores públicos involucrados y determinar si existe una
red de corrupción con funcionarios de mayor o menor rango.
“Se tiene que conocer quiénes los sugirieron, quiénes
los nombraron”, planteó el morenista, al señalar que cualquier persona
involucrada debe ser investigada y, en caso de acreditarse responsabilidades,
sancionada conforme a la ley.
Recordó que la extorsión cometida por servidores
públicos contempla penas de hasta 25 años de prisión, por lo que consideró
necesario que las autoridades profundicen en las investigaciones y no se
detengan únicamente en los dos casos que han trascendido públicamente.
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| Los dos servidores públicos detenidos. |
Asimismo, señaló que ya son dos los casos que han
llamado la atención dentro de la administración estatal: uno relacionado con la
Secretaría de Educación y el más reciente vinculado con la Secretaría de Medio
Ambiente, lo que considera preocupante y obliga a fortalecer las acciones de
vigilancia y control dentro del gobierno estatal.
También cuestionó la actuación
de instancias como la Contraloría estatal, el Órgano Superior de
Fiscalización y la Fiscalía estatal, al señalar que
algunos de los hechos denunciados presuntamente ya habían sido reportados con
anterioridad.
De acuerdo con el legislador, los denunciantes habrían
tenido que acudir a Palacio Nacional para exponer el presunto esquema de
extorsión, en el que se habrían solicitado cantidades de entre 500 mil y 800
mil pesos a concesionarios de gasolineras y verificentros.
Ante ello, consideró necesario que la procuración de
justicia en la entidad sea más puntual y diligente en la atención de las
denuncias. “No hay espacio en el gobierno de la maestra Delfina, en el gobierno
del Estado, para ningún tipo de corrupción”, afirmó, al insistir en que los
hechos deben investigarse y que las responsabilidades deben determinarse con
apego a la legalidad.
El congresista planteó además realizar una revisión de
otras áreas estratégicas de la administración estatal para identificar posibles
irregularidades. Como ejemplo, mencionó la Secretaría de Desarrollo Urbano,
donde aseguró que una parte importante del personal proviene de
administraciones anteriores y ocupa posiciones relacionadas con permisos, licencias
y verificaciones.
Por ello, consideró necesario revisar el desempeño de
quienes permanecen en estas áreas y determinar si existen indicios de
corrupción. De igual manera, señaló que, aunque existen servidores públicos con
un desempeño adecuado, también hay funcionarios cuya permanencia debe ser
evaluada.
Ante la primera mitad de la administración de Delfina
Gómez, propuso realizar una revisión “seria y minuciosa” que incluya a
secretarios, subsecretarios, directores y jefes de departamento provenientes de
gobiernos anteriores. La revisión, sostuvo, permitiría determinar qué cambios
son necesarios para fortalecer la administración estatal y evitar que prácticas
de gobiernos anteriores se mantengan dentro de las estructuras actuales.
En este tenor sostuvo que el combate a la corrupción
debe aplicarse independientemente del nivel jerárquico o filiación política de
los funcionarios involucrados, bajo el principio de que se debe investigar y
sancionar “sea quien sea y caiga quien caiga”. ©
ra


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